Afirman que bajar la edad de punibilidad no baja el delito
Gialluca señaló que, el Gobierno Nacional se está equivocando en la estrategia y en la oportunidad, porque la inseguridad no se va resolver con ninguna ley penal y aclaró que no estamos en contra de cambiar la Ley 22.278 del Régimen Penal de la Minoridad, bajo ciertas condiciones-
A raÃz del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional sobre el Régimen Penal Juvenil, analizamos algunos argumentos, fundamentos, mitos que se han instalado en torno a la inseguridad y las niñeces. AsÃ, * El delito cometido por niñas/os y adolescentes viene creciendo y hoy es uno de los principales problemas de inseguridad en argentina. Este fundamento es falso, ya que se encuentra cruzado por una lectura arbitraria de las estadÃsticas. El proyecto de ley enviado al Congreso toma como punto de comparación el 2020, año que se redujo significativamente el delito en general a causa del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). A medida que se fue flexibilizando el aislamiento, el delito de NNA se incrementa, pero no mucho más que los niveles desde 2015 a 2019. Es decir que, sin tener en cuenta la pandemia, el delito de NNA tiene un margen constante desde 2015, sin incrementos significativos. * Hay que encerrarlos para evitar que vuelvan a delinquir. La Convención sobre los Derechos del Niño indica que «el niño, por su falta de madurez fÃsica y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal”. Es por esta falta de madurez que pueden ser vÃctimas de grupos criminales y sufrir “múltiples formas de violación, como ser objeto de secuestro, venta, trata de personas o explotación sexual; ser utilizados para el transporte o la venta de droga. * Bajar la edad de imputabilidad va a bajar los niveles de inseguridad. No hay evidencia que demuestren esta afirmación. Por el contrario, los números muestran que en la región hay paÃses que tienen edades de imputabilidad más bajas y una tasa de homicidio más alta que Argentina. Por ejemplo, Brasil y México establecen en 12 años la edad de imputabilidad y tienen un promedio de 23 homicidios cada 100 mil habitantes en el 2023, muy por encima de Argentina que tiene la edad en 16 años y registra un promedio de 5 homicidios cada 100 mil habitantes. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, sostuvo que la transformación del Régimen Penal Juvenil es una deuda de la democracia argentina. El actual se rige por el decreto ley de 1980, que fue instaurado durante la última dictadura cÃvico militar y no se adecúa a estándares internacionales de derechos humanos como la CDN y la Ley Nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de NNA. El sistema penal es discriminatorio, selectivo y estigmatizante. No persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables. Las causas de violencia en los barrios son la falta de oportunidades, el hambre, la explotación sexual y laboral, el manejo de los territorios por bandas de drogas de las cuales NNA son vÃctimas. Los Ãndices de criminalidad no bajan reduciendo la edad de punibilidad ni aumentando las penas a los más chicos, cortando la cadena por el eslabón más débil, sino que bajan disminuyendo las inequidades, la desigualdad socio económica y la discriminación y con más asistencias positivas de los Estados, nacional y provinciales, esto es: más escuela, más salud, más deportes, más familia. Advirtió que ese peligroso enemigo que intentan construir, son 3.600.000 niñas/os de 13 a 17 años que viven en la Argentina; son el 8% de la población total. Están concentrados en cuatro jurisdicciones: CABA, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Los proyectos de ley que bajan la edad están dirigidos a esa realidad de cuatro jurisdicciones, olvidando la realidad de otras provincias como Formosa, La Pampa, Tierra del Fuego o Santa Cruz, cuyos sistemas de protección de niños, incluidos los poderes judiciales han salido a decir: “este es un problema que nosotros no tenemos”. Lo que sà se debe hacer es transformar la ley 22.278 “Régimen Penal de la Minoridad”, porque lo demanda el Comité de los Derechos del Niño y nuestra sociedad, pero bajo cuatro condiciones: no bajar la edad, no endurecer las penas y para los punibles, que la privación de libertad sea la última ratio con mejores medidas de justicia restaurativa.
