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El Senado dio sanción definitiva a la Ley que reduce las tarifas del gas en zonas frías del país


El Senado dio, hoy, sanción definitiva a la ley que rebaja las tarifas del gas para residentes de las llamadas zonas frías país entre el 30 por ciento y el 50 por ciento, incluye a nuevas zonas geográficas y a más de tres millones de beneficiarios, con lo cual llegan a casi cuatro millones los hogares que recibirán la mejora.

La iniciativa incorpora a distintas zona de siete provincias que no estaban comprendidas por el beneficio en la normativa vigente. Ahora, son 17 las provincias alcanzadas, que tendrán una disminución de entre el 30 por ciento y el 50 por ciento el valor de la tarifa del gas domiciliario.

Con la ley anterior, el beneficio llegaba a 849.965 usuarios y, con la norma votada esta madrugada, se suman 3.149.108. Es decir, un total de 3.999.073 usuarios. Sólo en la provincia de Buenos Aires, son 1.200.000 los hogares que serán incluidos para la reducción tarifaria, sobre 90 municipios bonaerense, y, como correlato, pagarán el 71 por ciento menos de lo que tendrían que pagar con el esquema tarifario del gobierno de Mauricio Macri. De esa manera, el oficialismo busca hacer un país más justo, más equitativo y más federal. 

El jefe del bloque de senadores y senadoras nacionales del Frente de Todos, José Mayans, respaldó la iniciativa y afirmó que se trata de “un proyecto que cumple con el derecho social de las personas, es una cuestión de derechos humanos”. Además, dijo que el FdT debe tener “una visión general del país” y “un plan de desarrollo estratégico como lo tuvo el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, para que cada ciudadano argentino, viva donde viva, pueda utilizar los servicios públicos”. 

  En ese sentido, recordó que en su provincia quedó demostrado que “cuando se hicieron las obras públicas necesarias, la situación cambio para mejor”.

  En cambio, volvió a recordar que la gestión macrista paralizó una obra estratégica como el gasoducto del Norte, proyectado e iniciado por la administración kirchnerista, que iba a beneficiar a seis provincias argentinas, cuando tenia el 82 por ciento de ejecución. Pero, remarcó que con la llegada al gobierno de Alberto Fernández la obra se reactivó.

  Indicó que desde la oposición insisten con decir que el tarifazo de Macri fue “un sinceramiento de tarifas”, pero afirmó que “en el gobierno de Macri hubo una feroz devaluación y una dolarización de los servicios públicos”.

   Acusó a la legisladores de Juntos por el Cambio de justificar, aún hoy y pese el fracaso ocurrido, “las políticas de Macri”. Pero, insistió: “Solamente en el año 2019, las empresas energéticas fugaron 7.500 millones de dólares”.

  También, consignó que la ley aprobada lo que hace es prorrogar un fondo fiduciario y rechazó que se trate de subsidios, como se afirmó desde la oposición, al marcar que se hacen afirmaciones inexactas. Y añadió: “Se oponen porque estamos en tiempo electoral”. 

  Volvió a comparar con la gestión anterior, al señalar que en ese período “colapsó el esquema de consumo” y que la respuesta del gobierno de Macri fue dar “tres cuotas” para pagar las facturas de los servicios, cuando el entonces bloque oficialista de Cambiemos le fue a plantear al ex mandatario el problema del aumento desmedido de tarifas.

   Dijo que desde la oposición “no son capaces de reflexionar que el programa de Cambiemos destruyó la economía nacional” y que “les molesta que haya un programa de gobierno que proponga tarifas justas y razonables”. “Que le pregunten a los trabajadores, a los jubilados, si las tarifas del gobierno de Macri eran justas, razonables y necesarias”, azuzó.

  Luego, aseveró que el proyecto convertido en ley se basa en el principio de “buscar más justicia para nuestra patria”, así como “fortalecer el salario del trabajador” y “hacer una política en la que realmente pueda crecer la oferta energética”.

La vicepresidenta de la bancada FdT, Anabel Fernández Sagasti, consignó que “esta ley nos hace accionar desde un reclamo a un hecho efectivo” y opinó que quienes ejercen representación popular deben “hacer acciones positivas para que este Congreso de la Nación garantice y amplíe derechos”. “Es tiempo, estoy convencida, de priorizar los intereses y las necesidades de las mayorías y no de unos pocos, cómo pasó hace menos de dos años en la República Argentina, a costa del sufrimiento de los más débiles”, apuró la mendocina.

   También, expresó su asombro por “la falta de empatía y de sensibilidad con lo que pasa con el que tenemos al lado”, demostrado por la oposición. Y tras indicar que la normativa va a permitir un sistema que garantizará que trece millones de personas puedan tener un precio justo en la tarifa por vivir en una zona fría, aclaró que su provincia, Mendoza, pasará de tener un universo “de 7.000 usuarios que perciben el beneficio a 450.000 hogares”, de los cuales, 350.000 tendrán una descuento del 30 por ciento en la tarifa de gas y otros 50.000, del  50 por ciento. 

   Consideró que esto significará “beneficios directos e inmediatos” en la provincia. Dijo que el ahorro será, en el caso de quienes tengan una rebaja del 30 por ciento, de 6.000 pesos al año y, para los de 50 por ciento, de 11.000 pesos, lo que significará un total de 2760 millones de pesos anuales que se inyectarán “al consumo interno de la provincia”.

  “Claramente, hay dos modelos de mirar la complejidad del sistema energético”, desafió la senadora y dijo que con esta decisión el oficialismo está cumpliendo “con la plataforma electoral, sostenemos que el servicio de gas es un derecho social, no una mercancía”.

El presidente de la comisión de Minería, Energía y Combustible, José Uñac, defendió la iniciativa y apuntó que es “una enorme satisfacción tratar este proyecto de ley que amplia el universo de beneficiarios y beneficiarias del régimen de zona fría”.    Recordó la norma que impulsada por el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner y tuvo el acompañamiento de varios legisladores y legisladoras.

 La ley prorroga por diez años un fondo fiduciario del régimen patagónico que se utiliza para compensar la rebaja de tarifas y se conforma por un cargo que pagan todos los usuarios del servicio.

  “Este ahorro de impacto directo en la economía de las familia será una alivio en los bolsillos; y podrá ser destinado a los gastos básicos para la mejora de la calidad de vida”, explicó el sanjuanino que contó que en su provincia el beneficio impactará en 109.000 hogares.

  “Hoy damos un paso más en la construcción de un país federal y en la concreción de un modelo social inclusivo, ya que se busca atender las desigualdades que afectan a las distintas regiones geográficas”, sentenció Uñac. Y consideró que con esta ampliación del régimen de zonas frías alcanza a millones de usuarios castigados por “los aumentos escandalosos ocurridos a partir del año 2016 al 2019”. 

  La puntana María Eugenia Catalfamo, sostuvo que la sesión es “muy importante” para su provincia, San Luis, porque con él se logra incorporar a “gran parte del territorio, al 70 por ciento de la población, a este régimen de zona fría”. “Este proyecto no sólo busca regular las tarifas y los servicios públicos, sino es como una declaración de principios. Por un lado, considera el acceso al gas como un derecho humano y, por otro, busca revertir el estrago que provocó la gestión tarifaria macrista”, opinó.Y remarcó que, con “el llamado sinceramiento tarifario”, el precio del gas residencial aumentó más del 250 por ciento y el costo del gas comercial subió 1.500 por ciento.

  A su turno, el senador por Chubut Mario Pais consideró que se trató de “un proyecto trascendente e importante que va a irradiar beneficios para millones de usuario de un insumo esencial”. Dijo que no se trata de un subsidio sino de prorrogar un fondo compensador que se financia con un cargo que pagan todos los usuarios del servicio incluso los que se benefician con la rebaja. “Se busca mitigar la contingencia del frío, la desigualdad natural que viven en las zonas frías del país, donde hace falta invertir más calorías para calefaccionarse”. 

 El pampeano Daniel Lovera postuló que la ley “tendrá impacto inmediato en la vida de las familias argentinas y en medio de un contexto económico muy complejo”. “Como sabemos, en los hogares de menores recursos gran parte de los ingresos se usan para la compra de alimentos, pero, desde el año 2016 en adelante, las tarifas de servicios públicos han ido ganando mayor proporción y consumieron parte de los ingresos por los tarifazos desmedidos, que han sido avalados por la gestión de Cambiemos”. Además, reseñó esos incrementos también afectaron a las pequeñas y medianas empresas. 

  La salteña Nora Giménez reivindicó que en su provincia, Salta, se pasó de menos de 1.000 usuarios a 120 mil beneficiados por los cambios votados. 

  El puntano Adolfo Rodríguez Saá se expresó “realmente sorprendido” por el tono de los discursos de los senadores de Juntos por el Cambio. “Los que acaban de dejar el gobierno y se han ido con un fracaso bastante grande, como los anteriores de la Alianza que tienen el mismo origen y se fueron porque no supieron gobernar bien, nos explican a nosotros cómo gobernar”, se quejó. E insistió que “estamos hablando del agua caliente para bañarse, para que los chicos vayan a la escuela y los hombres y las mujeres vayan a trabajar. Hablamos de la calefacción elemental para tener una calidad de vida, de cocinar, no hablamos de otra cosa”, dijo al explicar de qué se trata la legislación aprobada. 

El fueguino Matías Rodríguez refirió que Máximo Kirchner había señalado que la iniciativa “viene a recuperar el concepto de servicio público” y aclaró que “ese concepto se había perdido con el gobierno anterior”. “Cuando alzábamos la voz y pedíamos que pararan con eso castigo al pueblo argentino, que era el aumento de tarifas de más del 2000 por ciento, la respuesta del gobierno fue que la facturas de gas la paguen en cuotas”, apuntó.

   A su turno, el bonaerense Jorge Taiana comentó que la norma “amplía la geografía y la población que va a recibir el beneficio”. “A los 79 departamentos que tiene el régimen vigente y que alcanza a 849.000 hogares, vamos a sumar 151 departamentos con 3.140.000 para llegar a 230 departamentos con prácticamente cuatro millones de beneficiarios”, contabilizó.

   Su par salteño Sergio Leavy dijo que la situación “exige a los legisladores tener una mirada dual: por un lado, trabajar con cuestiones sensibles de la sociedad para mejora la calidad de vida de todos los argentinos, y, por otro, tener una mirada hacia el futuro para la protección de aquellos derechos humanos que son cada vez más relevantes”.

   La santacruceña Ana María Ianni estimó que “hoy las zonas frías se sienten más amplias” con la medida. “Esto es un acto de justicia para quienes, durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, fuimos ninguneados y burlados por dar esta pelea”, añadió.