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La Defensoría afirma que el Gobierno Nacional debió aplicar la Ley de Abastecimiento antes de ceder al aumento de combustibles

Se recordó desde la Defensoría del Pueblo que el 15 de agosto pasado, 4 días después de las -PASO- el Gobierno Nacional de Mauricio Macri y su Gabinete decretaron un congelamiento de los precios de los combustibles por el plazo de 90 días, teniendo como referencia los valores al 9 de agosto, es decir con un dólar a 45 pesos.

Tan solo 34 días después el mismo Gobierno Nacional, oficializa un descongelamiento de precios de los carburantes lo que implicará nuevos incrementos que llegarán como consecuencia del enorme salto en los costos del dólar que ha llegado en su momento a los 63 aunque esta semana bajó a 56 pesos, más la fuerte devaluación y crisis económica; lo cual provocará paralelamente, “otros aumentos colaterales en los valores de los alimentos, medicamentos, servicios públicos, alquileres, vestimenta, etc.”. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que increíblemente el Gobierno Nacional y especialmente el Secretario de Energía Gustavo Lopetegui más el Ministro de Transporte Guillermo Dietrich, en lugar de utilizar y aplicar la Ley de Abastecimiento para que las petroleras entreguen los combustibles que necesitan los usuarios, las empresas y las industrias, nuevamente se han puesto del lado de los grandes grupos económicos, sin agotar estas instancias legales, que nos permitirían que en momentos de crisis, todos juntos hagamos un esfuerzo para salir adelante y además ha quedado en claro que las entidades empresarias del sector, “son las que toman las decisiones reales y establecen a cuanto deben venderse los combustibles, los alimentos, los medicamentos y todo ello por tener desde hace tiempo; primero un Estado Nacional ausente y ahora un Estado Nacional débil que está siendo manejado por los grandes monopolios económicos, creando un escenario social de preocupación y tensión, puesto que todo estos aumentos volverán a repercutir negativamente en la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos y privados”.