La Unidad Judicial de IOSFA se comprometió a gestionar una solución para que el personal de las FF.SS. posean cobertura
Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se mantuvieron una serie de contactos y gestiones con la Dra. Laura Beatriz Passero de la Unidad Judicial del IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas), quien se comprometió a gestionar por ante el Gerente de Prestaciones Coronel Guzman Ariel, como así también, con la Subgerencia de Asuntos Jurídicos a cargo de Adriana Bazan, las medidas urgentes y necesarias, “para que los más de 14.500 afiliados que vienen sufriendo todos los meses abultados descuentos en sus ingresos, sin que el IOSFA les brinde una debida cobertura médica”. En este sentido, se propuso que además del actual Convenio con ACLISA, se firmen nuevos Convenios con APS y FEMEFOR de manera que los afiliados tengan a su servicio, un número importante de nuevos prestadores. Se aclaró entre las partes, que los reclamantes, “no aceptan como solución por parte de IOSFA el reintegro de los descuentos que vienen sufriendo, sino que, exigen tener prestadores de salud que los atiendan correctamente y salir de esta manera de la actual situación en la cual, se encuentran inmersos”. Asimismo, se analizó la necesidad de que el Ministerio de Defensa a cargo del Dr. Luis Alfonso Petri, brinde las asistencias financieras necesarias, toda vez que, IOSFA es la obra social de las Fuerzas Armadas y Seguridad de la Nación. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, con una deuda que supera los $200.000 millones y un déficit operativo mensual cercano a los $10.000 millones, IOSFA atraviesa la peor crisis desde su creación. La combinación de pasivos crecientes, cortes de prestaciones y auxilios financieros de emergencia del Ministerio de Defensa dejó al organismo en una situación de virtual colapso, con casi 600.000 afiliados expuestos a atrasos en tratamientos diversos, trasplantes y patologías crónicas severas. En ese contexto, el Gobierno Nacional impulsa, dividir la obra social y crear esquemas diferenciados para las Fuerzas Armadas y para las fuerzas de seguridad federales. Es que, el deterioro financiero del IOSFA no es un fenómeno repentino, sino el resultado de años de desajustes en sus cuentas, decisiones de gestión controvertidas y un esquema de conducción fuertemente condicionado por el poder político, pero quienes sienten en mayor medida este tipo de irregularidades son los afiliados: oficiales y suboficiales en actividad y retiro, soldados voluntarios, personal de seguridad y sus grupos familiares, que denuncian faltantes de insumos varios, demoras en derivaciones, suspensión de prácticas complejas y traslado de la asistencia a hospitales públicos. El componente político más visible de este rediseño es la decisión de Patricia Bullrich de impulsar que la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina abandonen el IOSFA y cuenten con una obra social específica, alineada con el Ministerio de Seguridad Nacional. La ministra argumenta que las fuerzas de seguridad “se sienten mal en el IOSFA” porque no acceden a la totalidad de las prestaciones que necesitan y terminan sosteniendo una estructura que no los representa en el directorio, donde las Fuerzas Armadas tienen mayoría. La queja central que recogen los uniformados es que “pagan burocracia y reciben menos servicios”, mientras se acumulan reclamos por rechazos de prácticas, demoras en pagos a prestadores y pérdida de credibilidad en el sistema.
