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“Gildo Insfrán guió a la provincia a brindar herramientas concretas para la lucha frontal contra el narcocrimen”

“Es contradictorio pretender involucrar al gobernador, cuando fue quien guio a la provincia a brindar concretas herramientas en la lucha frontal contra el narcocrimen” subrayó.

El doctor José Luis Molina, Juez del fuero contra el Narcocrimen local, se refirió a las declaraciones de la diputada nacional Mariana Zuvich (Coalición Cívica) en un programa televisivo porteño, donde vinculó al Gobernador Gildo Insfrán, a las redes de narcotráfico  

En ese sentido el magistrado explicó, a partir de elementos concretos y objetivos, la política criminal llevada adelante en la provincia de Formosa, en relación a esta problemática social, como lo es la droga-dependencia y el narcotráfico. 

Dijo que el análisis de esta temática debe tomarse desde la responsabilidad social que implica, con elementos objetivos y reales y “no meras enunciaciones rimbombantes que a lo mejor sirven desde un aspecto de la política partidaria”.

 “A partir de la sanción de la Ley 23.737, se faculta a las provincias con la posibilidad de asumir la competencia, investigación y el juzgamiento de ciertos delitos que involucran estupefacientes, es decir se produce lo que se denomina desfederalización de delitos, que anterior a esta, dependían exclusiva y excluyentemente de la justicia federal” señaló.

En este contexto, destacó la importancia de la decisión y acción política por parte del Gobernador Insfrán, desde el momento en que la provincia de Formosa presenta un proyecto de ley, que luego es aprobado unánimemente por los integrantes del cuerpo legislativo provincial, creándose así la ley Nº 1627 de narcomenudeo, por la cual se asume  la potestad para el entendimiento y juzgamiento de delitos contemplados en la ley nacional de estupefacientes.

“Hay interés, preocupación y ocupación por parte del Ejecutivo provincial, por su decisión política de crear un área específica, como es el fuero contra el narcocrimen, para combatir este tipo de prácticas” declaró. 

Con esta medida, el Estado provincial brinda una herramienta a fin de coadyuvar y aumentar la eficacia en la persecución penal, poniendo énfasis en las etapas de distribución y comercialización a menor escala de estupefacientes, con el fin de proteger a la sociedad formoseña.

Y avanzó destacando que “nuestros representantes estuvieron a la altura de la circunstancias y nos brindan herramientas a la provincia para poder combatir y complementar el trabajo, que quizás antes no se venía haciendo con tanta eficacia, por la posibilidad de la inmediatez de los juzgados provinciales”, ya que, remarcó que el último eslabón de la cadena que compone el narcotráfico, es decir el microtráfico  donde se produce la distribución y comercialización, es lo que trae consecuencias gravísimas con daños irreversible perforando el tejido social y, luego ya es muy difícil retrotraer esta situación. 

Labor articulada

En lo que respecta a la modalidad de trabajar, recalcó que hay un nexo entre la justicia federal y la justicia provincial, produciéndose una labor articulada. 

“La política criminal de la Provincia de Formosa está orientada a atacar al que vende la droga, el que provee y lucra con esto, poniendo en riesgo la salud y vida de los más jóvenes y de la sociedad en general” consideró. 

Además, puso de relieve la creación del Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA), lo que evidencia la ocupación para combatir la estigmatización al drogadependiente y lograr, a partir de la asistencia y acompañamiento, su reinserción a la sociedad. 

Respecto a la situación fronteriza de la provincia, por su ubicación geográfica explicó que “no se pueden tener conclusiones simplistas porque por un lado tenemos una realidad dinámica, y por otro una realidad compleja, y hay que poner especial atención en este tipo de delitos” expresó refiriéndose al narcotráfico.

Para finalizar Molina repudió este tipo de declaraciones, donde se demuestran intereses meramente políticos partidarios, que juzgan sin elementos objetivos, absurdamente sin ningún tipo de sustentos, y con una falta de respeto irrestricto a la Constitución provincial.

Además consideró que “resulta absolutamente contradictorio querer involucrar a una autoridad del estado, en este caso al gobernador Gildo Insfrán, quien guió a la provincia a brindar herramientas concretas para la lucha frontal contra el narcocrimen”, sentenció.