Solicitan a Nación medidas urgentes frente al sobreendeudamiento de las familias
La CAME rechazó la postura del Gobierno Nacional en cuanto a que el sobreendeudamiento se deba a gastos suntuarios afirmando que las familias se endeudan para comer y pagar servicios esenciales-
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, conjuntamente con la de Santiago del Estero, dictaron sendas Resoluciones mediante las cuales se declaró de Interés Institucional prioritario y de urgente atención la problemática social del sobreendeudamiento y la morosidad masiva de las personas y familias, resaltando que la desregulación de las tasas de interés incluida en el Decreto Nº 70/23 aún vigente y aprobado por el Gobierno Nacional con el apoyo del PRO, UCR y Bloques "Dialoguistas", junto a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios públicos y privados, así como el aumento permanente de los precios de alimentos, medicamentos, alquileres y el encarecimiento de los servicios públicos, han originado que 2,5 millones de hogares se encuentren endeudados, el valor más alto de los últimos 10 años, llevando a que el 92,3% de los hogares argentinos registra algún tipo de deuda a la fecha. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, se Exhortó al BCRA a establecer, con carácter urgente y dentro del ámbito de sus competencias, un Programa Extraordinario de Alivio y Reestructuración de Deudas de Consumo para personas humanas, aplicable a tarjetas de crédito, préstamos personales y financiaciones otorgadas por proveedores no financieros alcanzados por su regulación, que contemple como mínimo: * adhesión voluntaria, trámite simple, gratuito y accesible, con prioridad para jubilados y pensionados de haberes mínimos, beneficiarios de prestaciones sociales, personas con discapacidad, hogares monomarentales, trabajadores de bajos ingresos, monotributistas de categorías inferiores y personas desempleadas; * consolidación o reestructuración de saldos, con plazos suficientes y cuotas compatibles con la capacidad real de pago, preservando el mínimo vital y los gastos indispensables del hogar; * tasa fija o previsible sustancialmente reducida, tope expreso al Costo Financiero Total y prohibición de comisiones, seguros o cargos que desnaturalicen el beneficio; * período de gracia razonable cuando resulte necesario, reducción o condonación de intereses punitorios y prohibición de capitalizarlos; * prohibición de refinanciaciones automáticas no consentidas y derecho a la cancelación anticipada sin penalidad; * entrega previa de una liquidación íntegra de capital, intereses compensatorios, punitorios, comisiones, impuestos y pagos ya imputados; * actualización rápida y gratuita de la Central de Deudores cuando la persona regularice su situación y tratamiento no perjudicial mientras cumpla el acuerdo; y * canales de reclamo, revisión y mediación, con respuesta fundada y plazos ciertos. Por otra parte, se solicitó además, al BCRA y al Director Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, Leonardo Lepíscopo, que depende del Ministerio de Economía, el dictado y fiscalización de un -Protocolo de Cobranza Digna- que prohíba el hostigamiento, las amenazas, la exposición de la deuda ante familiares, empleadores o terceros, los contactos en horarios irrazonables o con frecuencia abusiva, la utilización de documentos con apariencia judicial y toda información falsa sobre embargos, delitos o consecuencias legales; y que exija identificar claramente al acreedor, al gestor y la composición actualizada de la deuda. Requiriéndose también la publicación trimestral, en formato abierto y con desagregación provincial, de indicadores sobre saldos, cantidad de deudores, mora por monto y por persona, TNA, TEA, CFT, refinanciaciones, reclamos y resultados, diferenciados por tipo de producto y de proveedor, con protección de los datos personales. En este contexto, el Funcionario Provincial, detalló que, se Instó al Congreso de la Nación a dar tratamiento a un régimen integral de prevención y saneamiento del sobreendeudamiento de consumidores de buena fe, que asegure procedimientos gratuitos de conciliación y reestructuración, protección del mínimo vital, control judicial suficiente, límites a las prácticas de cobranza y una solución razonable para las obligaciones que no puedan ser atendidas sin comprometer la subsistencia digna. Por último, agregó que, el mayor impacto del endeudamiento se da en los adultos mayores y mujeres, ya que la brecha salarial de género creció 6,4 puntos en hogares con jefatura femenina y en el caso de los adultos mayores y jubilados, ha provocado que los hogares con jefaturas de 66 años o más, se hayan incrementado en un 7,1% desde el 2023, forzando a que muchos de ellos se vean obligados a retornar al mercado laboral.
