La Justicia ordenó el cese inmediato de la suspensión a los tres decanos
Olmedo, Sanabria y Martínez vuelven al Consejo Superior
La Cámara Federal de Resistencia revirtió el desplazamiento de los directivos. El tribunal advirtió que se violó el estatuto universitario al no respetarse las mayorías agravadas y alertó sobre el riesgo de parálisis institucional.
La Universidad Nacional de Formosa (UNaF) sufrió un duro revés judicial en su conducción oficialista, digitada por Emilio Grippaldi —quien actúa en sintonía directa con el rector saliente Augusto Parmetler—. En un fallo de fuerte impacto, la Cámara Federal de Resistencia ordenó el cese de la suspensión preventiva que pesaba sobre tres decanos y dispuso su reincorporación inmediata al Honorable Consejo Superior.
La medida cautelar beneficia a Alfredo Rafael Olmedo (FH), María Rosa Sanabria (FAEN) y Carlos Aníbal Martínez (FRN), quienes habían sido apartados en el marco de denuncias por presuntas irregularidades en los comicios de fines de 2024.
El corazón del fallo es estrictamente institucional: los camaristas advirtieron que el oficialismo avanzó sobre los decanos como si se tratara de un trámite ordinario, ignorando que el Estatuto Universitario exige una mayoría agravada de las dos terceras partes de los votos para suspender a las autoridades electas.
La defensa de la universidad intentó una pirueta jurídica al argumentar que solo se los había suspendido en sus funciones dentro del Consejo Superior y no en sus cargos al frente de las facultades. Sin embargo, la Cámara rechazó de plano este desdoblamiento, entendiendo que vaciar de representación a los decanos altera gravemente el co-gobierno democrático.
Con este fallo, la Justicia le puso un freno definitivo al atropello institucional ejecutado bajo el ala de Grippaldi y Parmetler, devolviéndoles a los damnificados el lugar que legítimamente ganaron en las urnas. La resolución no solo respalda la postura de Olmedo, Sanabria y Martínez frente a una maniobra que buscaba dejarlos fuera del juego sin sustento legal, sino que además restablece el equilibrio democrático dentro de la universidad, garantizando que la voz de los estudiantes, docentes y no docentes que ellos representan vuelva a ser escuchada con plenos derechos en el Consejo Superior.
