Leyes de Financiamiento Universitario y Discapacidad: El Gobierno persiste en incumplirlas
Nuestras Universidades Públicas están siendo sometidas a una de las más graves situaciones que alteran su funcionamiento integral. Es el resultado del desfinanciamiento sostenido y el incumplimiento con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795. Claramente, se trata de un ajuste brutal sobre salarios docentes, investigación, infraestructura, ingreso y asistencia de miles de estudiantes, provocando el deterioro estructural del sistema universitario público. Cuando hablamos de las y los estudiantes universitarios nos referimos a una población de aproximadamente dos millones y medio de estudiantes en todo el paÃs, de los cuales un 80% asisten a universidades públicas, constituyendo el sistema universitario más grande de América Latina. El 17 de abril último, el Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario para intentar frenar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
En modo similar, la no implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad N.º 27.793 perjudica enormemente la situación de millones de personas con, al menos, una discapacidad y registradas con Certificado Único de Discapacidad. Según los datos del último Censo (2010) en la Argentina el 12,9% de la población tiene alguna discapacidad. Actualmente, se carece de mayor precisión en las cifras oficiales no por error sino -pareciera- por omisión intencional ya que, mientras avanzan estudios que van determinando la necesidad de replantear el criterio sobre discapacidad, cuya cifra entonces podrÃa incluir a millones de argentinas y argentinos en estado de vulnerabilidad, el gobierno nacional decide el incumplimiento manifiesto de una ley nacional cuya aplicación incluye el financiamiento de pensiones, cobertura de salud, prestaciones básicas y el fortalecimiento del sistema de atención, ya muy lesionado. Mientras, el escándalo de una red de corrupción dentro de la ANDIS, por más de 75.000 millones de pesos, es objeto de investigación en la Justicia Federal ya que empresarios, exfuncionarios y funcionarios de alto rango aparecen implicados en lavado de dinero y contratos irregulares para beneficiar a proveedores “amigos” entre una variada gama de escándalos.
La deliberada ausencia del Estado y la falta de cumplimiento del gobierno nacional con la aplicación de estas dos leyes fundamentales producto de luchas prolongadas del pueblo argentino, reflejan la lógica perversa de aplicar el ajuste sobre los derechos sociales, lucrar con poblaciones vulnerables y condenar a millones de personas a padecer situaciones cada vez más injustas.
Mesa Directiva Nacional – abril 2026
Partido Intransigente

