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La Justicia Federal citó al rector de la UNaF y a su esposa por varios delitos



El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) Augusto César Parmetler y su esposa deberán comparecer ante el Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, a partir de que fue instruido un sumario criminal prima facie contra él por los delitos de proposición y nombramiento ilegal de cargo público, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos. 

En el caso particular de Parmetler, es por designar a su esposa Zully Mabel Rivero en un alto cargo jerárquico en el Rectorado de la casa de estudios, sin que la mencionada reúna las condiciones necesarias para ello. 

Razón por la cual fue denunciado ante los estratos judiciales correspondientes, como así también a la señora Rivero, quien aceptó la designación otorgada por su marido-rector, en orden al delito aceptación ilegal de cargo público. 

De acuerdo al documento, en el cual la Justicia Federal instruye el sumario criminal prima facie contra Parmetler y Rivero, ambos deberán designar abogado defensor y el día viernes 4 de noviembre del corriente a las 9 horas, mediante plataforma de videoconferencias o presencial en los estrados del Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, se tendrán que presentar a la audiencia indagatoria y multipropósito fijada. 

Allí se escuchará a las partes, se evaluarán y analizarán las consideraciones a fin de proseguir las presentes actuaciones.

Arbitrariedades 

En declaraciones a AGENFOR, Milciades Olmedo, secretario general del gremio no docente de la UNaF, señaló al respecto en primer lugar que “esto no es nuevo, sino que lo venimos denunciando desde el 2019, al rector Parmetler, por sus arbitrariedades”, atribuyéndose “ser el dueño de la Universidad, y como consecuencia de ello, hemos planteado denuncias formales ante la Justicia Federal de Formosa”. 

Es así que, en ese marco, desde el Juzgado Federal Nº 1, se instruye un sumario criminal prima facie contra el actual titular de la UNaF por haber designado a su esposa, la mencionada Rivero, en un cargo jerárquico para el que no reúne las condiciones. 

“Esto debido a que no corresponde el cargo que ostenta, ya que la Universidad posee un sistema de incorporación a la planta no docente que es a través de un Decreto 1366/2006, donde se regula la forma en que tiene que ingresar el trabajador no docente” a dicha casa de estudios, explicó. 

Pero, además, en este caso específico, al tratarse de la esposa del rector a la que se nombra “prácticamente en una categoría superior de directora general, cuando para llegar a ese escalafón hasta se tiene que afectar y conseguir hasta presupuesto, porque justamente es crear una Dirección General, que a su vez también incorpora toda una estructura, compuesta por entre unas 10 y 15 personas”, denunció. 

Y agregó: “Además debe ser designada por concurso, sin embargo, él ha violado todo esto y la ha nombrado directamente en planta permanente desconociendo el Decreto 1366 y los acuerdos paritarios nacionales y locales”. 

Por ello, se ha imputado al rector y a su señora por abuso de autoridad indebida como funcionarios públicos, con fecha de citación en la Justicia, para el 4 de noviembre, “donde deberá hacer su descargo correspondiente a través de su abogado patrocinante y aclarar la situación”, aunque en base a toda la documentación recolectada, no le caben dudas de que “se ha cometido delito”. 

Por otro lado, advirtió en que es llamativo que “ocurran este tipo de actos en una Universidad pública y nacional, violando todo tipo de normativas vigentes”, calificando de “una barbaridad” lo que viene sucediendo en la Universidad de Formosa. 

A su vez, el secretario general del gremio no docente de la UNaF también le endilgó responsabilidad directa al Consejo Superior, al argumentar que el mismo “debería actuar llamando a una reunión especial en este momento en que ya es de conocimiento público la citación para solicitarle explicaciones al rector”.

En cambio, “están haciendo oídos sordos” desde el Consejo, el cual “es nuevo y asumió el año pasado”. 

No obstante ello, desde su mirada consideró como “algo positivo” que después de 24 meses “se está escuchando nuestro reclamo”, así como también, recordó que, en su momento, le han informado a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y la Auditoría General de la Nación (AGN) para que también tomen conocimiento.