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ADPRA solicitó al Gobierno Nacional la eliminación de todo tipo de prácticas discriminatorias y/o arbitrarias hacia las personas con discapacidad


La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), emitió un duro documento en el que insta al Estado Nacional y particularmente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a que termine con todo tipo de trato discriminatorio y/o arbitrario contra las personas con discapacidad. El documento, denuncia que desde el Estado Nacional se ha operado, en los últimos años, un retroceso alarmante en la garantía de ejercicio de derechos fundamentales de las personas con discapacidad en nuestro país.

El dictado de un decreto, que lleva el número 843/24, por parte del Presidente de la Nación, Javier Milei, pretendió volver a un regresivo criterio biologicista de la concepción de la discapacidad, que no tiene en cuenta circunstancias sociales, económicas e incluso culturales que deben vivir las personas de este colectivo y que deben afrontar para tener una vida digna y es por ello que, fijan un tope tan alto en el porcentaje de discapacidad para acceder a los beneficios sociales, cual es del 66 %. No conforme con llevar al límite las posibilidades para acceder a una pensión, sostiene que el beneficiario de la misma, no deberá tener parientes que lo deban asistir. Lo que deja a las personas con discapacidad a la merced de familiares que, en muchos casos, no les prestan ninguna asistencia, resultando condenándolos a vivir una vida miserable, pues la sociedad los descarta, por medio de este tipo de normas mezquinas y la familia tampoco los acoge. El fuerte documento, da muestra de los fundamentos de la instancia realizada, al remarcar que han sido dictadas por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) normas como la Resolución Nº 187/2025, que pretendió calificar a las personas con discapacidad como “idiotas”, “imbéciles”, “débiles mentales” y “retardados”, lo cual tuvo que ser dejado sin efecto por la presión de toda una sociedad, las Defensorías del Pueblo y otros estamentos públicos y privados. A renglón seguido, fue iniciada una auditoría en todo el país, totalmente improvisada, mediante el envío masivo de cartas documentos, intimándolos a acreditar, sin especificar como, su condición de discapacidad, citándolos en lugares inexistentes, sin posibilidad de conocer el procedimiento, como realizar sus defensas ante la imposibilidad de acudir y en abierta violación a la ley de acceso a la información pública, todo en medio de anuncios de eliminar más de 170.000 pensiones por discapacidad. Lo cual colocó en un enorme estado de zozobra a los beneficiarios. Como consecuencia, comenzaron a llegar las notificaciones de baja de pensiones a quienes, ni siquiera se les permitió ejercer su defensa. Desde las Defensorías del Pueblo, se han realizado las instancias para el cese de este proceso macabro iniciado, sin recibir respuesta alguna. Por ello, lo fuerte del requerimiento de ADPRA que no solo solicitó al Gobierno Nacional, en general, el cese de las prácticas discriminatorias y arbitrarias contra las personas con discapacidad, sino que, conjuntamente, la derogación del Decreto Nº 843/24, dictado por Milei, por ir en contra de la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ser regresivo. La restitución de compatibilidad entre pensiones y empleos remunerados, como herramienta de inclusión; la reapertura de las oficinas de ANDIS, cerradas muchas de ellas a lo largo de todo el país; el tratamiento de nuevos beneficios, que también están paralizados; la atención adecuada en la Superintendencia de Servicios de Salud, también anulada por el Gobierno Nacional, pues han reducido personal al punto de tornarlas inoperantes, así como el respeto a las Convenciones a los Derechos del Niño y las Personas con Discapacidad, a fin de asegurar la vigencia plena de sus derechos.

Sobre este particular, el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, que ocupa la Vicepresidencia Segunda de ADPRA, expresó: “Lo claro del documento, me releva de mayores detalles, más que decir que, nuestro país, desde los tiempos más oscuros de nuestra historia, no registra el nivel de crueldad en el trato que hoy recibe un colectivo que se caracteriza por la escasa o nula posibilidad de hacer frente al atropello a sus derechos que, desde el propio Estado Nacional, se les está propinando. Vamos a insistir en que cesen estos abusos, haciendo uso de todas las herramientas legales a nuestro alcance y esperando que se mantenga como hasta ahora, un alto apoyo social a nuestras acciones, lo que logrará finalmente revertir los daños que se están causando, siempre con el apoyo Institucional del Congreso de la Nación y de la Justicia en general”.