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Advierten sobre el impacto regresivo de eliminar la ampliación de zonas frias y reclamaron equidad energética para las regiones cálidas


- Gialluca afirmó que, reconocer las Zonas Cálidas no significa contraponer beneficios, sino dar continuidad a un esquema de justicia territorial: así como el Estado reconoció la necesidad de calefaccionar hogares en invierno, debe reconocer la urgencia de garantizar acceso a energía eléctrica accesible en verano para todo el Norte Argentino-

Desde la Asociación de Defensoras/es del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), se expresó profunda preocupación ante la propuesta incluida en el proyecto de ley que fija el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 2026 que pretende, a través de sus artículos 71 y 72, sustituir el artículo 3° y derogar los artículos 4°, 5°, 6°, 7° y 8°, respectivamente, de la Ley Nacional N° 27.637 sancionada en el año 2021, lo cual implica –lisa y llanamente– la eliminación de la ampliación del régimen de Zonas Frías. Dicha ley instaura un régimen orientado a equilibrar el costo de vida de los hogares situados en regiones donde las bajas temperaturas superan la media del resto del país, lo que significa que, en los inviernos, también superan el promedio en el consumo de gas. De esta manera, la denominada “Ley de Zona Fría” representa la formal respuesta a la histórica lucha de numerosos usuarios, asociaciones de consumidores y usuarios, Defensorías del Pueblo y ciudades afectadas ante la necesidad de un cuadro tarifario diferenciado para regiones azotadas por temperaturas más bajas, con su inevitable correlato  en  el  exponencial  incremento  en  el  consumo  de  gas  y  su  impacto  en  las  economías familiares, principalmente durante los meses otoñales e invernales de mayo a septiembre. La mentada legislación permitió que más de 4,2 millones de usuarios en todo el país accedan a descuentos en la factura de gas, alcanzando a hogares de 90 municipios bonaerenses y de provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis. Estos beneficios consisten en rebajas del 30 % en la tarifa plena y del 50 % para familias en situación de vulnerabilidad social (jubilados, beneficiarios de AUH, monotributistas sociales). Su financiamiento se garantizó a través de un fondo fiduciario creado con un recargo mínimo en el precio mayorista del gas (PIST), mecanismo solidario que permitió equilibrar asimetrías sin impacto presupuestario directo. Somos todos los usuarios del servicio de red de gas natural quienes solidariamente contribuimos a través de un recargo adicional en nuestras facturas. Por otra parte, siendo el gas un servicio público nacional, pedir desde el Estado una política de menor consumo a los usuarios frente a tan particulares condiciones de habitabilidad a fin de obtener una tarifa más económica, resulta restrictivo del derecho a la dignidad que hace posible este servicio tan esencial. El proyecto también introduce cambios que resultan preocupantes: fija un tope del 7,5 % al Fondo Fiduciario, habilita su utilización para otros destinos y concentra facultades de asignación en la autoridad nacional, abriendo un margen de discrecionalidad que amenaza con desfinanciar la protección a los usuarios residenciales.

 La experiencia de las Zonas Frías validó que es posible diseñar políticas públicas que reconozcan las particularidades climáticas y sociales, y que hagan más justo y accesible el acceso a la energía. Esa conquista, motorizada en parte por las Defensorías del Pueblo, debe preservarse y servir como punto de partida para ampliar el criterio de equidad. En este sentido, resulta urgente avanzar en una demanda que hace años viene planteando con firmeza ADPRA, como es la sanción de una Ley de Zonas Cálidas, que contemple las necesidades de millones de habitantes del norte del país, donde la temperatura promedio durante meses enteros supera los 50 grados y donde la electricidad es la única fuente energética disponible.

 La ausencia de un régimen diferencial en estas regiones implica que miles de familias deban destinar una parte desproporcionada de sus ingresos al pago de la energía eléctrica, sin alternativas posibles de refrigerarse y vivir dignamente. Por todo ello, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, hemos exhortado al Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo y a los organismos competentes a: * Revisar cualquier iniciativa que implique retrocesos en materia de equidad energética, como la eliminación de la ampliación de Zonas Frías, y solo resolver su modificación sobre la base del Principio de Progresividad y No Regresión. * Impulsar el debate y sanción de una Ley de Zonas Cálidas que asegure acceso asequible y justo a la electricidad en las regiones más cálidas del país.