Intiman a corralones a entregar materiales adquiridos por consumidores antes de las elecciones

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, si bien es cierto, que la suba del dólar libre impactó con fuerza en los precios de materiales para la construcción, en rubros como en grifería, pinturas, cal, cemento, caños y pisos, incrementándose los valores por sobre el 20% en sólo dos días, “estamos recibiendo reclamos de vecinos que adquirieron diversos productos, varios de los cuales pagaron en efectivo, otros con tarjetas de débito y/o crédito, los días viernes y sábado previos al domingo 13 de agosto y al concurrir el día lunes a retirar los mismos, se encontraron con que los propietarios o responsables de estos negocios, les ofrecieron devolverles el dinero, negándose a entregar los bienes adquiridos”. En este sentido, desde la Defensoría del Pueblo, informaron que, hemos intimado y citado a los mismos, pues tienen la obligación de entregar los materiales ya pagos, pues en todos estos casos, no estamos hablando ni de proformas o presupuestos, sino de transacciones comerciales que se cerraron y no existe motivo alguno para que los corralones no cumplan con sus obligaciones. En contacto con algunos de ellos, señalaron que, ante la inestabilidad del dólar y la inflación, los consumidores tratan de ganar al pagar con tarjeta y en cuotas grifería, sanitarios, caños de PVC, pintura, cemento, hierros y arena, entre otros materiales que han sufrido aumentos promedio del 20% y se nota un freno brusco en las entregas de los proveedores.

SOLICITUD AL MINISTERIO DE SALUD Y A LA SECRETARIA DE COMERCIO DE NACIÓN: Por otro lado, se suman quejas y reclamos de personas, “que acuden a las farmacias de nuestro medio y donde se les informa de faltantes, lo cual pone en peligro la salud psíquicofísica especialmente de aquellas personas que poseen tratamientos de por vida”. En salvaguarda de sus derechos, se requirió formalmente, tanto a Carla Vizzotti y a Matías Tombolini, “procedan a intimar a las droguerías y laboratorios que hagan entrega de todos los medicamentos necesarios a las farmacias que son el último eslabón de esta cadena de comercialización, mediante la cual, llega a manos de los consumidores”. Se fundamentó la misma en que, la actual coyuntura política o la mera especulación empresarial, no puede poner en peligro real la vida de las personas, obligando a las farmacias a no poder ofrecer distintos remedios que están siendo retenidos por los laboratorios y droguerías, con la clara intencionalidad de colocarles mayores precios, desconociendo maliciosamente, que estamos frente a lo que llamamos “bienes sociales”, que hacen a un derecho humano, donde el Estado es el garante del mismo, “y donde hoy los mercados se erigen como todopoderosos, contradiciendo el principio básico de libertad, pues si una persona no puede acceder a los bienes, la pregunta que nos hacemos es ¿de qué es libre de hacer entonces? y es aquí cuando exigimos que el Estado esté presente”.