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La Defensoría del Pueblo recordó el ´día internacional contra el trabajo infantil


Se conmemora cada 12 de junio con el fin de generar conciencia en la población y en las autoridades, sobre la necesidad e importancia de poner el trabajo infantil en el debate público, como un problema social que vulnera los derechos humanos de millones de niños, niñas y adolescentes. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo infantil como toda actividad realizada por niños, niñas y adolescentes, remunerada o no, realizada al margen de la ley, en condiciones peligrosas o insalubres, que violente sus derechos o que pueda producirles efectos negativos.

En nuestro país -según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA)- más del 57% de la población infantil vive en pobreza, principal factor que desencadena el trabajo infantil. Es la injusta distribución de la riqueza, que mantiene la marginalización y condena a los más vulnerables a la explotación, la causa por la cual niñas, niños y adolescentes pobres trabajan en ambientes insalubres y peligrosos, arriesgando su salud y su futuro. Los datos oficiales del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) indican que en Argentina más del 41% de la población era pobre o indigente a fines de 2023.Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza trepó al 57,4% de la población y el 32% de niños y adolescentes sufren carencia. La pobreza en el primer trimestre del año 2024 llegó al 55,5% de la población y la indigencia al 17,5%. Lo que dice este estudio es que 24,9 millones de personas residentes en áreas urbanas del país están en situación de pobreza, por debajo de la canasta básica total. De acuerdo con el INDEC, el poder adquisitivo de las familias ha caído un 20%. El mismo informe sostiene que 7,8 millones de personas están en un estado de pobreza extrema o indigencia, por debajo de la canasta básica alimentaria. En consecuencia, los comedores populares se multiplicaron en los últimos años para ofrecer alimentos gratuitos a los sectores pauperizados. No obstante, la ministra de Capital Humano fue denunciada por la mercadería acaparada en los galpones que estaba exclusivamente destinada a atender a población vulnerable en comedores y merenderos comunitarios, de acuerdo con los convenios de adquisición firmados por el Estado con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), aportantes de fondos para los programas contra el hambre. Eran 5.000 toneladas de alimentos, algunos con fecha de vencimiento muy cercana. Esta negligencia institucional agrava aún más la situación de las familias en pobreza extrema. Las medidas adoptadas por el gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2023 están claramente orientadas a la reducción del gasto público en educación y salud, que afecta directamente a la niñez pobre. La eliminación de programas sociales que brindaban asistencia a familias de bajos ingresos ha aumentado la presión económica sobre estas, forzando a más niñas y niños a integrarse a la fuerza laboral para contribuir al sustento familiar. 

Por todo esto, la solidaridad es fundamental para erradicar el trabajo infantil. Es la necesidad absoluta e ineludible de la solidaridad lo que nos impulsa a actuar en conjunto para construir un mañana donde todas las niñas y niños disfruten su infancia. A través del esfuerzo colectivo y empático, debemos abordar los problemas que afectan a los más vulnerables, uniendo fuerzas para promover el cambio y la justicia social.