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Solicitaron a la ANDIS aplíe los plasos del sistema de turnos en las auditorías de prensiones por discapacidad y para la presentación de documentaciones


Exigieron que se haga público el padrón de los beneficiarios alcanzados por los controles y se suspendan las medidas punitivas a quienes no presentaron los estudios médicos requeridos, hasta tanto se pruebe que la totalidad del padrón de la provincia haya sido fehacientemente notificado por Carta Documento y evaluado debidamente, con la finalidad de garantizar transparencia y accesibilidad en el proceso, como así también, justicia en la prestación-

Desde el inicio de las auditorías sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral, ordenadas por el Gobierno Nacional de Javier Milei, se vienen denunciando serias irregularidades que van desde la falta de notificaciones a los beneficiarios, hasta las exigencias de actualizar estudios o antecedentes médicos en plazos incumplibles para cualquier persona dentro del sistema público e impagables ante los privados. A esto se le sumó que, a partir del mes de mayo, la ANDIS derogó la Resolución Nº 187/25 modificando las medidas de control implementadas para regular más de 1 millón de pensiones no contributivas, luego de que se identificaran inconsistencias en su implementación. Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, este último viernes se solicitó al Director Ejecutivo de la ANDSI, Diego Spagnuolo, informe cuáles eran los criterios objetivos utilizados hasta la derogación de la Resolución Nº 187/25 en atención a que según el Portal Oficial del Gobierno Nacional los baremos de la misma no habrían sido utilizados, como así también, se establezcan cuáles son los nuevos criterios u objetivos para determinar un dictamen médico favorable o no, hasta tanto se emita un nuevo marco normativo. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, recordó que, el Decreto Nº 843/24 en su art. 1 establece los requisitos de las pensiones no contributivas, estableciéndose que se presume la incapacidad total cuando la invalidez produzca una disminución del 66% o más en la capacidad laborativa, este requisito era informado mediante la presentación del CMO (Certificado Médico Oficial) y su documentación médica respaldatoria en el que debía indicarse la patología y el grado de incapacidad, “esa era la forma de determinar y alcanzar dicho porcentaje, esto es, se ponderaba a través de los lineamientos brindados por la Resolución ahora derogada”. Ante la ausencia de reglas o parámetros para determinar si corresponden o no los beneficios, el Funcionario Provincial señaló que, entonces, “debemos presumir que hasta tanto se dicte o se oficialice un nuevo baremo, las auditorias se están llevando a cabo sin criterios médicos objetivos de evaluación”. Es por ello que, Institucionalmente, hemos solicitado se extiendan los plazos de la auditoria dispuesta por el Gobierno Nacional sobre las pensiones por discapacidad laboral, como así también, se amplíen los plazos del sistema de turnos y todo lo referido a los términos para la presentación de documentaciones médicas requeridas por la ANDIS, reclamándose que se haga público el padrón de los beneficiarios alcanzados por los controles y se suspendan las medidas punitivas a quienes no presentaron los estudios médicos requeridos, hasta tanto se pruebe que la totalidad del padrón de la provincia haya sido fehacientemente notificado y evaluado, con la finalidad de garantizar transparencia y accesibilidad en el proceso, como así también, justicia en la prestación. Por último, Gialluca añadió que, a la gente no se la debe confundir y hay que mostrarles todas las posibilidades que tienen en estos casos, pero lamentablemente las mismas están atravesando una situación sumamente burocrática y perversa, donde el Gobierno Nacional desde la ANDIS, no han establecido en la provincia canales oficiales de información y el silencio deja a cientos de formoseños sin saber cómo ni cuándo podrán acceder a las auditorias, renovar sus certificados, cumplir con lo que se les pide en las Cartas Documentos o cómo tramitar pensiones vitales para su subsistencia, “desentendiéndose totalmente el Estado Nacional de evaluar cuáles son las actuales situaciones sociales y económicas de las personas discapacitadas, agravando el malestar existente en un contexto donde cada día cuenta para quienes dependen de estos beneficios sociales para afrontar gastos básicos de salud y cuidado y que expresan su disgusto, por lo que, entienden como una total falta de interés del Gobierno Nacional”.