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Denuncian a la Junta Electoral de la UNaF por abuso de autoridad y mal desempeño


La Asociación de los Trabajadores de la Universidad Nacional de Formosa, representada por su Secretario General, Milciades Olmedo, ha elevado una denuncia penal formal contra los miembros de la Junta Electoral Permanente por presuntos delitos de abuso de autoridad y mal desempeño de funciones públicas, tipificados en el artículo 248 del Código Penal Argentino.

La presidencia de dicha junta está a cargo de Rocío del Carmen García, y cuenta con los vocales Juan Agustín Sosa y Miguel Daniel Sosa, designados por el Rector César Palmetler. Esta acción legal se ha realizado por presuntos delitos de abuso de autoridad y mal desempeño de funciones públicas, tipificados en el artículo 248 del Código Penal Argentino. La asociación tramitará la misma ante el Juzgado Federal de turno.

Fuentes Judiciales informaron que no es la única investigación que se encuentra en marcha contra los miembros de la Junta Electoral Permanente de la UNaF, y se determinará en ella si este órgano ha cumplido o no con sus funciones públicas, ya que una de sus obligaciones principales es la de proclamar el estado de los comicios a las autoridades y representantes electas mediante la voluntad de las mayorías a través del sufragio en el marco de un proceso electoral.

Los trabajadores no docentes argumentan que los miembros de la JEP han omitido proclamar a los representantes del Claustro No Docente que ganaron las últimas elecciones en la UNaF. Esta omisión constituye una conducta sumamente grave, ya que invalida un proceso electoral válido que contó con una participación cercana al 95% del padrón. La proclamación, como acto fundamental dentro del Cronograma Electoral, no ha sido cumplida por los miembros de la JEP, lo cual afecta la eficacia de las etapas subsiguientes estipuladas en dicho cronograma.

Se denuncia que esta conducta configura un claro caso de mal desempeño de sus funciones y abuso de autoridad, con consecuencias que van más allá de los graves daños y perjuicios ocasionados a toda la comunidad universitaria. Además, ha resultado en la eliminación de la representación del Claustro No Docente en la vida universitaria y en los órganos de cogobierno. Esta conducta, llevada a cabo de manera consciente, ha derogado leyes establecidas en la Ley de Educación Superior y en el Estatuto, lo que implica no sólo una afectación a los derechos electorales, sino también la supresión de la representación de los trabajadores no docentes en el Honorable Consejo Superior y en los Consejos Directivos de la Universidad.