Proyecto de ley propone pensión a cesanteados de la última dictadura
El proyecto de ley, presentado por el diputado nacional Juan Carlos Díaz Roig, propone otorgar una pensión mensual no contributiva, de carácter vitalicio, a todos los ex agentes y empleados del Estado nacional, provincial, municipal, empresas públicas, universidades nacionales y organismos públicos, que hubiesen sido cesanteados, u obligados a renunciar, por motivos políticos y/o gremiales, a partir del 6 de Noviembre de 1974 hasta el 10 de diciembre de 1983.
Según el proyecto de ley, el beneficio será equivalente a la suma de dos veces el haber mínimo de las prestaciones a cargo del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). A su vez, el cobro de la pensión será compatible con la percepción de cualquier otro beneficio de carácter previsional permanente otorgado en jurisdicción nacional, provincial y municipal, no así las que resulten beneficiarias de una prestación nacional, provincial o municipal de la misma naturaleza y emanadas de las mismas situaciones.
Para el diputado Díaz Roig, se trata de “un acto de reparación histórica, que busca resarcir el daño causado por el Estado, a los estatales despedidos sin causa, y sin derecho a reclamar una justa indemnización ante los estrados judiciales, conforme lo determina la Convención Americana de Derechos Humanos.” Y agregó: “Esta lucha la venimos dando hace mucho tiempo, y creemos que es una deuda que debemos cumplir.”
Según el proyecto de ley, el beneficio será equivalente a la suma de dos veces el haber mínimo de las prestaciones a cargo del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). A su vez, el cobro de la pensión será compatible con la percepción de cualquier otro beneficio de carácter previsional permanente otorgado en jurisdicción nacional, provincial y municipal, no así las que resulten beneficiarias de una prestación nacional, provincial o municipal de la misma naturaleza y emanadas de las mismas situaciones.
Para el diputado Díaz Roig, se trata de “un acto de reparación histórica, que busca resarcir el daño causado por el Estado, a los estatales despedidos sin causa, y sin derecho a reclamar una justa indemnización ante los estrados judiciales, conforme lo determina la Convención Americana de Derechos Humanos.” Y agregó: “Esta lucha la venimos dando hace mucho tiempo, y creemos que es una deuda que debemos cumplir.”