El Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa desmintió con datos oficiales al “sensacionalismo ambiental”
Desde dicha cartera se afirmó que “el 70% de la superficie desmontada son productivas y legales”, en respuesta a las publicaciones de organizaciones ambientales sobre deforestación en el Norte argentino.
Ante recientes publicaciones de organizaciones ambientales que señalan supuestas cifras alarmantes de deforestación en el Norte argentino y acusan de “cómplices” a los gobiernos provinciales, el Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia de Formosa aclaró la situación con datos oficiales.
En recientes declaraciones, el director del Registro, Control y Fiscalización, el ingeniero agrónomo Wilson Dutra, deslegitimó el sesgo de estos informes, expuso el verdadero escenario territorial de la provincia y cuestionó la metodología comunicacional empleada, lamentando que se englobe bajo el mismo concepto de “deforestación” a situaciones diametralmente opuestas.
“Es una simplificación sensacionalista que mete todo en una misma bolsa, demonizando la actividad productiva lícita al equipararla con ilícitos ambientales”, advirtió el funcionario.
En esa línea, el director dejó entrever las intenciones subyacentes en este tipo de campañas. De manera sutil, sugirió que ciertas ONGs internacionales, cuyos orígenes de financiamiento histórico han estado vinculados a gigantes energéticos británicos como la Royal Dutch Shell, utilizan el “sensacionalismo ambiental” como una estrategia cuyo objetivo, sería presionar y condicionar el desarrollo soberano de las provincias bajo una fachada de protección ecológica.
Los datos oficiales
Lejos de los discursos mediáticos, Dutra presentó los números que arroja el sistema de vigilancia satelital provincial sobre las 4.375 hectáreas señaladas públicamente. Según precisó, 3.078 hectáreas —lo que representa aproximadamente el 70% del total cuestionado— corresponden a desarrollos productivos totalmente legales y autorizados.
“Estas superficies no son desmontes ilegales; son proyectos que atravesaron rigurosas evaluaciones de impacto ambiental antes de recibir su Permiso de Cambio de Uso de Suelo (PCUS)”, explicó el ingeniero. Este volumen legal se concentra en apenas 21 autorizaciones formales (un promedio de 146,5 hectáreas por proyecto), lo que evidencia que el desarrollo agropecuario a gran escala en Formosa se realiza bajo estricto cumplimiento de la Ley Provincial 1.660 y su Programa de Ordenamiento Territorial (POT-For).
El control satelital y el fenómeno de los “microdesmontes”
Respecto al 30% restante (1.297 hectáreas) que corresponde a intervenciones irregulares no autorizadas, Dutra aclaró que no se trata de un avance descontrolado. Gracias a la alta precisión de las imágenes de los satélites Landsat-Sentinel_JQS tomadas por el Área de Sistemas de Información Geográfica, la provincia detectó que estas intervenciones son, en realidad, “microdesmontes”.
Esta superficie ilegal se encuentra atomizada en 73 detecciones individuales, arrojando un promedio de apenas 17,7 hectáreas por intervención. Este dato concreto demuestra que se trata mayoritariamente de pequeños productores o familias rurales. “Nuestra fiscalización ha neutralizado esta situación, garantizando que ninguna intervención, por menor que sea, pase desapercibida y sea desatendida para su resolución”, destacó el titular de la Dirección del Registro, Control y Fiscalización.
Tolerancia cero
Para desmentir la acusación de “complicidad” de la ONG ambiental internacional, Dutra detalló las acciones punitivas en marcha. Sobre los Cambios de Uso de Suelo No Autorizados detectados en 2026, el Ministerio ya fiscalizó en terreno 37 predios que suman 928,71 hectáreas, todos actualmente en pleno proceso de investigación, evaluación de descargos y determinación de sanciones.
Asimismo, las 318,29 hectáreas irregulares restantes ya están en proceso de notificación formal.
Finalmente, el director enfatizó que la provincia mantiene una política de tolerancia cero: las sanciones no se limitan a multas económicas, sino que exigen la ejecución de planes de recomposición para restaurar los ecosistemas dañados. “La administración de nuestros recursos no responde a simplificaciones mediáticas ni a presiones externas, sino a la aplicación estricta de la ley”, concluyó Dutra.
