Señalan que a dos años derogación de la Ley de Alquileres es necesario implementar un marco de previsibilidad a favor de los inquilinos
En Formosa, para alquilar una casa o departamento de dos ambientes, el inquilino debe prever un gasto inicial que va de los 2,5 a 3 millones de pesos, lo que comprende el valor de la renta (desde 550 a 700 mil pesos), más depósito de garantía, arancel inmobiliario (comisión), gasto de certificación de firmas, sellado de contrato, informes comerciales-
Los precios de los alquileres se aceleraron en los últimos meses por encima de la inflación y con un mercado desregulado qué afecta a las familias sin viviendas propias. La realidad muestra, subas que triplican la inflación, contratos más cortos y variados costos que deben enfrentar quienes alquilan. En la actualidad, con la derogación de la Ley de Alquileres, “las reglas quedaron libradas a la lógica del mercado, un contexto, que se encuentra muy lejos de resolver la gran crisis habitacional y que agravó la desigualdad entre propietarios e inquilinos”. Por ello, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, realizaron un balance de lo que representó la derogación de la ley de alquileres, a través del DNU Nº 70/23 impulsado por el gobierno de Javier Milei, señalándose que el sector más perjudicado ha sido principalmente el de los inquilinos. Sin embargo, desde las inmobiliarias aseguran que "hay más viviendas disponibles en alquiler" y que las negociaciones entre ambas partes son fructíferas como consecuencia de la amplia oferta existente en el mercado. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, sostuvo que la realidad es que la liberalización del mercado de alquileres cumplió por un momento el objetivo de incorporar viviendas en el mercado, pero los costos se trasladaron a quienes alquilan. En ese marco, aseguró que "claramente el precio de los alquileres no bajó, sino que continuó subiendo de acuerdo a las lógicas de mercado, a tal punto que hoy se hace cada vez más costoso alquilar”. Otro punto que precisó, es la volatilidad de los contratos. Con la ley se ajustaban acordes al tipo de cifras que publicaba el gobierno, con la certeza de que eran ajustes anuales y los contratos se firmaban por tres años. Y ahora eso no existe, son contratos de un año o dos, con ajustes cada tres o cuatro meses, con lo cual, representa un retroceso total a lo anterior a la ley de alquileres y en término de derechos adquiridos". Ante este panorama, aseguró que es necesario buscar un marco de previsibilidad cierta para los inquilinos y así, evitar abusos por parte del mercado. El fin de la ley dejó todo en manos del mercado inmobiliario, sin ningún marco de protección para los inquilinos. Muchos quedaron en una situación desesperante, hoy, la mayor parte del sueldo o ingreso de un hogar se lo lleva el alquiler, es decir, se trabaja para pagar el alquiler. En ese marco, aseguró que "en estos dos años los alquileres aumentaron tres o cuatro veces más que la inflación, que es lo que básicamente buscaba el sector inmobiliario con la desregulación total y la no intervención del Estado". Aseguró además que “la rescisión de contratos es un fenómeno cada más frecuente, por la imposibilidad de sostener el pago del alquiler; en muchos casos son jóvenes que vuelven a vivir con sus familias, pero también, en la otra punta, adultos mayores que no pueden pagar el alquiler y se van a vivir con algún hijo o familiar”. Es por eso que afirmamos que el DNU Nº 70/23 no fue la mejor herramienta, y sostenemos que a los alquileres para vivienda familiar hay que darle un marco regulatorio de manera inmediata. En nuestro mercado local, una familia que necesita alquilar una casa o departamento de dos ambientes, necesita actualmente contar en mano con una suma de dinero que va desde los 2,5 a 3 millones de pesos, considerando que el alquiler mensual se ubica entre 550 a 700 mil pesos, a esto, debe sumársele el mismo valor en concepto de depósito en garantía, más el denominado arancel inmobiliario o comisión que implica igual valor del alquiler. En algunas inmobiliarias, se hace suscribir a los inquilinos documentos como un pagaré con un valor que representa 4 veces el del alquiler. Luego vienen los costos por informes comerciales, gastos administrativos, alta de energía eléctrica (se los obliga a colocar el servicio a nombre de quien alquila), y en cuanto a los garantes, no se aceptan personas jubiladas, exigiéndose trabajadores en actividad. La mayoría de los contratos son por dos años y las actualizaciones se realizan, trimestralmente o semestralmente a través de la tasa del IPC (Índice de precios al consumidor), existiendo otros que exigen incrementos del 30% cada 6 meses. En todos los casos, se sugirió a los inquilinos que, ante cualquier duda o inconveniente, concurran por ante la Defensoría del Pueblo, donde serán asesorados gratuitamente.
