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El agua no se negocia: Postura del Partido Intransigente ante la reforma de la Ley de Glaciares


Desde el Partido Intransigente (PI) denunciamos que el proyecto para modificar la Ley N° 26.639 no es un hecho aislado, sino una embestida planificada por corporaciones mineras en complicidad con el Gobierno Nacional. Esta reforma, en sintonía con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), constituye un "combo" extractivista  diseñado para desmantelar el piso de presupuestos mínimos que protege nuestras reservas hídricas estratégicas. El RIGI, al otorgar prioridades en el uso de energía y agua añ grandes capitales en caso de escasez, se complementa con esta reforma para garantizar que no existan límites ambientales en las zonas de alta montaña. 

Nuestra posición se fundamenta en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga a la Nación a dictar presupuestos mínimos para garantizar un a ambiente sano. La Ley vigente no vulnera el dominio originario de las provincias; por el contrario, establece un "piso" de protección que armoniza el federalismo ambiental. Intentar reducir la definición de glaciar o ambiente periglacial bajo una falsa promesa de "autonomía provincial" es, en realidad una estrategia de balcanización ambiental. Una provincia sola no puede negociar en igualdad de condiciones con corporaciones transnacionales; la fragmentación de las leyes nacionales solo debilita nuestra soberanía sobre el recurso más crítico del siglo XXI. 

Desde una perspectiva científica y ecológica, rechazamos la pretensión de evaluar cada geoforma de manera aislada. Los glaciares  y el ambiente periglacial funcionan como un sistema hídrico indivisible, destruir una parte afecta irremediablemente el todo. La reforma propuesta ignora el principio de progresividad y no represión ambiental, vulnerando tratados internacionales como el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú, además de ignorar el Convenio 169 de la OIT sobre la consulta a los pueblo originarios.

La historia nos ha enseñado que las promesas de prosperidad ilimitada basadas en la flexibilización normativa suelen terminar en pasivos ambientales y ninguna transformación estructural. La cadena que vincula "autonomías provinciales" con "más trabajo" es una simplificación sin sustento: la minería de gran escale concentra ganancias y extranjeriza decisiones mientras  compromete el agua necesaria para el consumo humano y las economías regionales. 

Para el Partido Intransigente defiende r la Ley de Glaciares es defender el derecho al futuro. No hay mayor inseguridad jurídica que comprometer la supervivencia de las próximas generaciones. Exigimos al Congreso de la Nación el rechazo total a esta reforma y bregamos por un modelo donde el desarrollo productivo se realice bajo el estricto cumplimiento de los controles ambientales vigentes. El agua es un bien común e indivisible, y su protección es un imperativo ético irrenunciable para nuestra soberanía nacional. 

Mesa Directiva Nacional

Partido Intransigente