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Solicitan a la Justicia Federal ordene se libere de diferentes cortes a la RN 81


Titulares de vehículos particulares, transportistas de cargas, de pasajeros, ambulancias, camiones de valores, docentes, alumnos y ciudadanos en general, que precisan por diversos motivos y poseen el legítimo derecho a la utilización libre de la Ruta Nacional Nº 81, concretaron una presentación por ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, solicitando, “la liberación de esta traza, a la altura de la Comunidad de Bartolomé de las Casas, frente a la EPEP Nº 400 KM 1348 (primer corte), en cercanías del acceso principal a la misma, donde se encuentra ubicado un semáforo (segundo corte) y también en la Comunidad Originaria Juan Bautista Alberdi en el Km 1404 a escasa distancia de Estanislao del Campo (tercer corte)”. Ante ello, el día sábado 25 del corriente mes y año, se presentó una Formal Petición al Titular Comandante Principal Horacio Javier Aliaga del Escuadrón XV “Bajo Paraguay” de Gendarmería Nacional, a fin que adopte las medidas urgentes y necesarias dentro de su competencia para la liberación total de esta traza nacional. Sin haberse recepcionado respuesta alguna, el día domingo 26 se interpuso una Denuncia Penal ante la Fiscal Federal en turno, Dra. Elena Marisa Vázquez, “toda vez que los Autores Materiales e Intelectuales de los hechos delictivos en curso proseguían con la interrupción total de la RN 81, agravándose la situación, frente a la inexistencia de caminos alternativos y encontrándose las banquinas en estado intransitable por las lluvias caídas en días anteriores”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, este lunes, -Ampliamos Denuncia- ante la Fiscal Actuante y se procedió a individualizar a los Responsables de los cortes, solicitándose a la Justicia Federal, Cite a los mismos a prestar Declaración Indagatoria en base a los establecido en el Art. 194 del Código Penal y por violaciones a lo prescripto en el Art. 14 de la Constitución Nacional, entre otros,  habiéndose recepcionado, además, una Denuncia del Ciudadano Victorica Carlos Fidel, “en la cual, dejó constancia que Sanchez Cesar, Graciela Moratalla y Hugo Barchet, son los que se atribuyen la representación de las Comunidades Originarias, solicitando en su nombre, alimentos no perecederos, colchones, ropas, chapas, todos elementos estos que ya fueron entregados, oportunamente por las Áreas Competentes del Gobierno Provincial, a todos aquellos que realmente los necesitan y que abusando de las necesidades de las mismas, respaldados por Gendarmería Nacional, estas personas estarían llevando adelante, las medidas de fuerza por instrucciones del Senador Nacional Paoltroni Francisco y el Diputado Nacional Atilio Basualdo, dejando constancia que los responsables antes mencionados no fueron nunca afectados por las lluvias que sí perjudicaron a otras familias originarias”. SIC. El Funcionario Provincial, ratificó que, estamos abiertos para canalizar cualquier acción y/o gestión que permita el libre tránsito por la RN 81 y adelantó que estos antecedentes serán remitidos a la actual Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y al Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, para su conocimiento y consideración, teniendo en cuenta que, en los últimos tiempos, mediante la implementación de la Resolución Nº 943/23 conocida como -Protocolo Antipiquetes-, el Gobierno Nacional sistemáticamente ha utilizado las fuerzas de seguridad nacionales (Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria), en operativos represivos, con ataques a personas con discapacidad, estudiantes, trabajadores, jubilados, pensionados, prensa, quienes han sufrido hasta el uso de armas de fuego, como fue el caso de Pablo Grillo, produciéndose detenciones arbitrarias en contexto de protestas sociales y donde el Poder Judicial no viene cumpliendo con investigaciones adecuadas y exhaustivas frente a la afectación de derechos reconocidos legalmente y que integran los principios republicanos constitutivos de nuestra Institucionalidad, lo que le ha valido a la Argentina, ser denunciada durante los primeros meses de 2026, por Organismos Internacionales y ONGs ante el uso excesivo de la fuerza y la represión de la protesta social, por la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, quienes han señalado un deterioro institucional y un fuerte retroceso en derechos humanos en nuestro país.