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Ministerio de la Comunidad explicó política de reasignación de módulos habitacionales que fueron abandonados

 


En el año 2022, el organismo recuperó 95 unidades y se las otorgó a nuevas familias, en situación de vulnerabilidad.

El Ministerio de la Comunidad explicó el procedimiento por el cual una familia adjudicataria puede perder la posesión del módulo habitacional que le otorgó el Estado. 

En ese sentido, la titular del organismo, Gloria Giménez, detalló que estas unidades no pueden estar en desuso o en estado de abandono, porque existe una lista de espera de familias en situación vulnerable, que también necesitan el espacio.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) comenzó explicando que el Ministerio de la Comunidad tiene a su cargo la adjudicación y constatación de las unidades habitacionales en las diferentes urbanizaciones como El Porvenir, 7 de Mayo, Urbanización Maradona, Urbanización San Isidro, Lote 3 Bis (Las Orquídeas), Urbanización España, Urbanización Lisbel Rivira, Urbanización San Antonio, El Porvenir, Lotes 110 y 111.

Ello se enmarca en el Programa Mejor Calidad de Vida, compuesto por un equipo técnico interdisciplinario que es el responsable de la constatación, seguimiento y acompañamiento de cada familia que habita en un módulo.

“Se entregan módulos a familias que son vulnerables y no califican para que ingresen al sistema o cuando no pueden acceder a una vivienda del IPV. Para ser destinatario la condición es no percibir un haber con relación de dependencia, la permanencia y ocupación continua de uso familiar”, subrayó la funcionaria tras aclarar que tampoco pueden ser destinados a emprendimientos o darle otro tipo de utilidad, ni siquiera política.

“El gobernador Gildo Insfrán hace mucho hincapié en que estos módulos habitacionales que se entregan gratuitamente con todos los servicios a familias vulnerables, tienen que ser de uso familiar y continuo”, aclaró.

Explicó que, en el caso de ausencia, la misma tiene que estar debidamente justificada y en caso de un problema de salud, debe ser debidamente acreditado con historia clínica donde conste “el padecimiento de esa persona o que debe estar al cuidado de un familiar. Se le entrega un plazo que se puede ir modificando, siempre y cuando se acredite como corresponde”.

Insistió Giménez en que “estas unidades no pueden estar en desuso o en estado de abandono, porque tenemos una necesidad imperiosa de dar respuestas a más familias en espera, tenemos un número muy considerable de familias que esperan un lugar donde vivir, con problemas muy específicos” y reveló que en la actualidad cuatro familias en situación de vulnerabilidad esperan su módulo.

“Como en este momento no contamos con módulos disponibles, estamos recuperando aquellos que no se ocupan en la condición que deben”, declaró la funcionaria provincial.

Dijo que, en el momento de la adjudicación del módulo, el titular y un co-responsable firman un acta, y en el sistema se cargan los datos de todo el grupo familiar. “Cada adjudicatario firma el acuerdo, ante la no utilización del destino para el que se le dio, el ministerio tiene la potestad de recuperarlos para reasignar. No hacemos desalojos, sino recuperos para la reasignación a otras familias muy vulnerables, en espera”, insistió Giménez.

Añadió que, durante el año 2022, se realizaron 95 recuperos de módulos, que fueron reasignados a familias con niños o personas con discapacidad, mujeres que sufrieron violencia de género, con alta vulnerabilidad.

Sin posibilidad de recuperarlo

En tanto, el abogado Fabio Paredes, asesor del Programa Mejor Calidad de Vida, dependiente del Ministerio de la Comunidad, acotó que “no solo los módulos habitacionales, sino también las viviendas del IPV están ante un permanente control de ocupación por parte del Estado, ya que nos encontramos en una situación de emergencia habitacional, con muchas familias vulnerables que no tienen un lugar para vivir”.

El letrado se refirió al caso de una vecina llamada Ana Mariela Díaz, quien se presentó en diciembre en la sede del programa, manifestando que viajaría al sur, sin límite de tiempo sin dejar ninguna persona como encargada. “Me pareció ya sospechosa esta situación, por eso personalmente realicé un seguimiento, ella argumentaba que su madre estaba con problemas de salud, lo que en el expediente no está acreditado debidamente, ya que únicamente adjuntó estudios médicos básicos, que no justificaban su incomparecencia”.

Dijo que en el expediente existen tres denuncias por abandono del módulo y explicó que ante esto “me constituí personalmente y no pude constatar una vida de familia”.

El abogado detalló que la última visita fue el 21 de marzo, tres meses luego de su ausencia, donde se corroboró el intento de usurpación del módulo, ya que se habían forzado las cerraduras y el portón principal de acceso. “No existían muebles ni enseres personales, por lo cual tras comunicación constante que tuvimos con esta mujer, y los numerosos indicios aportados al expediente, surge que hizo un abandono liso y llano del inmueble”, precisó.

Avanzó en explicar que en el expediente consta que su conviviente se presentó en la oficina pública manifestando que la mujer se ausentó al sur, no sabiendo dónde estaban los niños y que el módulo se encontraba abandonado, razón por la cual el Estado avanzó en la readjudicación de la unidad habitacional.

En este caso, el módulo, ubicado en el barrio Lote 111, fue otorgado a una familia en situación de vulnerabilidad social, con una mujer con serios problemas de salud y un hijo con discapacidad.

Explicó además que la antigua adjudicataria presentó por mesa de entradas del Ministerio un reclamo para lograr el reintegro de su módulo a lo que aclaró que no sucederá. “El expediente administrativo se hizo respetando las garantías del debido proceso, se han cumplido las etapas cumplidas en la legislación y dentro de las atribuciones que nos da la ley, el Ministerio readjudicó el módulo a una familia en situación de vulnerabilidad social”, explicó.

Finalmente, Paredes señaló que el Programa Calidad de Vida tiene 5800 solicitantes inscriptos, por lo que “no nos podemos dar el lujo de tener módulos vacíos o en situación irregular”.