Nuevo protocolo de actuación ante la presencia de sustancias psicoactivas en instituciones educativas
Las causas del consumo son multifactoriales, incluyendo la ansiedad o la depresión, el estrés, la búsqueda de identidad, originando un fuerte daño, no solo al individuo consumidor, sino a toda la familia-
Se llevó a cabo una -Reunión de Trabajo- de la cual participaron el Subsecretario de Lucha Contra el Narcocrimen, Crio. General Juan Bernabé Escobar, el Director de Planeamiento de dicha Subsecretaría Dr. Patricio Guillermo Romero, el Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, junto al Representante de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de la Nación en Formosa Dr. Julio Santander, la Asesora Legal Dra. Lourdes Delgadillo y la Secretaria de Actas L.N. Ornella Barraza, que tuvo como objetivo principal, el análisis y futura aplicación en terreno, de la Resolución Conjunta N° 01/24 de fecha 20 de septiembre del corriente año y su Anexo, que dio origen al -Protocolo Interinstitucional de Actuación ante Situaciones Relacionadas con Sustancias Psicoactivas en las Instituciones Educativas-, elaborado y aprobado por los Ministros de Cultura y Educación, de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, de Desarrollo Humano y el Ministerio de la Comunidad, el cual establece lineamientos estratégicos relacionados con la detección de sustancias psicoactivas y la prevención de situaciones de consumos problemáticos en las instituciones educativas, garantizando la protección de los derechos humanos en niñas/os, adolescentes y adultos, proporcionando, además, las herramientas adecuadas a las autoridades educativas, personal docente, no docente y agentes del Estado Provincial que deban intervenir en el cumplimiento de sus funciones. Se resaltó que, para intervenciones habituales, de acuerdo al marco legal, se halla en vigencia la Ley Nacional N° 23.737 de Tenencia y Tráfico de estupefacientes y la Ley Provincial N° 1.627, mediante la cual Formosa se adhiere a la desfederalización en la materia, la cual posibilita, a todas las jurisdicciones provinciales desde el año 2005, a que tomen bajo su responsabilidad la lucha frontal contra los delitos de narcomenudeo. Agregó que, actualmente, la actividad a nivel local se sostiene únicamente con presupuesto de la provincia, no obstante, que un artículo de la Ley 26.052 establece que las jurisdicciones adheridas, deben recibir proporcionalmente la parte de los créditos que poseen aquellas fuerzas federales que trabajan en la temática, lo que hasta el momento no ha ocurrido con nuestra provincia. A su turno, el Ombudsman Provincial, expresa que, desde el Organismo a su cargo, la atención al público actualmente abarca, la Contención, Escucha y Derivación según corresponda a cada caso en particular, por lo que, el protocolo para el abordaje de los casos de narcomenudeo en las escuelas nos resulta de suma utilidad para optimizar las intervenciones, en las cuales, desde la Defensoría del Pueblo, generalmente se realizan. Posteriormente, se informa que, en Formosa, anteriormente las rutas de tierra servían como barreras físicas en los períodos de lluvias para evitar la circulación de la droga, sin embargo, el avance actual de la infraestructura en pavimentación de trazas, si bien es una señal de progreso, también juega a favor de los narcotraficantes. Esto es porque, el 70% del traslado de estupefacientes se realiza por vía terrestre, luego por vía fluvial y en un porcentaje menor, por vía área. Se indicó que la situación de frontera de la provincia, facilita la vulnerabilidad ante este flagelo, expresándose que, el mismo posee una naturaleza global afectando fuertemente a los jóvenes, por lo que, este protocolo de actuación, favorecerá la práctica certera de los procedimientos según las características particulares de cada situación que pudiera presentarse. Se indica, además, que los aportes del Gobierno Provincial en equipamiento, capacitación, ampliación de la fuerza efectiva de la policía y la creación de un fuero específico en el Poder Judicial, benefició a la detención de más de 300 personas con fallos condenatorios desde el año 2017, en un promedio de 40 fallos por año. Para finalizar, el Defensor del Pueblo de la Provincia, recordó que, antes de fin de año, estaremos concretando el relanzamiento de los “Buzones por la Vida” que serán distribuidos en diversos sectores de la ciudad, para que la ciudadanía de manera anónima, pueda brindar datos, no solo de lugares de venta de estupefacientes, personas y otra información, que permitirán posteriormente a la Subsecretaria y también al Juez de Instrucción y Correccional Contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, actuar en consecuencia, para resguardar a nuestros niños y adolescentes de este flagelo que lamentablemente conforme estudios de la UCA del presente año advirtió que 3 de cada 10 familias saben dónde se vende la droga en su barrio, enfrentándonos así a una epidemia que debe ser atendida en todos los frentes, “para que no se naturalice y normalice el consumo de sustancias prohibidas en nuestra sociedad”.