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El Senado aprobó una nueva prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena


El Senado aprobó hoy una nueva prórroga por cuatro años de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, con la cual se suspenden los desalojos de comunidades de pueblos originales de los predios que ocupan y de las acciones legales que se sustancien en sentido similar.

 El jefe del bloque de senadoras y senadores nacionales del Frente de Todos, José Mayans, respaldó la iniciativa y afirmó que la norma implica “un reconocimiento y una reparación a los comunidades originarias”. 

También, indicó que “con la implementación de esta ley, ya tenemos reconocidas treinta y dos  pueblos indígenas, divididos en 1600 comunidades y hubo un reconocimiento de casi seis millones de hectáreas”, al reseñar los efectos positivos de la normativa en cuanto al relevamiento de las comunidades originarias existentes y las tierras que ocupan .

  Al mismo tiempo, repudió los episodios de violencia y quema de instalaciones que se vienen registrando en la Patagonia. Y aclaró:“No compartimos para nada la acción violenta. Pero no podemos echarle la culpa a todas las comunidades aborígenes de esos hechos aislados”. De esa manera, salió al cruce de los intentos de algunos senadores de oposición de infiltrar en el debate parlamentario los sucesos referidos, cuyos autores todavía no fueron identificados por las respectivas policías provinciales.   

  “Esta ley es una reparación, como se dijo en el recinto. Todos sabemos lo que hizo el colonialismo. Desde la llegada de Colón, en cien años, hicieron desaparecer el 80 por ciento de las comunidades originarias, fue un verdadero genocidio”, remarcó el formoseño y cuestionó la vieja mirada que instala la idea de civilización o barbarie y sus consecuencias históricas. Al hacer un recuento histórico, recordó que “en la Constitución del 49, Perón reconoce a las comunidades como parte de la Argentina, que hasta ese momento eran invisibles”. Por eso defendió la ratificación de la prórroga porque entendió que se trata de una decisión “plena justicia” y tiene que ver “con  darle a cada uno lo que corresponde”, señaló.

 La autora de la iniciativa, la senadora salteña Nora Giménez destacó la importancia de la ley y expresó su deseo de que “esta sea la última prórroga” de este tipo que se discuta en el país. Así, destacó la necesidad de completar “los relevamientos técnicos” de comunidades y tierras para, luego, avanzar en “la definición de la tierra comunitaria para el otorgamiento definitivo de las mismas” a los pueblos indígenas. Según la parlamentaria, se debe continuar con el registro para luego normalizar la propiedad de los predios ocupados de manera tradicional por parte de las comunidades originarias.

“Es una responsabilidad, como políticos y del Estado, dar las herramientas para la resolución de esta problemática”, añadió la senadora peronista por Salta, al defender la tercera prórroga de la ley 26.160, aprobada en 2006. Reseñó que, con esta medida, se promueve “la suspensión de los desalojos y de las acciones legales para el desalojo”.

   Según la legisladora, para los pueblos originarios el acceso y el derecho a sus tierras es “lo más preciado que reconocen y valoran desde su cosmovisión”. Así como “el derecho a la tierra, al agua, a la alimentación, a la salud, a la educación”, completó la senadora. 

Su par neuquina Silvia Sapag también respaldó la iniciativa, y opinó que es “necesario votar esta prórroga y contener los desalojos, porque se precisa minimizar los conflictos”.  Además, recordó el reconocimiento de derechos que, en su momento, su padre, Felipe Sapag, como gobernador de la provincia de Neuquén, hizo a los pueblos originarios. Desde entonces, aseveró, los pueblos originarios se convirtieron y tomaron conciencia de ser “sujetos de derecho” y, por eso, ahora “saben que pueden reclamar por lo que merecen, les pertenecen y por el lugar en que sus ancestros vivieron”.

El chubutense Alfredo Luenzo cruzó al opositor macrista Ernesto Martínez. “En este recinto de la democracia es grave emplear la palabra terrorismo, la palabra subversivo”, advirtió el chubutense y acusó “a la derecha” de buscar instalar “la idea del enemigo interno” y promover así temor y zozobra en la sociedad. “La derecha busca instalar el concepto de que con el terrorismo no se negocia”, advirtió y recordó que, ese tipo de miradas, terminan con sucesos como los ocurridos, durante el gobierno de Cambiemos, con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

   “El problema en la Patagonía no pasa por las comunidades aborígenes, que están organizadas e integradas. Sí hay un grupo minúsculo, que son delincuentes y deben ser juzgados por la justicia”, señaló, al referirse a los hechos de violencia. Pero rechazó los intentos del opositor de mezclar los temas y de oponerse a la sanción de la Ley, con argumentos que daba vía libre a la acción de los grupos violentos. “Le quiero decir al senador Martínez y a a muchos que permanente agitan la invasión del indio en la Patagonia, hablan de la ocupación de extensos territorios que les pertenecen a los argentinos, que el problema no pasa por los pueblos originarios”, insistió.

  Coincidió con sus compañeros de bancada en que la iniciativa es“una reparación histórica que tiene décadas sin poder solucionarse”; y aseguró que “bajo de ningún punto de vista esta prorroga es para darle reconocimiento a grupos minúsculos, que no se sabe donde provienen”. 

   A su turno, el salteño Sergio Leavy explicó la necesidad de aplicar la normativa. “Este tipo de ley, cuando no son aprobadas y no son aplicadas, terminan con un costo de vidas”, alertó. Y desligó al gobierno nacional de la demora en el registro de comunidades.

“Si una provincia no avanzó con este proceso de entrega de tierras y de identificación, y de ubicación, después tenemos consecuencias”, añadió.

  El chubutense Juan Mario Pais salió a responder las críticas opositoras, al indicar que “esta ley 26.160 no ha concluido, y lo reconocen tanto el oficialismo como la oposición, y por eso están las prórrogas”. Con ella, aseguró, lo que se hace es cumplir con la manda constitucional de resolver la problemática de los pueblos originarios. “Esto que nos manda la Constitución de ninguna manera constituyó una afrenta ni propicia delito, ni impide que un juez de la nación actúe”, concluyó.