El Presupuesto 2026 prevé para este año una reducción de la obra pública del 75% respecto al año 2023
El abandono de la obra pública ha llevado a que dos de cada tres rutas nacionales estén en mal estado-
Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se denunció que el presupuesto para este año prevé una reducción del 75% de la obra pública respecto al 2023. Este ajuste repercute directamente en las rutas nacionales, con lo cual dos de cada tres están en mal estado y la situación se agrava por la subejecución de la mitad del presupuesto en 2024 y 2025. En este sentido, los trabajadores de la Federación del Personal de Vialidad Nacional elaboraron un informe que advierte sobre la riesgosa actualidad de las rutas argentinas. Los recortes presupuestarios y el deterioro de las rutas provocaron que cayera la velocidad media de circulación, el incremento de los costos logísticos, la baja de competitividad regional y el aumento de la siniestralidad vial. Si se comparan el presupuesto de 2023 y el de 2026, "el ajuste es brutal y deliberado, el Presupuesto 2026 consolida una caída real cercana al 75% respecto de 2023". “Al menos el 60% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo, con mediciones parciales y desactualizadas. Proyecciones conservadoras indican que el deterioro real podría alcanzar al 65% y un 70% de la red, afectando rutas estratégicas en todas las provincias", aseguran desde dicha Federación. El Ombudsman Provincial denunció que, el gobierno nacional también abandonó el mantenimiento preventivo, que se realizaba en rutas, esto "acelera el paso de fallas menores a colapsos estructurales, multiplicando los costos futuros de rehabilitación". El Impuesto a los Combustibles Líquidos es una asignación específica para las obras viales que Nación continúa cobrando en cada ticket de combustible. Sin embargo, esos fondos no se ejecutan. Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional aseguran que más de 800 agentes técnicos y operativos, incluyendo ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas altamente especializados fueron despedidos en los últimos dos años y podrían eliminarse otras 900 posiciones a través de retiros voluntarios. Entre tanto en el Distrito 22 de Vialidad Nacional Formosa, ha quedado compuesto por tanto solo 86 agentes, en Jefatura 7, en Administración 17, existiendo tan solo 7 en Proyectos, 11 en Obras, Conservación 44, de los cuales 25 son los que realizan tareas de corte de pasto, bacheo, manejo de equipos, plomería, electricidad, guardacampamento, colocación de señales y 19 destinados a tareas administrativas, quienes deben encargarse de la totalidad de las trazas nacionales Nº 11, 81, 86 y 95. En este punto, Gialluca concluyó que, el abrupto recorte del presupuesto, los desvíos de los impuestos a los combustibles, el freno a la obra pública y los masivos despidos, “conforman un peligroso coctel que se traduce en la falta de tareas de mantenimiento y rehabilitación de las rutas nacionales en nuestra provincia, que además terminan acarreando un alto costo económico para el Estado que pagan los contribuyentes”. Esto, conforme las propias estadísticas publicadas por el Gobierno Nacional en el Informe Anual de Evaluación del Estado de Pavimentos 2023-2024, publicado en diciembre de 2024, mientras que los números del período 2024-2025 no se conoce y lo más grave es que este último Informe, fue realizado solo sobre el 48,1% del total de las rutas nacionales, es decir que más de la mitad de los casi 41 mil km de la Red Vial Nacional. Desde el último Informe Oficial, no hubo obras de mantenimiento, por lo que la proyección a 2026 da que el 70% o más de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, asegurando Fepevina que las pocas tareas de mantenimiento que existen al día de hoy son “compras de asfalto que se otorgan a empresas contratadas, con materiales de mala calidad que en 6 meses vuelven a romperse, igual tercerización se da en las tareas de desmalezamiento”, todo lo cual incrementa la siniestralidad vial, incrementándose las consecuencias económicas para el Estado, pues en promedio el costo que representa una víctima es más de U$S 62.000, empezando por los costos de atención pública en hospitales, intervenciones policiales y judiciales entre otros.
