Ante las declaraciones delirantes del juez, con aspiraciones políticas y ahora diputado tras el fallo de la Corte Suprema, los formoseños queremos aclarar algunos puntos.
En primer lugar, la legitimidad del Dr. Gildo Insfrán para ejercer la función de gobernador proviene del respaldo del 70 % de los votos de los formoseños. Es importante recordarle que, en un sistema democrático, los gobernantes son elegidos por el voto popular. No se accede a ese cargo por voluntad propia ni por ambición personal, ni mucho menos por la decisión de individuos ajenos a la realidad del pueblo que operan tras grandes escritorios. El Dr. Insfrán es gobernador porque los formoseños respaldan su gestión y desean que nuestra provincia siga avanzando bajo su conducción.
Cuánto le cuesta a la oposición reconocer la figura política del gobernador y la confianza que le brinda el pueblo formoseño hasta el punto de cuestionar y repudiar su deliberación democrática.
En segundo lugar, en 2023, durante las elecciones provinciales, nuestra Constitución permite la reelección para el cargo de gobernador. De hecho, el juez, hoy diputado, se presentó como candidato a gobernador dentro de su espacio político, acatando dicha normativa vigente. Los formoseños decidieron respaldar la gestión del Dr. Gildo Insfrán y rechazar la candidatura a gobernador del ex juez subrogante, porque somos un pueblo esclarecido que sabe distinguir entre quienes realmente trabajan por su bienestar y desarrollo, y quienes no.
La oposición, ante la imposibilidad de ganar las elecciones al Dr. Insfrán, es capaz de recurrir a prácticas antidemocráticas fuera de la voluntad soberana de pueblo recurriendo a cualquier tipo de argucias para justificar su ineptitud y odio.
Es decir, el Gobernador Insfrán posee tanto legitimidad democrática - electoral, tal como lo reflejan los resultados de las últimas elecciones, y legitimidad legal - constitucional, ya que dichas elecciones se realizaron conforme a lo dispuesto por la Constitución y las leyes del sistema político vigentes.
Ahora, tras el fallo de la Corte, este personaje intenta retrotraer la aplicación de esa normativa. Tal planteo es un disparate desde el punto de vista jurídico, una interpretación manipuladora que revela su verdadero deseo de que otros le otorguen el poder que los propios formoseños le negaron mediante el voto. Por interpretaciones delirantes como estas, nuestra provincia sufrió la lamentable pérdida de 1.200 vidas durante la pandemia de Covid, debido a su irresponsabilidad.
