Días atrás, el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a 52 universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), por supuesta malversación de caudales públicos a partir de una información publicada por un diario porteño y que se refiere a 747 millones de pesos distribuidos entre ellas por el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner pocas semanas antes de dejar el poder.
En este sentido, el vicerrector de la UNaF, Dr. Roque Silguero, expresó que “resulta sorprendente que casi todo el sistema universitario argentino haya sido denunciado, tal y como fue difundido. Nosotros todavía no tenemos una notificación sobre la denuncia del fiscal Marijuan. Por ello, es poco lo que podemos expresar al respecto, ya que carecemos de los detalles y del contenido de la denuncia”., sostuvo el funcionario universitario.
“Lo que sí hay que significar es que nuestra casa de estudios ha sido objeto en los últimos tiempos de auditorías muy intensas por parte de nuestros controles internos, de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y también hemos puesto a disposición de la Justicia Federal todo nuestro desarrollo en materia de finanzas". Sañaló.
"Hemos rendido satisfactoriamente todos los recursos de orden nacional que hemos recibido, como se hace anualmente”. “Por ende, desde nuestra perspectiva no tenemos ningún inconveniente en que la Justicia Federal lleve a cabo su investigación. Todas las cuentas de la Universidad Nacional de Formosa están a disposición de las autoridades judiciales y de contralor del Estado nacional, porque no tenemos nada que ocultar, son cuentas públicas y transparentes. Como he dicho, hemos hecho las rendiciones correspondientes, por lo que esperamos que la Justicia nos notifique para realizar las presentaciones del caso”, dijo finalmente.
Respuesta del CIN
Ante las denuncias presentadas por el fiscal federal Guillermo Marijuán a las 52 universidades nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) declara: 1. El CIN sostiene y defiende en forma enfática la independencia del Poder Judicial de la Nación, así como la libre y más amplia actuación del fiscal. 2. Las universidades nacionales gozan de un generalizado prestigio entre nuestros con ciudadanos, posición que se ha ganado a lo largo de la historia por resultar una efectiva herramienta de mejoramiento social, y las únicas instituciones públicas cogobernadas en las que el conjunto de sus integrantes deciden no solo el rumbo institucional sino, además, la gestión administrativa. 3. Las denuncias mencionadas, sustentadas en notas periodísticas y sin una sola relación de hechos concretos acaecidos en cada institución, lejos de aclarar y puntualizar procederes que podrían ser materia de investigación, resultan un ataque generalizado al sistema de educación superior pública de nuestro país. 4. Respecto al contenido del planteo del fiscal, nos permitimos recordar que los presupuestos universitarios se conforman por ley del Congreso Nacional, más las partidas que se asignan a cada institución por programas específicos. En todos los casos, resultan ejecutados bajo normativas claras, estrictas y con procesos de absoluta transparencia, sometidos a procesos de auditoría, tanto interna como externa, como señala la ley. 5. Esta actividad jurisdiccional ha producido, como consecuencia inmediata, una agresión a la identidad misma de la universidad pública, construida a lo largo de su historia de más de 400 años para ser una institución de gran valoración social hoy. Sin duda, el daño moral es no solo a la institución sino, también, a todos los que realizamos tareas de docencia, investigación, extensión y gestión en contextos sociales complejos y con presupuestos de austeridad, y que involucra a los estamentos docentes, estudiantiles, no docentes y egresados. 6. Esperamos que, en momentos en que se encuentra abierta la discusión presupuestaria en el Congreso Nacional, esta denuncia indiscriminada y con argumentaciones generales no afecte el necesario marco de equilibrio en la distribución de los recursos. 7. Nos ponemos a disposición del Poder Judicial, cuya independencia sostenemos para colaborar en la forma más amplia posible que con celeridad, se pueda avanzar en la elucidación de estas denuncias genéricas y, de esta manera, despejar la sospecha que se ha planteado sobre el conjunto de las instituciones. 8. En el convencimiento de la probidad de nuestros procederes, continuaremos desde un ejercicio responsable de nuestra autonomía, en el marco de libertad y diversidad que caracteriza a la universidad argentina, con la formación de recursos humanos, la producción de conocimiento y el permanente diálogo y encuentro de saberes con la sociedad en pos de aportar a los procesos de desarrollo de nuestro país. Buenos Aires 21 de noviembre de 2016