Ratifican acompañamiento a las personas con discapacidad de la provincia
Se afirmó que la Ley Nº 27.793 de Emergencia en Discapacidad, como la Ley Nº 27.795 de Financiamiento Universitario, son de carácter permanente y aprobadas por el Congreso de la Nación, por lo cual, no pueden ser vaciadas de contenido por el Gobierno Nacional, ya que ello implica una violación a la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera, vulnerando el principio de legalidad y configurando una práctica inconstitucional-
Se concretó en la Sede de la Defensoría del Pueblo, una -Reunión de Trabajo- de la cual participaron, por el Ministerio de Cultura y Educación, el Subsecretario Lic. Luis Ramírez Méndez y Gustavo Miers, Jefe de Educación Especial, Domiciliaria y Hospitalaria, por el Ministerio de Desarrollo Humano, el Subsecretario de Medicina Sanitaria, Dr. Manuel Cáceres, por el Ministerio de la Comunidad, la Directora de Discapacidad Susana Jara y Laura Cecilia Paredes, por la Dirección de Transporte, el Director Pablo M. Córdoba, no compareciendo injustificadamente el Delegado de la CNRT Formosa, Alejandro Piñeiro. La citada, fue convocada por el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca y los Asesores Letrados del Área de Discapacidad, con el objetivo de notificar; el alcance del reciente Fallo Judicial de la Cámara Nacional de Resistencia que ratificó que todos los titulares de pensiones no contributivas por discapacidad domiciliados en Formosa, continuaran cobrando con regularidad sus beneficios; como así también, el impacto de la Resolución Nº 28/26 dictada por la Secretaria de Transporte y que elimina el régimen de compensaciones a las empresas de transporte automotor en relación a los pasajes gratuitos a favor de las personas con discapacidad. De esta manera, se confirmó que nuestra Provincia ha sentado un precedente jurisprudencial a nivel nacional a favor de las personas con discapacidad, luego de que la ex ANDIS, hoy Secretaria de Discapacidad, mediante Auditorias Médicas, irregulares, pretendieron suspender y dar de baja miles de pensiones otorgadas legítimamente, siendo hasta la fecha, el único a nivel nacional. En este aspecto, la Dirección de Discapacidad de la Provincia, continúa desarrollando tareas en todo el territorio provincial destinadas a la actualización de datos personales de los beneficiarios, así como acciones de capacitación orientadas a ampliar los asesoramientos y acompañamiento de los mismos. En lo que respecta al acceso a la educación pública de este colectivo, Gustavo Miers detalló que más allá de los recortes presupuestarios del Gobierno Nacional, continúan funcionando 35 Instituciones pertenecientes a la modalidad de Educación Especial, incluyendo Escuelas, Centros de Apoyo a la Integración (CAI), Centro de Atención y Educación Temprana (CAyET), en los cuales niñas/os, que evidencian una discapacidad desde su nacimiento o están en riesgo de sufrir algunos problemas en su desarrollo, etapa denominada "Atención y Educación Temprana", que va desde los 45 días de nacido hasta los 3 años, reciben asistencia en las Escuelas Especiales y son atendidos por docentes y profesionales capacitados. Agregó que, el sistema educativo provincial registra más de 4.900 estudiantes con discapacidad, los cuales, se encuentran incluidos en los distintos niveles, siendo acompañados por una planta de aproximadamente 700 agentes entre docentes de Educación Especial y profesionales de equipos técnicos interdisciplinarios, tales como, psicopedagogos, psicólogos, entre otros. En cuanto al transporte público, el Dr. Pablo Córdoba, señaló que la eliminación de las compensaciones económicas a las empresas prestatarias traerán a futuro diversos inconvenientes a las personas con discapacidad, por lo que, el Estado Provincial ha decido continuar sosteniendo el subsidio correspondiente a los servicios de transporte que operan dentro de nuestro territorio, garantizando la disponibilidad de 4 butacas gratuitas en aquellas unidades con capacidad para 54 pasajeros o más, política pública que representa una inversión de 150 millones de pesos del Tesoro Provincial. Sugirió que las personas que cuenten con el CUD, gestionen la reserva de pasajes gratuitos a través del sitio web https://www.formosa.gob.ar/reservadepasajes, lo que hace que no tengan necesidad de moverse de sus propios domicilios. Gialluca en este punto afirmó, “que cuando el Estado se retira, los derechos quedan librados a la buena voluntad de las empresas de transporte y los únicos perjudicados son las personas con discapacidad”. Por último, el Defensor del Pueblo, denunció que, la disputa por la Ley de Emergencia en Discapacidad se agudiza en Argentina: el Gobierno Nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para frenar su aplicación. En paralelo, la impulsa en el Congreso un proyecto sustitutivo que busca modificar aspectos clave de la ley. Señaló que, se busca “instalar una falsa opción entre sostener los derechos de las personas con discapacidad y garantizar otros servicios esenciales del Estado”. La situación es grave. Centros de día que cierran, terapias y tratamientos que se interrumpen, medicamentos que no llegan, pensiones que no se dan de alta. La emergencia en discapacidad se profundiza día tras día. Estamos ante una eutanasia social promovida desde el desgobierno de Javier Milei, con un proyecto denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, iniciativa que busca reabrir la discusión sobre la discapacidad desde otro ángulo, pero con el mismo trasfondo político: retrotraer parte del contenido de la ley sancionada y ratificada por el Congreso, revisar el otorgamiento de beneficios, donde la Secretaria de Discapacidad quedaría a cargo de auditorías periódicas para verificar requisitos médicos, documentales y socioeconómicos, cruzando información con ANSES, ARCA, SINTyS, estableciéndose un reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral en un plazo de 90 días hábiles, con posibilidad de prórroga por otros 30 días. Quien no complete el trámite, según el texto, quedará expuesto a la suspensión inmediata del pago y, si persiste el incumplimiento, a la baja definitiva del beneficio, por lo que, hemos solicitado al Congreso de la Nación, su rechazo.
