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Empresas cuestionan medida sobre pasajes gratuitos a personas con discapacidad


Los responsables y gerentes de las firmas, aseguran que no pueden afrontar estos costos, situación que se agrava, dado que el Gobierno Nacional adeuda por este rubro unos 30 mil millones de pesos, existiendo dos fallos favorables contra el Estado-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, en el día de la fecha hemos solicitado sendos pedidos de informes, tanto al Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Maximiliano Patti y al Delegado Regional en Formosa, Alejandro Piñeiro, a fin de que ilustren si se incrementarán los controles sobre las empresas de transporte ante las negativas de otorgar pasajes gratuitos para personas con discapacidad, específicamente en lo que respecta a las firmas que prestan sus servicios desde Formosa hacia otros puntos del País y cuáles serán, las sanciones, apercibimientos y/o metodología para que las personas interesadas reciban en tiempo y forma el beneficio que por ley les corresponde. Esto dentro del contexto en que, si bien el derecho a los pasajes gratuitos sigue vigente, las empresas aseguran que ya no pueden afrontar ese costo, por lo que, la medida es cuestionada por empresarios del sector, que advierten que el sistema ya arrastra una situación económica delicada. En este sentido, Mauricio Badaloni, empresario integrante de la Unión Industrial Argentina (UIA), aseguró que la decisión puede generar una crisis financiera en varias compañías, postura a la que se sumó el Presidente de la (CELADI) Cámara Empresaria de Larga Distancia, Daniel Russo. Calificaron de "limbo jurídico" la decisión del Gobierno Nacional de eliminar subsidios a pasajes de discapacidad, dado que la citada origina un grave marco de inseguridad jurídica, remarcando la contradicción oficial de mantener la obligatoriedad del servicio para los privados mientras el Estado se desentiende de su financiamiento: "Nosotros seguimos afectados a la obligatoriedad, pero ellos dejan de tener la obligación de pagarlo. La verdad que es una cosa de locos". El transporte de larga distancia a nivel nacional no tiene ningún tipo de subsidio. Por otro lado, la mora en los pagos derivó en una fuerte judicialización que ya cuenta con dos fallos favorables de la Justicia federal hacia los transportistas. Lo que más nos molesta es que se rompa una ecuación económica y que tengamos que dar explicaciones en algo tan sensible como es la discapacidad. Las gratuidades no las inventamos nosotros, son obligaciones anexas que va generando el Estado Nacional y después tiene que ver los métodos de compensación.

Un ajuste que lleva dos años: Gialluca afirmó que, los pasajes son una etapa más del intenso recorte que el Gobierno de Javier Milei lleva adelante en discapacidad. Entre 2023 y 2025, los fondos destinados a la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cayeron 18,2% en términos reales, y los montos asignados a las pensiones por invalidez perdieron un 17,7% de su valor. El Gobierno impulsó auditorías sobre más de un millón de beneficios y anunció la baja de alrededor de 200.000 pensiones por supuestas irregularidades. Sin embargo, el propio Ejecutivo reconoció en su informe de gestión del 29 de abril que casi el 99% de las bajas en pensiones ocurridas entre 2024 y 2025 -110.454 de las 112.136- se debieron a inconsistencias en los datos de domicilio de los beneficiarios, no a falsificaciones médicas ni otro tipo de fraude. El Estado, además, acumula una deuda con prestadores de Incluir Salud cercana a los 70.000 millones de pesos desde noviembre de 2025, lo que ha generado reclamos de acompañantes terapéuticos, hogares, centros de día y transportistas en todo el país. En los últimos meses, se envió al Congreso un nuevo proyecto denominado «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que propone modificaciones sustanciales a la legislación vigente y plantea restricciones adicionales para acceder a los beneficios estatales. Desde las Defensorías del Pueblo de todo el País, junto a Fundaciones, Asociaciones de Personas con Discapacidad, se exige el cumplimiento de la ley de emergencia, que lleva más de un año aprobada sin aplicación. El Delegado de la CNRT Formosa, ha señalado que la gratuidad continúa con normalidad, por lo que, el Ombudsman Provincial, sugirió a los interesados que ante cualquier inconveniente, se contacten a nuestros correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar o números telefónicos 0370 4436379 – 4436320 – 0800 444 1770 y advirtió que, de ahora en adelante, las personas afectadas podrán promover acciones de amparo de forma individual y colectiva o incluso denuncias penales por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En paralelo, cualquier ciudadano podría solicitar a la Cámara de Diputados la promoción de un juicio político contra el Presidente de la Nación por mal desempeño y la comisión de delitos en ejercicio del cargo, postura que sostuvo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.