Granada enfatizó que “la nueva planta de producción de dióxido de uranio debe terminarse”
El físico Rolando Granada, profesor emérito del Instituto Balseiro e investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), se refirió a una reciente publicación sobre la planta de la empresa Dioxitek en Formosa.
Primeramente, consideró “indispensable” manifestar su opinión respecto a conceptos vertidos en el artículo firmado por Blas Hoyos “por disentir con los mismos y en el entendimiento que se deben utilizar elementos técnicos básicos para el análisis”.
En ese sentido, en alusión al secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, citado en la nota por Hoyos, Granada afirmó que “es otro funcionario que arriba a un puesto clave a la cabeza de todo el sector nuclear argentino luego de colaborar en el sector de prensa de Karina Milei”, recordando que “pasó luego algunos meses como gerente general y presidente de Dioxitek, donde básicamente se dedicó a reducir la planta de personal según las premisas del Gobierno nacional”.
“Quienes conocemos desde adentro la situación de nuestro sector nuclear nos resulta sorprendente que tal persona esté al frente de toda la actividad nuclear argentina, con una historia riquísima de trabajo y logros en sus 75 años de existencia”, esbozó.
Como ejemplo, mencionó que, al referirse a Dioxitek, Nápoli afirmó que “a la fábrica de Alta Córdoba la encontró, destruida, sin equipamiento, desfinanciada, agregando que requirió mucho esfuerzo e inversión para su recuperación y que actualmente está plenamente operativa y que en el último año generó 190 toneladas de dióxido de uranio”.
“¿Así que la planta de Córdoba estaba destruida y en solamente seis meses de gestión la llevó a un máximo operativo récord? Absurdo”, planteó Granada, enfatizando que dicha afirmación “refleja la inocencia, la ignorancia o la intención de no expresar la realidad de la situación”.
Asimismo, en respuesta a la afirmación de Hoyos de que “el proyecto de Formosa es un ejemplo típico de la pobre gestión de proyectos que el sector nuclear argentino mostró hasta la fecha”, el físico formoseño hizo notar que “esta cita de la entrevista demuestra la arrogante ignorancia del secretario de Asuntos Nucleares y a quien el señor Hoyos considera en cambio que por haber sido presidente de Dioxitek por algunos meses ‘posee un conocimiento acabado de si situación y su futuro’”.
“La nueva planta de procesamiento de uranio de Formosa es un proyecto que avanzó hasta el desfinanciamiento a toda la actividad científica y tecnológica nacional durante el Gobierno de Mauricio Macri, y que se extendió por la incapacidad rampante del Gobierno de Alberto Fernández. La detención de la obra no fue fruto de un problema de su diseño o ingeniería, sino del flujo de fondos del Estado nacional”, dilucidó.
Respecto de la aseveración que hiciera Hoyos sobre una supuesta “expulsión” de Dioxitek de Córdoba, Granada esclareció: “Luego de la rezonificación que hiciera esa ciudad, que implicó que varias plantas industriales situadas en la zona resignificada tuvieran que desplazarse, se buscaron lugares no muy alejados para la instalación de una nueva planta a fin de mantener la dotación de personal”.
“En varios de los sitios interesantes, el lobby sojero impidió que CNEA radicase la nueva planta aduciendo cuestiones ambientales, cuando en realidad las napas de esas zonas estaban ya afectadas por productos químicos empleados por la agroindustria”, clarificó.
Y prosiguió al referirse a la materia prima, apuntando que lo dicho por Hoyos sobre el diuranato de amonio “es incorrecto”. “El yellow cake contiene entre un 80 y 90% de uranio, que luego es procesado químicamente para obtener el dióxido de uranio. Se necesita entonces entre 1.1 y 1.2 kilos de yellow cake para producir un kg de UO2. Si se quisiera obtener este dióxido enriquecido en 235U al 3.5% se necesitarían entre siete y diez veces más de yellow cake para obtener un kilo del dióxido enriquecido”, explicó el especialista.
“La planta de procesamiento se optimiza para minimizar las pérdidas de uranio, así que expresar que el residuo es nuclear y altamente contaminante es otro absurdo –aclaró-. La planta de Formosa está diseñada para generar amoníaco solamente como resto del proceso”.
Seguidamente, calificó de “tendencioso” por parte del autor de la mencionada nota que “olvide mencionar que se realizaron audiencias públicas en Formosa, en el Galpón “C”, en julio de 2014, donde se presentaron y discutieron los estudios de impacto ambiental correspondientes”.
Así también, Hoyos “olvida mencionar que en noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló respecto a la denuncia que presentó, señalando que no se había demostrado un daño actual o inminente ni una afectación diferenciada respecto del resto de la población, en tanto no se describió el daño concreto temido que la diferencie del resto de la población circundante de la provincia”.
Y agregó que el máximo Tribunal del país “destacó que las tierras destinadas a la instalación de dicha planta eran originalmente de propiedad privada y fueron adquiridas por la provincia a un particular mediante un proceso expropiatorio y que se dio publicidad al proyecto en forma previa a su inicio a través del procedimiento de audiencias públicas”.
Del mismo modo, “también consideró que el proceso de evaluación ambiental provincial había cumplido con los requisitos legales y que la actividad desarrollada por Dioxitek S.A. se enmarca en una política federal nuclear de interés público y estratégico, regulada por la Ley 24.804 de la actividad nuclear”, rememorando que “en consecuencia, el máximo Tribunal rechazó la acción de amparo con costas, siguiendo el dictamen de la Procuración”.
“La nueva planta de procesamiento de uranio de Formosa no es un proyecto provincial, sino que es parte de la obra pública nacional”, aseveró el doctor Granada, quien lamentó que “su detención por falta de presupuesto asignado a esta obra ha sido decisión de Gobiernos nacionales, que han minimizado la importancia de continuar con el desarrollo nuclear argentino, particularmente cuando es realizado fuera del centro de decisiones. Su detención actual no es pues una estafa a los formoseños, sino una afrenta al federalismo en la asignación de recursos”, concluyó.
