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Clientelismo M: Exigen avance una causa por corrupción que involucra al diputado Ricardo Buryaile


El periodista Mariano Martín  explicó en un hilo de Twitter cual es la situación actual de una causa que involucra al actual diputado nacional por Formosa Ricardo Buryaile. 

Crónica de una causa por corrupción que resiste a la impunidad. En este hilo las últimas novedades del caso denominado "Clientelismo M" que investiga un bono clandestino que usó el macrismo en 2019 para captar votos y, se probó, comprar fiscales para la elección nacional.

La causa arrancó en octubre de 2019 a raíz de una investigación publicada en Ámbito Financiero un mes antes. Se trataba de la puesta en marcha de un plan nacional de subsidios por $ 5.000 en teoría para desempleados pero desarrollado en total reserva.

¿Un plan para auxiliar a 130 mil desempleados en una crisis económica sin promoción estatal ni apertura de canales de inscripción? Raro. Hasta que empezaron las denuncias de intendentes bonaerenses del PJ: sus opositores ofrecían los bonos en locales partidarios.

El primer fiscal del caso, Jorge Di Lello, actuó rápido: imputó al entonces ministro @dante_sica por violar la ley electoral. La jueza María Servini ordenó frenar el pago hasta después de las elecciones. La sospecha era que el bono podía usarse con criterio electoralista.

En paralelo, el Dr. Williams Dardo Caraballo, abogado de Formosa sumó un dato impactante: en un relevamiento encontró que más de la mitad de los fiscales electorales de Juntos por el Cambio había recibido el bono. En otras palabras, al menos en esa provincia el subsidio había sido utilizado para reclutarlos.

El fiscal ordenó una pericia sobre las autoridades de mesa partidarias de Formosa. Ahí la causa encontró su primer obstáculo burocrático, con idas y vueltas entre Comodoro Py y la Justicia provincial para sustanciar el informe. Se perdieron meses.

Entre tanto, Di Lello había resuelto ampliar la imputación a otro exministro, @BuryaileRicardo candidato en ese comicio y presunto beneficiario de las maniobras de compra de fiscales. Para entonces la investigación tenía 9 sospechosos entre funcionarios, postulantes y punteros.

Fue la última vez que el expediente avanzó de manera decidida en Tribunales. En CABA lo impulsaba el apoderado del PJ nacional Jorge Landau y en Formosa, el abogado Dardo Williams Caraballo. En febrero de 2021 murió Di Lello. En julio de ese año, falleció Landau.

La causa recayó en otro fiscal, Ramiro González, protegido de la jueza Servini y con relación con toda la clase política por su rol en el fuero electoral. En dos años de instruir el sumario el fiscal no movió un dedo para activarlo. Por el contrario, apuntó siempre a su archivo.

Para hacerlo apeló a un recurso estrafalario: emparejar el expediente a otro sobre un subsidio anunciado, en ese caso públicamente, en la previa de la campaña electoral 2021 por el ministro de Cultura, Tristán Bauer.

Dos elecciones distintas, dos objetos procesales sin puntos ni imputados en común, con mecánicas diferentes e implicancias muy distantes. No importaba, el fiscal porfiaba con una "solución salomónica" para sobreseer a todos por igual.

El plan de Ramiro González se demoró por la llegada, en julio de 2022, finalmente, de los resultados de la pericia encargada  a la Datip (dependiente del procurador interino Casal, insospechado de K). Era oficial, más de la mitad de los fiscales de Formosa había cobrado el bono.

¿El resultado movió al fiscal a ampliar la pericia? ¿Acaso nacionalizarla o extenderla a otros distritos sospechosos de irregularidades en la elección? Jamás. Dejó pasar el tiempo. Ante esa inmovilidad, otro apoderado del PJ, Eduardo López, decidió presentarse como querellante.

El planteo navegó entre los despachos del fiscal y la jueza por siete meses sin resolución alguna. Hasta que en marzo, ambos funcionarios parecieron despertar del letargo: en marzo el fiscal dictaminó por archivar la causa; en abril, la jueza denegó el pedido de ser querellante.

La semana pasada Eduardo López apeló. De la Cámara federal ahora depende que la causa se reactive o garantice definitivamente la impunidad de los acusados de una maniobra que perjudicó al Estado, trampeó una elección y jugó con la expectativa de miles y miles de desempleados.