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Dudas y especulaciones sobre la desregulación de la RTO


La verdadera discusión no es quien hace las revisiones técnicas, sino quien se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en cualquier ruta del país-

La -Dirección de Seguridad Vial- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, ante las múltiples consultas de propietarios de vehículos particulares relacionadas con la Resolución Nº 32/26, dictada por la Secretaria de Transporte de Nación, a cargo del Lic. Mariano Ignacio Plencovich y mediante la cual, el Gobierno Nacional habilita a talleres mecánicos particulares a realizar la RTO, lo que ha abierto un intenso debate en todo el País, señaló que en nuestra Jurisdicción la Firma Interfor S.R.L., desde el 11 de enero de 1995 hasta septiembre del 2020 funcionó en el Parque Industrial, con una línea de inspección y para vehículos de transporte de carga y pasajeros nacionales. En el año 1996 Interfor y otras empresas se presentaron a un llamado de Licitación para poder prestar el servicio de RTO para vehículos de uso particular tanto provincial como municipal, quedando la antes citada. En este contexto, Formosa, Misiones, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, entre otras, la medida citada no tendrá aplicación automática, ya que cuentan con una regulación propia para la RTO. La normativa nacional, publicada en el B.O., crea un registro abierto de prestadores, flexibiliza requisitos para la habilitación de centros de revisión y busca ampliar la competencia en la prestación del servicio. Los profesionales consultados coincidieron en que la principal preocupación es garantizar que las inspecciones continúen realizándose bajo criterios técnicos rigurosos, destacando que una verificación vehicular exige infraestructura específica, equipamiento homologado y personal capacitado, los controles incluyen la evaluación de sistemas fundamentales para la seguridad vial, como frenos, suspensión y tren delantero. Se requiere técnicos electromecánicos formados para realizar estas tareas e ingenieros responsables que respalden técnicamente cada evaluación. Además, la certificación de aptitud vehicular implica una responsabilidad profesional que debe estar respaldada por especialistas habilitados. Desde el Organismo de la Constitución, se planteó el interrogante respecto al control y la fiscalización de los certificados que eventualmente podrían emitir talleres particulares. “Hay que definir quién controla, quién emite la documentación y qué profesionales respaldan técnicamente esas certificaciones”. Asimismo, se advirtió sobre “conflictos de intereses” en aquellos casos donde, un mismo taller, repare un vehículo y posteriormente certifique su aptitud para circular. Es una cuestión que merece ser analizada porque se trata de seguridad vial. Es por ello que, entendemos que cualquier modificación requerirá una evaluación por parte de cada Gobierno Provincial y remarcamos que la prioridad debe seguir siendo siempre, garantizar que los vehículos que circulan por calles y rutas se encuentren en condiciones seguras para conductores, pasajeros y peatones. El Ombudsman, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, en nuestra provincia a través de las licitaciones se permite la participación del sector privado, el punto es, si los mismos van a invertir entre aproximadamente 60 a 100 mil dólares para que el establecimiento cuente con la infraestructura y personal idóneo que exige la normativa y puedan superar las Auditorías de la CNRT, teniendo en cuenta el número de vehículos existentes en nuestro territorio. Por otra parte, la nueva reglamentación establece expresamente que los usuarios podrán pactar libremente con cada Taller de Revisión Técnica el precio de la inspección. De esta manera, el Estado Nacional limita su intervención a la registración de talleres, el control de estándares técnicos, las auditorías y la administración de la información vinculada a las revisiones concretadas. Es aquí donde se genera una situación complicada, pues, cuando quien realiza la reparación o la venta de los vehículos, es también quien certifica la aptitud del mismo, entramos en una zona muy gris donde “reina la Incompatibilidad junto a los intereses encontrados, más un doble rol de funciones, que seguramente originará falta de Imparcialidad, con lo cual, la seguridad vial que se busca con la RTO se desnaturaliza completamente”. Otro eje a analizar es el tema sobre las obleas falsas, como así también, la eliminación del Informe de Configuración de Modelo conocido como ICM, trámite que se da en vehículos con datos adulterados. Por último, afirmó que no deja de llamar la atención que, “este Gobierno Nacional que ha abandonado la obra pública, paralizando el mantenimiento de las rutas nacionales, las cuales se encuentran muy deterioradas, pretenda al mismo tiempo, flexibilizar los controles sobre los vehículos”, esto significa menos inversión en infraestructura y menos controles, lo que nunca es una buena fórmula para la seguridad vial. Si bien lo más relevante para los usuarios en la actualidad es el costo que deben enfrentar para pagar un servicio como lo es el de la RTO, se señala que, la desregulación económica no implica siempre la baja automática de precios en los mismos. Aunque el objetivo teórico es fomentar la competencia para reducir costos, en la práctica el resultado depende del nivel de competencia real del mercado y de los costos subyacentes u ocultos. En servicios como electricidad, gas, agua o telecomunicaciones, la simple eliminación de controles, no siempre bajan los precios, pues al retirarse el Estado, rápidamente se pueden generar oligopolios (dos o tres empresas) que terminan poniéndose de acuerdo para incrementar los valores de la RTO y perjudicar a los usuarios, práctica ilegal y perseguida por las leyes antimonopolio y de defensa de la competencia, pero que se da permanentemente en nuestro país como característica estructural muy frecuente y destacada de la economía argentina, presente hoy en el sector de los alimentos, bebidas, telecomunicaciones, bancarios, supermercados y otros.