El agua no se negocia: Postura del Partido Intransigente ante la reforma de la Ley de Glaciares
Desde el Partido Intransigente (PI) denunciamos que el proyecto para modificar la Ley N° 26.639 no es un hecho aislado, sino una embestida planificada por corporaciones mineras en complicidad con el Gobierno Nacional. Esta reforma, en sintonÃa con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), constituye un "combo" extractivista diseñado para desmantelar el piso de presupuestos mÃnimos que protege nuestras reservas hÃdricas estratégicas. El RIGI, al otorgar prioridades en el uso de energÃa y agua añ grandes capitales en caso de escasez, se complementa con esta reforma para garantizar que no existan lÃmites ambientales en las zonas de alta montaña.
Nuestra posición se fundamenta en el ArtÃculo 41 de la Constitución Nacional, que obliga a la Nación a dictar presupuestos mÃnimos para garantizar un a ambiente sano. La Ley vigente no vulnera el dominio originario de las provincias; por el contrario, establece un "piso" de protección que armoniza el federalismo ambiental. Intentar reducir la definición de glaciar o ambiente periglacial bajo una falsa promesa de "autonomÃa provincial" es, en realidad una estrategia de balcanización ambiental. Una provincia sola no puede negociar en igualdad de condiciones con corporaciones transnacionales; la fragmentación de las leyes nacionales solo debilita nuestra soberanÃa sobre el recurso más crÃtico del siglo XXI.
Desde una perspectiva cientÃfica y ecológica, rechazamos la pretensión de evaluar cada geoforma de manera aislada. Los glaciares y el ambiente periglacial funcionan como un sistema hÃdrico indivisible, destruir una parte afecta irremediablemente el todo. La reforma propuesta ignora el principio de progresividad y no represión ambiental, vulnerando tratados internacionales como el Acuerdo de ParÃs y el Acuerdo de Escazú, además de ignorar el Convenio 169 de la OIT sobre la consulta a los pueblo originarios.
La historia nos ha enseñado que las promesas de prosperidad ilimitada basadas en la flexibilización normativa suelen terminar en pasivos ambientales y ninguna transformación estructural. La cadena que vincula "autonomÃas provinciales" con "más trabajo" es una simplificación sin sustento: la minerÃa de gran escale concentra ganancias y extranjeriza decisiones mientras compromete el agua necesaria para el consumo humano y las economÃas regionales.
Para el Partido Intransigente defiende r la Ley de Glaciares es defender el derecho al futuro. No hay mayor inseguridad jurÃdica que comprometer la supervivencia de las próximas generaciones. Exigimos al Congreso de la Nación el rechazo total a esta reforma y bregamos por un modelo donde el desarrollo productivo se realice bajo el estricto cumplimiento de los controles ambientales vigentes. El agua es un bien común e indivisible, y su protección es un imperativo ético irrenunciable para nuestra soberanÃa nacional.
Mesa Directiva Nacional
Partido Intransigente
