Diario jurídico de relevancia reconoce y destaca la tarea de la jueza formoseña Viviana Taboada
En un reciente artículo publicado por un prestigioso medio internacional, se resalta la activa participación de la Doctora Taboada como Directora de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial
“Compromiso Judicial con el Medio Ambiente: entre el avance institucional y los desafíos de una coyuntura en retroceso”
Dra. Viviana Taboada, Directora Comisión de Medio Ambiente - Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial
I. Introducción
La protección del ambiente se ha convertido en uno de los desafíos más urgentes y transversales de nuestro tiempo. En este contexto, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) ha dado pasos significativos para incorporar una mirada ambiental dentro del quehacer judicial. El punto de partida fue una decisión institucional de gran trascendencia: la creación de la Comisión de Medio Ambiente, en octubre de 2022, impulsada por su presidenta, Marcela Ruiz.
Desde su conducción, Ruiz ha promovido una visión integral de la justicia que reconoce al derecho ambiental como un pilar fundamental en la garantía de derechos humanos y de la sostenibilidad. Su liderazgo fue clave no solo para crear esta comisión, sino para consolidar una política ambiental dentro del Poder Judicial argentino, en consonancia con compromisos internacionales y el marco constitucional.
La creación de la comisión fue precedida por una serie de encuentros institucionales con actores clave del ámbito ambiental y jurídico. El 7 de julio de 2022, se llevó a cabo una reunión virtual con los biólogos y ambientalistas Esteban Servat y Juan Pablo Olsson, referentes del movimiento DeudaXClima, una iniciativa que forma parte de la red internacional Laudato Si’, inspirada en la encíclica papal del Papa Francisco que llama a una conversión ecológica integral, promoviendo el cuidado de la casa común, la justicia social y ambiental, y la protección de los más vulnerables frente a la crisis climática.
Durante ese encuentro, se habló sobre la necesidad urgente de visibilizar y sensibilizar a la ciudadanía, a las instituciones del Estado y, especialmente, al Poder Judicial sobre las cuestiones ambientales que nos afectan a todos y todas. Se resaltó la importancia de promover una conciencia ecológica transversal que impulse el compromiso institucional desde la justicia.
Posteriormente, el 26 de septiembre de 2022, se mantuvo una reunión con Gonzalo Muñoz, referente de la AIDPAC (Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático), una organización civil que promueve la investigación y el desarrollo de propuestas jurídicas en materia penal ambiental. Esta entidad está conformada por destacados juristas, entre ellos Dino Bellorio Clabot, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano, y el profesor Miguel Ángel Asturias, quien fue el autor de la propuesta para incorporar el delito de ecocidio como tipo penal en el Código Penal argentino, con penas de tres años y medio a veinte años de prisión.
De este intercambio surgió un convenio de cooperación entre ambas instituciones.
Luego de ello, se creó la Comisión de Medio Ambiente de la FAM, cuya misión es abordar las problemáticas ambientales desde la justicia, fomentar la capacitación en derecho ambiental y promover una cultura institucional comprometida con la sustentabilidad.
Actualmente, la Comisión está conformada por 37 miembros de diversas jurisdicciones del país: Alejandro Casco (Corrientes); Diego Avendaño (Córdoba); Ana María Basualdo (San Juan); Cecilia Pizarra (Puerto Madryn); Christian Fabio (Zárate-Campana); Clarisa Neumann (Santa Fe); Claudio Petris (Chubut); Cecilia Craik (Tucumán); Dolo Leone Servera (Tucumán); Ricardo Daniel Bomparola (CABA); Laura Flores (Jujuy); Gabriela Corregi (Misiones); Ariel Genovese (Buenos Aires); Julieta González (Neuquén); Gonzalo Muñoz (CABA); Vanessa Guirland (Misiones); Horacio Roglan (Formosa); Ivonne Heredia (Tucumán); Juan Sebastián Lloret (Salta); Pablo Lorenzetti (Santa Fe); Luciana Eleas (Tucumán); Marcia Lozada Figueroa (Catamarca); Manuel Marfil (Entre Ríos); Maxi Briede (Neuquén); Natalia Rey Moreno (Corrientes); Karina Nahame (Catamarca); Eduardo Olivero (Tierra del Fuego); Paola Santarelli (Río Negro); Lilita Paceto (Corrientes); Diego Rodríguez (Entre Ríos); Rodolfo Fabián Rodríguez (La Pampa); Elsa Rossi (Mendoza); Silvina Solís (CABA); Agustina de Urraza (Buenos Aires)
La comisión está dirigida por la Dra. Viviana Taboada, Secretaria de Relaciones Institucionales de la FAM, quien ha representado a la Federación en diversos espacios como el Foro Internacional de Derecho Ambiental de la Universidad de Belgrano, donde expuso sobre la intersección entre justicia ambiental y equidad de género, y en el Taller Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú, en julio de 2023, acompañada por Clarisa Neumann. Allí, reafirmaron el compromiso de la FAM con los principios de transparencia, participación ciudadana y acceso a la justicia ambiental.
En mayo de 2024, se celebró una reunión virtual encabezada por Marcela Ruiz, en la que se delinearon acciones concretas: la implementación de la Ley Yolanda para la formación ambiental obligatoria en el ámbito judicial, la promoción de prácticas sostenibles como el compostaje institucional —modelo destacado por el Juzgado Ambiental de Jujuy— y la planificación de un encuentro anual federal para consolidar la agenda ambiental en el Poder Judicial.
Además, la Comisión tuvo una participación destacada en el X Congreso Argentino de Derecho Ambiental (UBA - Fundación Expoterra) y acompañó el reconocimiento a jurisdicciones innovadoras como Jujuy por su gestión ambiental sostenible.
II. Reflexión Final
A pesar de estos avances, el panorama nacional muestra señales preocupantes: desmantelamiento de políticas públicas ambientales, flexibilización de normativas clave y debilitamiento de los organismos de control.
Este retroceso vulnera principios fundamentales como el de no regresión ambiental y compromete el cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano.
Frente a este escenario, la labor de la FAM —bajo el liderazgo de Marcela Ruiz— y de su Comisión de Medio Ambiente representa una respuesta firme y clara. La defensa del ambiente debe ser una prioridad institucional del sistema de justicia. No se trata solo de capacitar: se trata de transformar la justicia en una herramienta concreta para garantizar un presente y un futuro ambientalmente justo para todas las personas.
Porque cuando las políticas retroceden, la justicia debe marcar el camino.