Cuestionan a la justicia cuasi-cómplice que nunca llego para el ex intendente Hernández
Periódicamente reaparece en escena el ex intendente radical, Gabriel Hernández, quien en su rol del gran fiscal, con lecciones de moral y buena conducta, no hace más que retrotraernos a la memoria una larga lista de delitos en los cuales está imputado e incluso procesado.
Las denuncias que pesan sobre el que uno no sabe a ciencia cierta por cuál de ellas comenzar. Aunque una que sin dudas lo pita de cuerpo entero es aquella que lo involucrara en un fraude en la venta de parcelas en el cementerio Virgen del Carmen, donde quedo al descubierto un negociado con parcelas. Mas tétrico no podía ser, a partir de la desaparición de 84 cadáveres, con Hernández, su autor intelectual.
Para refrescar la memoria de los lectores es necesario remitirse a los hechos acecidos en el año 2000, cuando una denuncia a la Justicia de decenas familiares había asegurado que las tumbas de sus seres queridos habían desaparecido misteriosamente del cementerio Virgen del Carme. En su lugar, se encontraron las tumbas de otras personas. El hecho cobró notoriedad cuando los denunciantes se presentaron ante el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde para que se iniciara una investigación que determinara si hubo fraude en la venta de parcelas.
La investigación arrojó a la luz que 84 cadáveres estaban apilados uno sobre otro, distribuidos en bolsas de consorcio, de arpillera y en ataúdes. Ese atroz y denigrante hallazgo era una prueba irrefutable de que se había lucrado con los restos de los seres queridos de varios vecinos formoseños.
A la causa caratulada como “Violación de los deberes de funcionario público, fraude por la venta de parcelas más de una vez y hurto” se sumaba la venta de espacios ubicadas en los pasillos del cementerio y otra causa, involucraba a el ex intendente con la aparición de restos de ataúdes en el basurero San Antonio de la ciudad, había manifestado en su momento el doctor Ceferino Arroquigaray, fallecido juez que entendía en la causa.
También está la insistencia de los empleados del municipio de la ciudad exteriorizando públicamente su deseo de que la Justicia provincial “esté a la altura de las circunstancias” y disponga elevar a juicio algunas de la “decena de causas penales abiertas por la delictiva gestión del ex intendente Gabriel Hernández”.
Varios trabajadores desde ya hace varios años, dijeron estar esperando que, al menos una de las decenas de causas penales abiertas por la delictiva gestión de quien fuera intendente de la ciudad, Gabriel Hernández, vaya a juicio”.Recordaron que una de las denuncias en su contra fue por “el delito de Peculado, justamente una de las más graves figuras que la ley penal contempla entre los delitos contra la administración pública, con una pena de hasta diez años de reclusión y la posibilidad de devolución de las sumas malversadas por parte del condenado”.Cada tanto se recuerda cuando 90 mil dólares que recibió para asistencia de familias carenciadas tuvo un “destino dudoso”, pero que luego se corroboro jamás llego a quienes estaba destinado. Consideran una necesidad que “esta y otras causas penales prosperen hasta alcanzar la condena contra el fracasado político, ahora devenido en el gran acusador y también en ocasiones devenido a periodista con impunidad radial para agraviar a diestra y siniestra”.
“Si hasta la encumbrada María Julia Alsogaray, de origen patricio y oligárquico, le llegó la cárcel y la sentencia a devolver dinero mal habido, porque no insistimos para que el caso Hernández sea ejemplificador”, propusieron.
Asimismo, señalaron que “nosotros lo padecimos no sólo por haber sido el peor intendente municipal, sino que dejó una deuda de cuatro meses de sueldo y dos aguinaldos, sin siquiera asistir al acto de su sucesor en diciembre de 2003, todo un ejemplo de intolerancia y mal perdedor; además a los municipales nos sumó como castigo extra, tener que soportar el mal humor de Paola Cospito con su diario mal trato”.
Agregaron que “por estos días deambula en un propósito imposible, el de sepultar su fracaso, para lo cual cree que teatralizando el rol de fiscal lo conseguirá. Pero no será así, porque somos muchos los que persistiremos no sólo en pedir se activen las denuncias en su contra, sino en pedir el máximo de las penas previstas, como también la restitución de las sumas de dinero apropiadas con sus respectivos intereses, porque es lo justo”, concluyendo que “porque no hacerlo es apoyar la impunidad”.
Otro hecho punible al cual fue imputado , sumándose a las varias causas penales que acumula por irregularidades en su gestión de 1999 a 2003, se sumo el escándalo por la supuesta sustracción de una prueba documental de uno de los expedientes judiciales en los que interviene como abogado.
Tanto es así que lo apodaron “el amigo de lo ajeno”. Según se pudo conocer de fuentes judiciales, Hernández tuvo que afrontar un “bochornoso momento” –así lo definen quienes lo presenciaron- cuando se comprobó que habría sustraído esa documentación de un expediente en el que oficia como abogado.
Según consta en actas, el cuestionado ex intendente radical habría quitado parte de un expediente que tramita en el Tribunal de Trabajo de la provincia de Formosa, en el que oficia como letrado de una de las partes.
Al percatarse del faltante de hojas, un secretario del Tribunal intentó contactarlo por varios medios, aunque sin éxito. Cuando decidió trasladarse hasta el domicilio del ex mandamás formoseño para revisarle su portafolio, se llevó la desagradable sorpresa de que Hernández se había quedado con algo que no era suyo.
Esta situación quedó consignada en un acta de la sala III del Tribunal de Trabajo de la provincia de Formosa.
Las denuncias que pesan sobre el que uno no sabe a ciencia cierta por cuál de ellas comenzar. Aunque una que sin dudas lo pita de cuerpo entero es aquella que lo involucrara en un fraude en la venta de parcelas en el cementerio Virgen del Carmen, donde quedo al descubierto un negociado con parcelas. Mas tétrico no podía ser, a partir de la desaparición de 84 cadáveres, con Hernández, su autor intelectual.
Para refrescar la memoria de los lectores es necesario remitirse a los hechos acecidos en el año 2000, cuando una denuncia a la Justicia de decenas familiares había asegurado que las tumbas de sus seres queridos habían desaparecido misteriosamente del cementerio Virgen del Carme. En su lugar, se encontraron las tumbas de otras personas. El hecho cobró notoriedad cuando los denunciantes se presentaron ante el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde para que se iniciara una investigación que determinara si hubo fraude en la venta de parcelas.
La investigación arrojó a la luz que 84 cadáveres estaban apilados uno sobre otro, distribuidos en bolsas de consorcio, de arpillera y en ataúdes. Ese atroz y denigrante hallazgo era una prueba irrefutable de que se había lucrado con los restos de los seres queridos de varios vecinos formoseños.
A la causa caratulada como “Violación de los deberes de funcionario público, fraude por la venta de parcelas más de una vez y hurto” se sumaba la venta de espacios ubicadas en los pasillos del cementerio y otra causa, involucraba a el ex intendente con la aparición de restos de ataúdes en el basurero San Antonio de la ciudad, había manifestado en su momento el doctor Ceferino Arroquigaray, fallecido juez que entendía en la causa.
También está la insistencia de los empleados del municipio de la ciudad exteriorizando públicamente su deseo de que la Justicia provincial “esté a la altura de las circunstancias” y disponga elevar a juicio algunas de la “decena de causas penales abiertas por la delictiva gestión del ex intendente Gabriel Hernández”.
Varios trabajadores desde ya hace varios años, dijeron estar esperando que, al menos una de las decenas de causas penales abiertas por la delictiva gestión de quien fuera intendente de la ciudad, Gabriel Hernández, vaya a juicio”.Recordaron que una de las denuncias en su contra fue por “el delito de Peculado, justamente una de las más graves figuras que la ley penal contempla entre los delitos contra la administración pública, con una pena de hasta diez años de reclusión y la posibilidad de devolución de las sumas malversadas por parte del condenado”.Cada tanto se recuerda cuando 90 mil dólares que recibió para asistencia de familias carenciadas tuvo un “destino dudoso”, pero que luego se corroboro jamás llego a quienes estaba destinado. Consideran una necesidad que “esta y otras causas penales prosperen hasta alcanzar la condena contra el fracasado político, ahora devenido en el gran acusador y también en ocasiones devenido a periodista con impunidad radial para agraviar a diestra y siniestra”.
“Si hasta la encumbrada María Julia Alsogaray, de origen patricio y oligárquico, le llegó la cárcel y la sentencia a devolver dinero mal habido, porque no insistimos para que el caso Hernández sea ejemplificador”, propusieron.
Asimismo, señalaron que “nosotros lo padecimos no sólo por haber sido el peor intendente municipal, sino que dejó una deuda de cuatro meses de sueldo y dos aguinaldos, sin siquiera asistir al acto de su sucesor en diciembre de 2003, todo un ejemplo de intolerancia y mal perdedor; además a los municipales nos sumó como castigo extra, tener que soportar el mal humor de Paola Cospito con su diario mal trato”.
Agregaron que “por estos días deambula en un propósito imposible, el de sepultar su fracaso, para lo cual cree que teatralizando el rol de fiscal lo conseguirá. Pero no será así, porque somos muchos los que persistiremos no sólo en pedir se activen las denuncias en su contra, sino en pedir el máximo de las penas previstas, como también la restitución de las sumas de dinero apropiadas con sus respectivos intereses, porque es lo justo”, concluyendo que “porque no hacerlo es apoyar la impunidad”.
Otro hecho punible al cual fue imputado , sumándose a las varias causas penales que acumula por irregularidades en su gestión de 1999 a 2003, se sumo el escándalo por la supuesta sustracción de una prueba documental de uno de los expedientes judiciales en los que interviene como abogado.
Tanto es así que lo apodaron “el amigo de lo ajeno”. Según se pudo conocer de fuentes judiciales, Hernández tuvo que afrontar un “bochornoso momento” –así lo definen quienes lo presenciaron- cuando se comprobó que habría sustraído esa documentación de un expediente en el que oficia como abogado.
Según consta en actas, el cuestionado ex intendente radical habría quitado parte de un expediente que tramita en el Tribunal de Trabajo de la provincia de Formosa, en el que oficia como letrado de una de las partes.
Al percatarse del faltante de hojas, un secretario del Tribunal intentó contactarlo por varios medios, aunque sin éxito. Cuando decidió trasladarse hasta el domicilio del ex mandamás formoseño para revisarle su portafolio, se llevó la desagradable sorpresa de que Hernández se había quedado con algo que no era suyo.
Esta situación quedó consignada en un acta de la sala III del Tribunal de Trabajo de la provincia de Formosa.