La Defensoría apoyó prórroga de la emergencía en discapacidad hasta fines del 2027
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, se concretaron peticiones al Presidente de la Cámara de Diputados y al Vicepresidente Primero de la Comisión de Discapacidad Juan Marino, fundamentado la necesidad de tratar y aprobar hasta el 31 de diciembre del 2027 la emergencia nacional en discapacidad declarada por la Ley 27.793 y que se encuentra plenamente vigente, “advirtiendo que dejar caer la Emergencia a fines del corriente año, sería apoyar lo que el Gobierno Nacional no logró por veto ni por presupuesto y terminaría perjudicando gravemente a los sectores que dependen de INCLUIR SALUD - EXPROFE-, que acumula meses de atrasos, como también las escuelas especiales, centros de día, terapéuticos que están al borde del cierre”. El texto establece que la extensión de la emergencia rija desde el 1° de enero de 2027 aunque su promulgación fuera posterior, de modo que ninguna maniobra dilatoria pueda abrir un vacío entre el vencimiento y la puesta en vigencia. La Ley 27.793 está plenamente vigente, su ejecución no está sujeta a condición ni a requisito alguno, y este proyecto no viene a subsanar nada sino a extender el plazo de una emergencia que el Gobierno se ocupó de neutralizar durante la mayor parte de su vigencia. Afirmó que, dejar caer la emergencia el 31 de diciembre de 2026 sería concretar por vencimiento lo que el gobierno nacional no logró por veto ni por presupuesto, y hacerlo en el peor momento posible. Detalló que en los hogares donde viven personas con discapacidad —muchas de ellas sin ningún familiar de apoyo, que dependen exclusivamente del Estado— falta la entrega de pañales y de medicación además del pago de las prestaciones y existe el peligro inminente de que cierren sus puertas y sus residentes queden en la calle. Asimismo, subrayó que más de 200 mil personas con discapacidad esperan una pensión; el propio Poder Ejecutivo Nacional reconoció ante la Cámara de Diputados que en toda su gestión otorgó apenas 2.995. "Al mismo tiempo, las auditorías se realizan de manera irresponsable y derivan en quitas indiscriminadas, se disolvió la Agencia Nacional de Discapacidad por decreto, complejizando y retrasando el acceso a trámites y derechos", y remarcó que cada mes que la emergencia estuvo trabada significó un mes de tratamientos interrumpidos, terapias suspendidas y escolaridades cortadas. "La Ley 27.793 existe porque las personas con discapacidad, sus familias, terapistas, prestadores, docentes, asociaciones, defensorías del pueblo y transportistas se movilizaron en todo el país, y porque el Congreso estuvo a la altura de esa movilización cuando volteó el veto. Prorrogarla es la continuidad de esa conquista, y el tiempo apremia: la emergencia vence el 31 de diciembre de 2026 y las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre".
