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La prórroga de la moratoria jubilatoria de Macri es exclusión social

El Plan de Inclusión Previsional, también conocido como moratorias previsionales o "jubilaciones de amas de casa" se basan en dos leyes: Ley 24.476 (modificada en 2005) y Ley 26.970 (de 2014). Esta abarca el periodo que va desde 1955 a 2003 desde los 18 años de edad. Consiste en un plan especial para incluir a personas que no alcanzaban los requisitos para jubilarse, permite recibir una jubilación y después pagar en cuotas los aportes adeudados.

Este Plan ha permitido que desde 2005 en adelante, más de 3,3 millones de personas más se hayan podido jubilar (duplicando el nivel de jubilados que existían en 2003) y que trabajadores que han padecido durante el ejercicio de su actividad laboral el drama de la informalidad, por no haber podido realizar aportes o porque sus empleadores no hubieren realizado las contribuciones sociales correspondientes, hayan podido alcanzar una vejez digna. Y dentro del mismo Plan, el 86% de quienes ingresaron en la moratoria han sido mujeres.

En sintonía con los pedidos que el Fondo Monetario Internacional le hiciera en su momento al Gobierno del presidente Mauricio Macri, le dio “recomendaciones” (reducir "el tamaño de los beneficios" que recibe cada persona en su jubilación, extender la edad jubilatoria y reformar el sistema previsional) que acompañaron a las negociaciones de la toma del crédito Stand By de US$ 56 mil millones. En los últimos días y en medio de un largo proceso y lucha de los gremios para frenar la finalización de la moratoria previsional, el Gobierno confirmó la extensión para las mujeres mayores de 60 años que quieren acceder a una jubilación y no tienen todos sus aportes regularizados. El plazo vencía el próximo 23 de julio según el cronograma de Anses, pero decidieron prorrogarlo por tres años.

Esta extensión evitó que la oposición trate el tema en el Congreso. Pero lo polémico gira en torno a una serie de puntos por el carácter de exclusión social que tienen los mismos.

La prórroga incluye una evaluación socio-económica de las mujeres que pueden acceder a esta moratoria y no incluye a mujeres que no hayan realizado algún tipo de aporte. Esto significa que la moratoria deja de ser universal y solo quienes estén en una situación de alta vulnerabilidad podrían acogerse.

Otro punto que demuestra lo selectivo y excluyente de la moratoria es la fecha de corte que se mantuvo en el último día del año 2003. La Ley de moratoria permitía que aquellas mujeres con edad de jubilarse, pero sin los 30 años de aportes realizados, se pudieran jubilar pagando en cuotas (descontadas de su jubilación) aquellos años en que su empleador no le realizó aportes o que nunca tuvo por realizar trabajo no rentado como el de las amas de casa.

Una mujer que llega este año a la edad jubilatoria (60 años) ya tiene que demostrar al menos 4 años de aportes efectivos para poder acogerse a la moratoria. Si empezó a trabajar en 1977, cuando tenía 18 años, tendría que haber tenido a diciembre de 2003 (fecha de corte para la moratoria) 26 años de aportes y le faltarían todavía 4 años para llegar a los 30 establecidos por ley. Los primeros 26 años los puede ingresar a la moratoria, pero no los últimos 4 que son posteriores a la fecha de corte.

Ahora al disponer de una prórroga de la moratoria sin correr la fecha de corte, una mujer que cumpla 60 años en 2022, deberá tener al menos 7 años de aportes efectivos para poder acogerse a la moratoria ahora extendida.

Este nuevo gesto del Gobierno Nacional en detrimento de nuestros adultos mayores, abona a la ya cruda realidad de las mujeres en el ámbito laboral. Y según proyecciones, sumaría a las poco favorables condiciones para con la mujer en el ejercicio laboral, 2 puntos más de desocupación, 20 puntos menos de tasa de actividad económica, 6 horas por día menos de trabajo no remunerado y 3 puntos más de trabajo informal.

La prórroga de la moratoria jubilatoria del Gobierno de Macri es exclusión social y en definitiva, las amas de casa ya no podrán jubilarse al no tener manera de alcanzar los 4 años de aportes efectivos. Y la carga a demostrar de quienes quieran acceder a una jubilación digna irá en crecimiento y será más pesada conforme a los años que transcurran desde este 2019 en adelante.

Lucas Rodríguez
Miembro del Instituto de Economía Popular Formosa