Defensorías se oponen a intervención federal en Formosa
Advirtieron se pretende un control o tutela política y no una restauración institucional
Desde el Observatorio de Derechos Políticos y Electorales (ODEPOE), que funciona en el seno de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, junto a las Defensorías del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Corrientes y del Municipio de Lanús, advirtieron respecto a las posturas ambiciosas e imprudentes que -so pretexto de mantener ileso el sistema republicano en formosa- atentan contra sus propias reglas. La intervención federal como mecanismo para restaurar derechos ante fraudes electorales, violencia institucional, imposibilidad de votar libremente o colapso del orden público que evita ejercer libertades garantizadas constitucionalmente, no puede ser excusa para desplazar a competidores políticos. Se señaló una fuerte incoherencia en acusar de que las instituciones no funcionan, cuando son las mismas, las que garantizaron a los que hoy, incitan o promueven la idea de intervención, llegando a la Cámara Alta del Congreso de la Nación, mediante elecciones libres o a otras Instituciones de la República. Definir la legitimidad de la representación política de uno y de otro no, en base a la idea de un pueblo sometido o de una voluntad popular coaptada, constituye un contrasentido, pues no habría posibilidad de que alguien acceda a un cargo por medio del voto si sus derechos a ser candidato, expresar sus ideas, ser escuchado y ser elegido no estuvieran garantizados. La intervención fue incluida en el texto constitucional, con el fin de revertir una ruptura institucional, sedición, imposibilidad de funcionamiento republicano; no para apartar a una persona elegida democráticamente en cualquiera de los poderes del Estado, alterando la voluntad popular. Y si la medida siempre es exagerada, cabe desentrañar el verdadero motivo, pues es de extrema gravedad, buscar un control político del gobierno nacional sobre las provincias o subordinar las autoridades locales al Ejecutivo Nacional. La historia ha demostrado que, las intervenciones en Argentina, en su mayoría buscaron alterar mayorías políticas, desplazar gobernadores adversarios, disciplinar liderazgos provinciales. Una intervención federal que no respete los lineamientos constitucionales, es más una “tutela política” incompatible con principios del federalismo que se pretende proteger. Los responsables en ambas Cámaras del Congreso Nacional deberían preguntarse, ¿es restauración constitucional o control político?. ¿Qué se lograron con las intervenciones?. La historia también demostró que, en democracia se desplazaron gobiernos elegidos legítimamente, se controlaron Legislaturas y Poderes Judiciales y se extendió el poder federal como mecanismo de dominación política. No se puede soslayar que, la intervención federal nunca fue reglamentada o sea que su utilización es discrecional, no guarda criterios de necesidad, proporcionalidad, temporalidad, finalidad específica y control institucional. Por ello, cuando un Gobierno Nacional se preocupa siempre por una Provincia y, por la manera en que se respetan las instituciones, su vida democrática y los principios republicanos, permítasenos sugerir: dejen a las provincias gobernarse por sí mismas, ocúpense de las fallas, carencias, necesidades y vaciamientos de toda naturaleza que el Pueblo Argentino está denunciando permanentemente y que necesita de un Congreso Nacional activo, no ocupado en desplazar Autoridades Constituidas Democráticamente, sino en revertir la tendencia de regresividad de derechos. Es que, el ajuste, represión y deterioro de la vida democrática, ha sido denunciado actualmente hasta por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La misma, sostiene que Argentina enfrenta retos relevantes en materia de independencia judicial y sostenimiento de la institucionalidad, tanto en derechos humanos, sociales, económicos, además de la eliminación o reestructuración de programas destinados a la protección de la seguridad social, adultos mayores, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, género, diversidad, memoria histórica y pueblos indígenas, entre otros.
