Tras las amenazas del rector, el claustro estudiantil se declara en estado de alerta y asamblea permanente
Lo ocurrido en la Universidad Nacional de Formosa encendió una señal de alarma que ya no puede ser ignorada. Los estudiantes ejercieron su derecho a preguntar, cuestionar y pedir explicaciones sobre el funcionamiento del comedor universitario. Fue una protesta pacÃfica, sin desbordes ni hechos de violencia, basada en planteos concretos, legÃtimos y profundamente necesarios.
Sin embargo, no sucedió lo mismo con la respuesta del rector Augusto César Parmetler y su entorno. Tras el silencio inicial, emergieron denuncias de amedrentamiento que cambiaron el clima por completo y dejaron al descubierto una forma de gestionar el conflicto que se aleja peligrosamente de cualquier práctica democrática.
La consejera directiva Any Molas denunció amenazas por parte de la docente Zully Rivero, con expresiones como “vas a sufrir las consecuencias” y “ya me vas a conocer”. No se trata de frases sueltas ni de exabruptos aislados. Son expresiones que, en este contexto, adquieren un peso institucional y funcionan como mecanismos de disciplinamiento frente a quienes se organizan y participan.
La gravedad de los hechos generó una reacción inmediata del movimiento estudiantil. Los centros de estudiantes resolvieron declararse en estado de alerta y asamblea permanente, marcando un punto de inflexión claro: ya no se trata solo de un reclamo puntual, sino de una defensa activa de derechos básicos dentro del ámbito universitario.
En este escenario, el acompañamiento fue contundente. Los Centros de Estudiantes LineAzul de las distintas unidades académicas se pronunciaron de manera firme y unificada, respaldando a los estudiantes y rechazando cualquier forma de intimidación. Desde la Facultad de Humanidades, la Facultad de Administración, la Facultad de EconomÃa y Negocios y la Facultad de Recursos Naturales, el posicionamiento fue claro: no hay lugar para el miedo en la universidad pública.
Este respaldo no es menor. Es la expresión concreta de una organización estudiantil que decide no mirar hacia otro lado y que entiende que cuando se amenaza a uno, se intenta disciplinar a todos. La unidad demostrada entre las distintas facultades fortalece el reclamo y expone la magnitud del malestar que atraviesa a la comunidad universitaria.
Cuando una estudiante es intimidada por alzar la voz, lo que está en juego no es solo su integridad personal. Se está poniendo en discusión el derecho mismo a participar, a opinar y a cuestionar. Se está tensionando el lÃmite entre autoridad y abuso.
El conflicto tuvo como detonante la situación del comedor, pero el trasfondo es mucho más profundo: arbitrariedad en las decisiones, falta de transparencia y medidas que afectan directamente a quienes más necesitan del sistema público universitario. Y cuando esos estudiantes reaccionan, se organizan y preguntan, la respuesta no puede ni debe ser el amedrentamiento.
Eso tiene un nombre. Y no es gestión.
Es una forma de ejercer el poder que busca desalentar la participación a través del miedo.
La universidad pública no puede convertirse en un espacio donde pensar distinto tenga consecuencias. No puede naturalizar prácticas que silencian en lugar de dialogar. No puede permitir que el temor reemplace al debate.
Con el estudiantado en estado de alerta y asamblea permanente, el conflicto entra en una nueva etapa. Una etapa donde la organización colectiva se planta frente a los hechos y exige garantÃas, respuestas y, sobre todo, respeto.
Porque cuando el miedo aparece, la respuesta no puede ser el silencio.
Y en la UNaF, los estudiantes ya dejaron en claro que no están dispuestos a callarse.
