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La Fiscal de Estado considero imperioso celeridad judicial en planteo contra tarifazo

La Fiscal de Estado, Stella Zabala de Copes, ratificó que la provincia de Formosa formalizó la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación del pedido de inconstitucionalidad

Explicó que la provincia de Formosa promovió la acción de amparo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidiendo la declaración de nulidad y de inconstitucionalidad de la resolución 366/18 de la secretaría de Energía de la nación. “Se pidió además la medida de no innovar y se ofreció todas las pruebas del caso.”, detalló.

Zabala de Copes puntualizó que la provincia se dirigió directamente a la Corte Suprema ya que es justamente esa institución la que “tiene competencia originaria en estos temas” puesto que lo que se está promoviendo es una demanda contra una oficina del estado nacional.

La funcionaria dejó en claro que lo que concretamente se está pidiendo es “obtener una declaración judicial de inconstitucionalidad respecto de esas regulaciones ya que consideramos que se constituye una violación de todos los preceptos normativos tanto de la Constitución Nacional como de los tratados internacionales y leyes nacionales, además de afectar la economía particulares de todos los usuarios de la provincia.”

Hizo hincapié en que la provincia realizo la presentación “para ampararse, amparar a todos los usuarios y consumidores de todos los ciudadanos de la provincia” y advirtió que “un rechazo de esta medida pondrá en jaque el desenvolvimiento de las instituciones ya que regularidad y continuidad del servicio público de la provincia a esos precios implica exfoliación del patrimonio provincial.”

En ese sentido se explayó diciendo que la provincia tiene que ocupar recursos destinados a otros fines para solventarlos, como es el caso del subsidio provincial “Esfuerzo formoseño”, el programa provincial implementado para acudir en defensa y protección de los pequeños usuarios que paga una suma mensual de 40 millones de pesos para subsidiar los costos de la incidencia directa o indirecta del valor de la tarifa eléctrica.

La Fiscal de Estado, también resaltó que todos los ciudadanos deben destinar grandes sumas de dinero para pagar estas erogaciones, por lo cual consideró que debe acudirse con “suma rapidez” para subsanar estas cuestiones por el más alto tribunal del estado nacional.

Ratificó que se plantearon dos cuestiones esenciales: la primera de ellas es que se retrotraiga los precios de la energía al periodo comprendido desde 1 de noviembre de 2018 al 31 de enero del 2019 como lo establecía la disposición 27/18. La segunda cuestión es que se evite cualquier otro aumento que pueda implicar una nueva derogación.