Es imprescindible frenar la funesta ley de extranjerización de tierras
Las nefastas consecuencias que puede generar una eventual sanción de la ley de extranjerización de tierras, pomposa y falsamente denominada de Inviolabilidad de la propiedad privada, fueron analizadas en un encuentro efectuado en la sede del Partido Justicialista nacional, que contó con las participaciones del vicepresidente Primero del partido, el senador nacional José Mayans; sus pares Eduardo “Wado” de Pedro y Jorge Capitanich, el diputado nacional Germán Martínez y el secretario de Asuntos Agrarios partidario, Julián Domínguez.
Durante la charla, de la que participaron más de 700 dirigentes y militantes tanto en forma presencial como virtual, Mayans sostuvo que la normativa impulsada por el gobierno nacional “afecta directamente la soberanía territorial de nuestro país” y remarcó que, con este tipo de medidas, se busca enajenar el patrimonio nacional, como ya lo vienen haciendo con las empresas públicas, e insistió que “con esta ley quieren garantizar que el Estado no lo pueda recuperar”.
Además, destacó la importancia de la movilización popular para frenar estas políticas de despojo al convocar a la marcha del jueves próximo al Congreso, cuando el oficialismo intentará aprobar la norma en el Senado, y apuntó: “Me parece importante tener esa presencia para que el pueblo sepa que hay argentinos que amamos a nuestra patria y nuestro territorio”. Antes, el formoseño había señalado que la llamada Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada tiene “un título grandilocuente y mentiroso”.
“Nosotros seguimos la lucha por la liberación”, añadió Mayans, al cuestionar al gobierno y señalar que “el planteo de esta gente responde a que no tienen sentido de pertenencia, no aman a nuestra patria. Ninguno de ellos tiene sus inversiones en la Argentina; tienen el 99 por ciento sus activos afuera. Caputo, Sturzenegger y toda esta gente tienen la plata afuera del país. Termina la gestión y se van afuera”. E insistió: “Nuestro bloque va a hacer todo el esfuerzo para que este proyecto se estrelle el próximo jueves en el Congreso”.
El dirigente peronista remarcó que, con las restricciones establecidas en la ley de Tierras vigente, “hay trece millones de hectáreas que están en manos de extranjeros, un territorio similar al de la provincia de Santa Fe”, por eso consideró que cualquier tipo de ampliación de ese número va en contra de los intereses nacionales.
Domínguez, por su parte, sostuvo que la iniciativa oficial es “una trampa jurídica” y advirtió que “si votan esta ley, la tierra pasará a ser un activo especulativo y nos expondrán nuevamente a juicios en el CIADI por cifras multimillonarias en concepto de lucro cesante, como le ocurrió a Honduras”.
“Al modificar la Ley de Expropiaciones y restar valor vinculante al Tribunal de Tasaciones de la Nación, le están garantizando el negocio a los grandes fondos y atándole las manos al Estado para el futuro. Es una debilidad nacional autoinfligida. Nos despojan del control sobre nuestros recursos naturales, cuando el productor agropecuario argentino es líder global en tecnología y capacidad, y no necesita de esta entrega para producir”, completó.
Auguró un futuro desalentador de producirse la sanción y explicó que el mapa de la Argentina mostraría “por un lado, enclaves de extracción de litio, cobre y petróleo, operando como islas conectadas al mercado global, pero desconectadas del desarrollo territorial; y por el otro, el riesgo de configurar territorios desregulados propicios para la criminalidad organizada”.
Antes, había recordado el proceso de sanción de la vigente Ley de Tierras aprobado en 2011, al señalar que esa norma “fue posible por la decisión de Cristina Fernández de Kirchner, que también está presa por esta ley, por defender los intereses del pueblo”, y dijo que aquella iniciativa “surgió de un acuerdo de distintos sectores”, es decir que hubo un amplio consenso.
A su turno, Wado de Pedro opinó que “este es el proyecto que hace más daño” a la integridad del país y es “el más ideológico” de los impulsados por el gobierno. “Tenemos que lograr que este proyecto salga el próximo jueves del Congreso de manera negativa”. Y alertó que, “con esta medida no están destruyendo el Estado, están destruyendo la Nación” y que, de aprobarse, “Inglaterra, Chile y otros países nos van a discutir la soberanía sobre la Antártida”. “Somos una nación federal, el que vote este proyecto estará traicionando su juramento y estará violando la Constitución”, advirtió.
Capitanich, en tanto, sentenció que “este es el gobierno más gorila y más vendepatria de la historia” y aseguró que el problema real de la Argentina es “la concentración de la tierra en pocas manos”, por un lado, y, por otro, la imposibilidad de los pobres de acceder “a la propiedad de la tierra”.
El diputado Martínez alertó también sobre la maniobra del gobierno de instalar la idea en la sociedad de que con incorporar algunos cambios al proyecto en cuestión el tema estará solucionado, “es mentira”, y aclaró que con ello se busca “desmovilizarnos”. Sostuvo que el peronismo se debe dar “una tarea militante en las próximas sesenta horas” de mantener en la agenda pública el debate sobre lo peligroso que es el para el país esta iniciativa También, indicó que “hay un intento del gobierno de ponernos en contra de la propiedad privada y en contra de las inversiones”.
Recordó que, en diciembre del 2011, cuando se aprobó en Diputados “la ley que pone límites a la extranjerización de tierras, se aprobó también el nuevo estatuto del trabajador rural, otra razón para que determinados sectores odien a la compañera Cristina”, y se dio media sanción a la recuperación de Papel Prensa. Aclaró que, pese a las voces agoreras, el Justicialismo, al plantear su posición ante asuntos como la polémica ley, está discutiendo “el futuro” y que “ese futuro se tiene que apoyar en lo mejor de nuestra historia”.
