Suspensión judicial a un rector afín a Milei
Mientras el resto de las universidades nacionales se prepara para la Marcha Federal que el martes reclamará salarios dignos y presupuestos acordes, la de Formosa continúa distinguiéndose por el grado de descomposición institucional, acelerado con la decisión judicial de procesar y suspender al rector Augusto Parmetler y a su esposa y mano derecha, Zully Rivero.
De ese modo, la institución formoseña corrobora la contradicción que El Cohete señaló en noviembre pasado: la única universidad nacional de adhesión plena y explícita al gobierno de Javier Milei, que echa mantos de sospecha sobre todas ellas, es desaprobada en auditorías de órganos públicos de composición plural y sus ostensibles manejos discrecionales han llevado a su rector a un procesamiento.
La primera semana de mayo cerró en la UNaF con otra noticia proveniente de los estrados judiciales: la Cámara Federal de Resistencia impidió al Consejo Superior de la institución el tratamiento, en una sesión extraordinaria convocada para el viernes 8, de un aval colegiado a la decisión del ahora suspendido rector Parmetler de separar de ese cuerpo a tres decanos que le eran afines. Los motivos de las rupturas podrían dar lugar a nuevos capítulos de esta historia.
Prenda de amor
Los procesamientos y suspensiones de Parmetler y Rivero fueron decididos por el juez federal Pablo Morán, en el marco de la causa que investiga una ofrenda del rector a su esposa: el ingreso a la planta permanente no docente de la UNaF y la designación en la categoría más alta del escalafón, sin cumplir con los pasos y requisitos del convenio colectivo de trabajo que desde 2006 rige con fuerza de ley en todo el país.
El hecho ocurrió entre el 28 y el 30 de julio de 2020, lapso en el que Parmetler firmó la designación y Rivero la aceptó, emulando en el ámbito laboral el compromiso matrimonial que habían contraído el 10 de enero de ese año. El nombramiento de Rivero se concretó por la sola voluntad de su esposo y sin la sustanciación de un concurso, requisito que el convenio colectivo no docente exige tanto para el ingreso como para los ascensos.
El trámite desconoció también los pasos y requisitos que el Consejo Superior de la UNaF había establecido en 2014, como tardía adecuación al convenio colectivo. La resolución fue declarada nula en 2022, por el cuestionamiento a un agregado local a la ley nacional: la concesión de puntos extra en los concursos a quienes fueran hijos o hijas de integrantes de la planta.
El arribo de Rivero a la cima del escalafón no docente se produjo cuando esa normativa interna aún estaba vigente, y demostró que las designaciones a sola firma no son una mejor herramienta de prevención del nepotismo que la asignación de tres puntos adicionales en un concurso público.
La mano derecha, por izquierda
Aunque la irregularidad surgía del mero trámite, la justicia federal formoseña demoró más de un lustro en coronar un avance, pese a que para comienzos de 2024 ya contaba con todas las pruebas y declaraciones testimoniales que el martes 5 evaluó para procesar a Parmetler y Rivero y suspenderlos en sus cargos, en principio por noventa días.
El juez Morán se ocupó de dejar “expresamente establecido” que la medida no tiene carácter sancionatorio. Su fundamento, sin embargo, retrató el estado de situación en la UNaF: Parmetler es la máxima autoridad institucional y Rivero “se ha convertido en su mano derecha, con injerencia directa y efectiva sobre la estructura administrativa, el circuito de expedientes, la asignación de funciones y la toma de decisiones que involucran a personal jerárquico y subalterno”. De ese modo, expresó el juez, la pareja puede incidir sobre la producción y conservación de documentos o influir sobre posibles testigos.
La suposición del magistrado no luce descabellada, porque contra el rectorado de la UNaF se suceden denuncias por intentos de presiones para disciplinar a quienes no comulgan con sus prácticas y determinaciones. En octubre de 2022, una treintena de trabajadores fueron apartados de sus funciones por el rector y debieron permanecer varios días a la intemperie a la espera de ser reasignados, modalidad de sanción encubierta que el convenio colectivo prohíbe. En noviembre de 2025, el oficialismo universitario descargó sobre medio centenar de docentes opositores resoluciones calcadas para la apertura de juicios académicos, única vía para intentar separarlos de sus cargos concursados. La Red de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne al conjunto de las universidades públicas del país, entendió que la medida pretendía “sancionar a quienes tienen un ideario y posicionamiento diferente a las autoridades de la casa de estudios hoy”.
Los perseguidos por los juicios académicos en serie conforman, además, la mayor parte del último grupo de docentes ordinarios que obtuvieron sus cargos por concurso. El intento de expulsarlos es contemporáneo del ingreso de docentes sin concursar, para engorde con afines del padrón oficial.
El vice
El mismo día en que el juez Morán determinó la suspensión de Parmetler, el rectorado de la UNaF quedó en manos del vicerrector Emilio Grippaldi, un abogado que al cabo de tres décadas mutó de pelaje partidario.
Proyectado a los primeros planos de la política formoseña por su coterráneo Orlando Aguirre, secretario de Políticas Universitarias de Carlos Menem, Grippaldi representó al justicialismo en la Convención que en 1991 reformó la Constitución provincial. En 2025 intentó volver a integrarla, pero por el sublema anarcocapitalista “Despertando leones”. Para entonces, ejercía ya como vicerrector: había arribado al binomio a fines de 2021, cuando acompañó al reelecto Parmetler, cuyas prácticas ya habían despertado una creciente oposición y derivado en el alejamiento de Vicente Sánchez, que compartió fórmula con el rector en su primer mandato.
Ante las elecciones de convencionales constituyentes del año pasado, la UNaF puso a disposición de la campaña de Grippaldi su aparato comunicacional e incluso le cedió auditorio y cobertura para un acto proselitista que contó con el aporte intelectual de la diputada nacional Lilia Lemoine. En las semanas previas, mientras el resto de las universidades públicas reclamaban a Capital Humano por salarios y presupuesto, Grippaldi había integrado la comitiva que colmó a la ministra Sandra Pettovello de flores y sonrisas formoseñas.
El vicerrector también se fotografió con una motosierra, aunque la contienda electoral no giraba en torno a presupuestos, sino a la cantidad de reelecciones admitidas en la gobernación provincial. Más allá de alineamientos y escenografías, demostró ser el más lúcido entre los opositores frontales al oficialismo provincial, advirtiendo aspectos técnicos para asegurar el objetivo de impedir su continuidad.
Su pericia no alcanzó para obtener la banca buscada, porque no logró despertar a más de diez mil leones ante las urnas. Tampoco pudo disimular una contradicción: mientras como candidato a convencional proponía limitar a dos mandatos la conducción de la provincia, los municipios y las comisiones de fomento, en la UNaF secundaba a un rector que reformó el estatuto institucional para extender a tres periodos de cinco años cada uno el ejercicio de su propio cargo.
Como rector interino, Grippaldi tendrá otros problemas que resolver. El oficialismo de la UNaF sufrió este año nuevas fracturas, que incluyeron disputas por el control del comedor universitario y la decisión de Parmetler de separar del Consejo Superior a tres decanos, que reclamaron ante la justicia federal formoseña.
El rectorado pretendió convalidar lo actuado el viernes 8, en una sesión extraordinaria “de extrema urgencia” del Consejo Superior, pero la Cámara Federal de Resistencia impidió el tratamiento de ese punto. El debate de fondo gira en torno al modo en que Rafael Olmedo (Humanidades), María Rosa Sanabria (Administración, Economía y Negocios) y Carlos Martínez (Recursos Naturales) accedieron a los cargos docentes que les permitieron convertirse en decanos, un aspecto en que el oficialismo parece haber reparado súbitamente.
Cámara lenta
La síntesis de las novedades judiciales provenientes de Formosa demanda más caracteres que los tecleados en Buenos Aires por la sala III de la Cámara Contencioso Administrativa Federal para otorgar aire al gobierno de Milei, en su búsqueda de eludir el cumplimiento de la ley que lo obliga a recomponer salarios y presupuestos de las universidades nacionales.
En escueta redacción, los camaristas Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira concedieron al Ejecutivo un recurso extraordinario federal y colocaron el tema en las bandejas de la Corte Suprema. Fernández había sido uno de los firmantes del fallo con que la misma sala desestimó una apelación previa del Ejecutivo y calificó de “poco serios” a los intentos oficiales por equiparar la medida cautelar concedida con una sentencia definitiva, diferencia que debería haber motivado luego el rechazo del recurso. Para concederlo, la Cámara mencionó “las especiales circunstancias que se verifican en la especie”, aunque no detalló cuáles son.
Mientras las universidades nacionales ven en riesgo su funcionamiento y convocan para este martes a la cuarta Marcha Federal en defensa del sistema, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria ingresa en los insondables plazos del espacio-tiempo que administra la cúspide del Poder Judicial.
FUENTE: EL COHETE A LA LUNA


