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El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al pedido de apartamiento de los dos Jueces Federales respecto de las causas de ingreso de personas a la Provincia


En caso de mantener sus competencias contrariamente a lo ordenado los magistrados federales deberán elevar el conflicto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su conocimiento y resolución

Haciendo a lugar a un pedido del Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, solicitó a los Jueces Federales de Formosa, que se aparten de todas las causas vinculadas con el ingreso de personas a nuestro territorio. El máximo Tribunal, luego de reafirmar la potestad del Estado Provincial para administrar la política sanitaria de Formosa, consideró consecuente con tal decisión a la petición del Ombudsman, el cual acudió a la justicia en representación de dos colectivos, por un lado los centenares de personas que aguardan que el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 autorice su entrada, en el marco de la aplicación del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado en vigencia y por el otro personas que efectuaron un pedido de tutela por ser individuos de alto riesgo sanitario ante el coronavirus. Los Ministros de Superior Tribunal por unanimidad estuvieron contestes en que los fallos del Juez Federal, Fernando Carbajal, constituyen una invasión de una autoridad federal a la autonomía provincial, postulada en el Art. 5º de la Constitución Nacional. Asimismo, destacaron que el Decreto de Necesidad y Urgencia, DNI 297/20, instituyó a los Gobernadores como delegados del Gobierno Nacional y, a tal fin, dejó librado a sus arbitrios la adopción de medidas sanitarias que tiendan a evitar la propagación del Coronavirus (COVID 19). En dicho contexto, el fallo dictado alude al hecho de que tanto la justicia ordinaria de la Provincia, como el Juez Federal Subrogante, se consideran con competencia para resolver toda cuestión vinculada con el ingreso de personas al territorio nacional en el marco de la Pandemia. En este sentido, al ingreso ordenado y administrado que plantea el Estado Provincial y lo han reivindicado en numerosos fallos jueces formoseños, remarcó el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, se contrapone la política de ingreso desordenado, multitudinario e irrestricto de toda persona, sin importar hasta qué punto tales acciones pueden romper la barrera sanitaria establecida para proteger a los 640 mil formoseños que habitan el territorio provincial, frente a una realidad que presenta a nuestro territorio como virtualmente “cercado” por provincias e incluso un país en los cuales existe circulación viral declarada.