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Denuncian que el prespuesto 2026 reduce la participación de educación y cultura en un 0,75% del PBI, la más baja en diez años


De aprobarse por el Congreso de la Nación esta desinversión, se provocará una destrucción educativa, en la cual, el Gobierno Nacional asume solo el 25% del gasto educativo, mientras que el 75% restante quedará en manos de las Provincias-

La -Dirección de Educación- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, ante el Proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno Nacional de Javier Milei al Congreso, “el cual, en el rubro -Educación y Cultura-, se reduce en una participación del 0,75% del PBI, la más baja en una década, representando un fuerte ajuste y retroceso histórico”, solicitó formalmente tanto a la Presidenta del Senado, Victoria Villaruel, como así también, al Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y a los Presidentes de la Comisión Unicameral de Educación y Cultura del Senado, Eduardo Enrique de Pedro y a Finocchiaro, Alejandro a cargo de la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, “requirió, se rechace el mismo, toda vez que el Proyecto contempla la derogación del art. 9 de la Ley de Educación Nacional, que fijaba un compromiso del 6% del PBI para la educación, considerando Nación y Provincia”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, con esto la educación del país pasa de tener un piso legal mínimo a depender exclusivamente de la discrecionalidad presupuestaria, agravándose en el hecho de que el 25% del gasto educativo público es asumido por la nación, mientras que el 75% restante queda en manos de las provincias. Por otra parte, si bien se establece, “un aumento nominal del 17,9% para el 2026 respecto del 2025, ese incremento equivale a apenas un 3,6% real si se toma la inflación oficial estimada, -pero con la inflación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el crecimiento real será prácticamente nulo”. Gialluca alertó que esta desinversión provocará una “destrucción educativa” similar a la vivida en los años 90, dejando a las provincias sin recursos para pagar los salarios docentes e impactando gravemente en: * Infraestructura escolar: – 84,4%.

* Formación docente (INFoD): –71,2%. * Educación técnica (INET): – 84,5%. * Eliminación del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente). *Becas estudiantiles: millones de estudiantes sin apoyo; siendo evidente que el objetivo final del ajuste es “la privatización de la educación pública” y por ello, denunciamos que la educación no puede ser la variable de ajuste, toda vez que se congela el piso salarial nacional, se elimina el FONID y se incumple con la Ley de Financiamiento Educativo. Este ajuste afirmó el Funcionario Provincial, profundizará las desigualdades ya existentes, para la educación obligatoria, -inicial, primaria, secundaria- y los programas de alfabetización, la situación se complica más porque existirá menos infraestructura, menos equipamiento, menos formación docente y más jornadas extendidas.