Solicitan a las comisiones de Libertad de Expresión y DD.HH. del Congreso Nacional garanticen que la pretendida seguridad no se convierta en caza de brujas
Desde la -Dirección de Derechos Humanos y Grupos Minoritarios- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se requirió formalmente a las Presidentas, de la Comisión de Libertad de Expresión, Orozco Emilia y a Ajmechet Sabrina, que preside la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, dentro de sus competencias que, implican la vigencia, promoción, defensa y difusión de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como sobre proyectos vinculados con la plena vigencia de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y las Leyes de la República; convoquen al Jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, a la Cámara de Diputados, con el objeto de que el mismo explique: al servicio de qué fines y cuáles son los procedimientos del nuevo -Plan de Inteligencia Nacional-; pues no debemos perder de vista que la línea entre seguridad y vigilancia es muy delgada y no se puede permitir que la misma derive en una “habilitación para el espionaje interno contra ciudadanos”. Además, se debe explicar de qué manera los representantes del pueblo que participarán (Comisión Bicameral de Inteligencia) ejercerán el debido contralor. Pues si se dejó en claro que, el PIN es un instrumento, al cual solo tiene acceso el Presidente de la Nación Javier Milei, el Titular de la SIDE y la Comisión Bicameral de Inteligencia, se tiene que llevar tranquilidad a toda nuestra población, de que no estamos frente a un grave avance del autoritarismo en el país. Desde el Organismo de la Constitución, siempre acompañaremos la lucha contra el terrorismo, narcotráfico, la defensa de los recursos estratégicos, la soberanía en el Atlántico Sur, pero no podemos permitir que, desde un Estado Vigilante se “habilite la posibilidad de controlar” lo que el actual Gobierno Nacional considera como su “enemigo interno”, porque el objetivo podría ser una Organización Social, una Universidad o un Medio de Comunicación. Permitir que se recabe información sobre quienes: “busquen erosionar la confianza de los Funcionarios Públicos” es totalmente impreciso y peligroso, toda vez que, este tipo de cláusulas se convierten en una amenaza para la vigencia de los derechos humanos en nuestro país y para la libertad de expresión, pues bajo la mencionada excusa, se podrá permitir utilizar la inteligencia interna para perseguir disidentes. De hecho, el nuevo plan -según sostienen- apunta contra quienes manipulen la opinión pública, usen la Inteligencia Artificial para alterar, para “distorsionar la percepción” y así difundir “desinformación”, definiciones tan amplias que podrían llegar a comprender, a cualquier influencer o un tweet viral o un video editado con memes políticos, por cualquier ciudadano argentino, y todo ello ocurre por la falta de claridad, en los fines expresados. Ante esto, exhortamos la necesaria y urgente intervención de la Comisión de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión, para evitar que se habilite una caza de brujas que recuerde los peores momentos del pasado argentino “cuando la vigilancia se disfrazaba de seguridad”. El método implementado por el PIN debe ser preciso y efectivo, pues en un país donde existe hiperinformación, a través de los medios y de las redes sociales, trazar una línea entre seguridad y vigilancia es imposible y con el nuevo plan de la SIDE, esto podría llegar a tener consecuencias impredecibles.