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Los consumidores en su día no tienen nada que celebrar


Con la crónica e imparable inflación, es imposible la presencia de los derechos de los consumidores y por ello denunciamos que, inflación y pobreza se asocian directamente a la concentración de riqueza en unos pocos agentes económicos o empresarios, que multiplican sus ganancias exponencialmente-

En todo el país, se recuerda este 15 de marzo, el Día de los Derechos del Consumidor, en nuestra provincia, desde la Defensoría del Pueblo, se afirmó “que no tenemos nada para festejar”. Es que, los derechos del consumidor, están muy bien determinados en la Ley y hasta en el Código Civil y Comercial, pero en la realidad diaria, dependen de un sistema económico, político y jurídico que los viene bastardeando constantemente. En los hechos, la falta de precios en las góndolas, el cobrar un precio en caja diferente al exhibido, imponer recargos en las compras con tarjetas de débito, ofrecer planes de ahorro que constituyen en sí mismo una verdadera estafa o no resolver la problemática de los millones de inquilinos, pagar mayores costos en los servicios públicos de la telefonía fija, móvil e internet o cable, porque así lo disponen las empresas y ni siquiera notifican fehacientemente a los usuarios, son algunos ejemplos de lo que enfrentan hoy en día los consumidores. Ante esto, el Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que, la incontrolable inflación, “se ha constituido no solamente en un impuesto a los pobres, sino también, a la clase media argentina, que a la fecha no son más que -pobres con trabajo-”. Por lo cual, para que existan los derechos de los consumidores y se cumplan en los hechos, se deben tomar medidas serias y efectivas que controlen la inflación. En este día, observamos que todo el dinero de nuestra economía, luego de circular en comercios y servicios, se concentra en 20 empresarios o agentes económicos, cuyo mejor negocio, con esa masa dineraria es volcarla a la compra de dólares, la inflación es inevitable, porque el dólar es un bien escaso y si la demanda es mayor que la oferta, su precio sube. Y si sube el precio del dólar en pesos, todos los empresarios ajustan los valores de los bienes y servicios, tengan o no insumos dolarizados y así perdemos poder adquisitivo los consumidores. En este contexto, podríamos: a) Pedirles a los empresarios que ganen menos dinero con sus negocios, b) Convencerlos de que sus márgenes de ganancias son excesivos, c) Aplicar las leyes que condenen a los empresarios a la cárcel, d) Controlar y Fiscalizar los precios para evitar la suba de los alimentos, e) Provocar una redistribución de la riqueza, de modo tal que, las ganancias del proceso económico en lugar de ir a manos de pocos que solo están interesados en dolarizarla, terminen en los bolsillos de los consumidores que son los que gastan sus ingresos localmente, aumentando la actividad económica y por ende, la Justicia Social y el PIB (Producto Interno Bruto). La primera opción, la intentó Alfonsín hace 40 años cuando señaló “les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo”; fracaso obvio, pues los empresarios únicamente les interesa maximizar sus ganancias. La segunda, es lo que intenta Alberto Fernández con los resultados a la vista. En la opción c), siempre los consumidores piden meter precios a los especuladores, pero esto no deja de constituir una mera expresión de bronca y necesitaríamos acuerdos legislativos para sancionar leyes en tal sentido. En el punto 4), Sergio Massa observa cómo Precios Justos no los cumple ningún empresario, ni supermercado o almacenes barriales. La última, es obviamente la opción que Institucionalmente apoyamos y que es rechazada, “por todos los empresarios argentinos” que quieren continuar constituyéndose en la minoría que se lleva toda la riqueza que producen los trabajadores, consumidores y que son apoyados en nuestro país por los grandes multimedios y también por determinados sectores políticos, a los cuales, es necesario recordarles en este día que, la Argentina provee el 11% de los alimentos que se comercializan en el mundo, que nuestro país produce alimentos para abastecer hasta casi 440 millones de personas y nuestra población es tan solo de 46 millones, “lo que como consumidores nos lleva a denunciar enérgicamente que la inflación crónica es un impuesto que nos está impidiendo vivir dignamente”.