Formosa adhiere al rechazo del decreto 538/25 que establece la eliminación de la Comisión Nacional de Alimentos
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano alertaron sobre las consecuencias que podría acarrear la pérdida de este espacio técnico federal, generando un riesgo importante en lo que respecta al control higiénico-sanitario de los alimentos y concentrando la función de modificar el Código Alimentario Argentino (CAA) en organismos nacionales, excluyendo la participación de las provincias.
La Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) creada en 1999, de ámbito técnico y federal, se encontraba conformada por organismos nacionales, representantes sanitarios de las provincias, cámaras empresariales, organismos científicos como el CONICET, INTA, INTI, universidades, entre otros.
Entre sus funciones, proponía y validaba de manera consensuada las modificaciones al Código Alimentario Argentino, garantizando un abordaje integral y especializado, resguardando la inocuidad de los alimentos y respaldando la producción nacional.
Cabe mencionarse, que a través del Decreto 538/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei, oficializó el lunes 5 de agosto, se traslada la función de la CONAL a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a través del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Acerca de esa arbitraria decisión, el director de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis del Ministerio de Desarrollo Humano, el ingeniero José González, dio a conocer que en la última reunión virtual entre las autoridades sanitarias de las 23 jurisdicciones y CABA, “Formosa se sumó al rechazo de la disolución de tan importante espacio”.
Otro golpe al federalismo
Fundó esa afirmación, explicando que la CONAL “era el ámbito donde se consensuaban todas las modificaciones al Código Alimentario Argentino, legislación higiénico sanitaria, que establece los requisitos para la producción, elaboración, comercialización y control de alimentos en Argentina, puesto en vigencia por la Ley nacional 18.284”.
Era un espacio “fundamental” para las provincias y formaba parte del Sistema Nacional De Control De Alimentos (SNCA), dijo el ingeniero, advirtiendo, que su eliminación “representa otro golpe al federalismo”, calificándolo como “otro más, al que ya nos tiene acostumbrados el actual Gobierno nacional”.
Recordó, que en la descripta comisión “se ponían de manifiesto las realidades en la producción y hábitos de consumos, por ejemplo, de alimentos tradicionales e incluso ancestrales que, muchas veces, no estaban representados en alguno de los capítulos del Código Alimentario Argentino y que impedía la habilitación de los establecimientos e inscripción de los productos para poder acceder a canales formales de comercialización”.
Además, todas las modificaciones efectuadas al Código Alimentario Argentino “siempre estaban respaldadas por estudios científicos”, subrayó.
Poder centralizado
Por otro lado, hizo notar que “desde ahora, esas reformas, estarán sujetas a criterios de los organismos nacionales, INAL y SENASA” que también “fueron alcanzados por la motosierra, reduciendo su plantel de técnicos y su estructura, complejizando así, la tarea de control y fiscalización sanitaria de los alimentos que consumimos los argentinos”.
Más adelante agregó, que la nueva legislación, sumada al decreto 35/25, que establece la importación de alimentos provenientes de países con libre tratado de comercio con la Argentina, como también los que están alcanzados en el anexo III de la misma “provoca un daño a las economías regionales y a la producción nacional de alimentos, ya que los exime de adecuarse a las exigencias sanitarias del Código Alimentario de nuestro país.”
“Este tipo de medidas”, aseguró González “demuestran el profundo desconocimiento del ejecutivo nacional, en lo que respecta al funcionamiento y facultades que tenía la CONAL”, entre las que destacó “velar por la seguridad alimentaria en el país y defender la producción de alimentos en las provincias”.
Y por último, dejó en claro, que “la labor que realizaban los referentes provinciales no generaba un costo al estado nacional, ya que era una actividad no arancelada”, refiriéndose a otro de los puntos inadmisibles en los que se basó la reciente normativa dispuesta.