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Corrupción M: Buryaile y otros dirigentes fueron imputados por presunta compra de votos con dinero del Estado

El Fiscal titular a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 con competencia Electoral de Capital Federal, Jorge Di Lello, imputó al actual Diputado Nacional (Cambiemos) Ricardo Buryaile y al ex ministro de Producción (Cambiemos) Dante Sica en el marco de la causa penal donde se investiga un presunto hecho de corrupción en el manejo de un fondo cercano a los $650 millones que debía ir destinado a desocupados y fue direccionado a punteros políticos de Cambiemos previo a las elecciones Generales de octubre.

En su pedido, el Fiscal extiende el pedido de imputación para otros dirigentes radicales y del PRO formoseños sindicados como parte de la maniobra que en la provincia les permitió el manejo de un dinero que se estima en $35 millones. Además de Buryaile, también quedaron imputados German Villalba (Delegado de la Agencia Territorial Formosa de la Secretaria de Trabajo de Nación en Formosa), Irina Zarate (Delegada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Formosa), Diego Herrera (Delegado de ANSES), Miguel Montoya (Concejal de la Municipalidad de la ciudad de Formosa).

La lista la completan Dante Sica (ex Ministro de Producción y Empleo de la Nación), Fernando Premoli (ex Secretario de Empleo de la Nación), Francisco Ratto (intendente de San Antonio de Areco), y Juan Maria Cravero (candidato a intendente de la localidad de Roque Pérez, Provincia de Buenos Aires).

En su pedido formal conocido hoy, Di Lello solicita al Juez interviniente “Se tenga por efectuado el correspondiente requerimiento e impulsada la acción penal en orden al hecho mencionado, que liminarmente correspondería a la infracción al art. 139 b) y 64 ter del Código Nacional Electoral por este Ministerio Público”, además que “se proceda de acuerdo a lo establecido en los art. 193 y ss. del C.P.P.N.”




La causa

La causa que deriva en la imputación de los referentes formoseños se originó cuando se detectó que más de la mitad de los fiscales electorales de Formosa pertenecientes a Juntos por el Cambio cobraron bonos para desocupados, de acuerdo a una denuncia presentada ante la Justicia federal.

La imputación fue incorporada a la causa judicial basada en el bono clandestino de $ 5.000 para desempleados sin otros ingresos que implementó el Gobierno nacional en plena campaña y que arrancó a partir de una investigación del diario Ámbito Financiero. La presentación apuntó, además, al diputado nacional electo Ricardo Buryaile, exministro de Agroindustria, como supuesto beneficiario de la maniobra.

En Formosa y Buenos Aires la denuncia fue presentada por el abogado Dardo Caraballo ante el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello y quedó integrada al expediente que tramita la jueza María Servini. La magistrada fue quien ordenó, previo a la elección nacional, una medida cautelar que frenó el pago del subsidio hasta después del comicio para prevenir un eventual uso clientelar del beneficio, en línea con la presentación hecha en ese sentido por los apoderados del Frente de Todos.

$35 millones

Mientras la causa tomaba estado público con pedidos de la jueza al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, cuya área tramitó de manera secreta el bono, en Formosa y otros puntos del país una larga fila de personas permanecía frente a las oficinas de esa cartera a la espera de una hipotética inscripción para el cobro del subsidio. Sin embargo, y como reveló Ámbito Financiero, la repartición agotó semanas atrás el presupuesto máximo asignado a este ítem, de $ 650 millones, con la distribución de 130 mil beneficios en su mayoría tramitados mediante punteros del oficialismo nacional en todo el país y que por la designación a dedo a Formosa le correspondían cerca de 6.500 planes, traducidos a una cifra cercana a los $35 millones que fue manejado por los dirigentes de Cambiemos en Formosa.

La exposición de Caraballo representa, en caso de probarse sus sospechas, una vuelta de tuerca a la maniobra de clientelismo contenida en el diseño del bono: además de haber surgido de una resolución interna, la 1177 de la Secretaría de Empleo (nunca publicada en el Boletín Oficial) y su tramitación llevada adelante por parte de punteros y dirigentes de Juntos por el Cambio en todo el país, la denuncia advierte que parte de los fondos asignados al plan pudieron destinarse al reclutamiento de personas en posible situación de vulnerabilidad económica para fiscalizar a favor de Juntos por el Cambio, al menos en Formosa.