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La Secretaría de Políticas Universitarias asegura que la UNAF recibió la totalidad de los fondos presupuestados para el 2022


La Secretaria de Políticas Universitarias asegura que fue enviada la totalidad de los fondos presupuestados para el 2022 a la UNaF y que el Rector y el Consejo Superior son responsables legales de la administración de los mismos

El secretario general de ATUNF (Asociación de trabajadores de la Universidad Nacional de Formosa) Milciades Olmedo DNI  1765520, dio a conocer la respuesta de la Secretaria de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de Educación de la Nación a la acción judicial Federal que está llevando a cabo la Universidad Nacional de Formosa contra la Secretaria de Políticas Universitarias por la “supuesta restricción” de fondos a la UNaF.

En el informe se   afirma que al 31 de diciembre de 2022, la Secretaría de Políticas Universitarias devengó concretamente la suma total de $ 3.729.671.558,00 con destino a financiar la totalidad de los conceptos salariales y de funcionamiento. Es en tal sentido que el Ministerio ha cumplido cabalmente   con las obligaciones legales impuestas para el sostenimiento del sistema Universitario Nacional.

Resulta importante resaltar que el acompañamiento presupuestario y financiero mencionado anteriormente   comprende única y exclusivamente a los Acuerdos Salariales que rigen para los Sectores Docentes y No Docentes de las Universidades Nacionales. Dicho compromiso no es extensivo a los acuerdos y aumentos salariales inherentes a las autoridades superiores de las Casas de Altos Estudios, Rector, Vicerrector, secretarios etc. Se destaca que en caso de que se verificaran incrementos salariales en dichos cargos jerárquicos, los mismos deben haber sido solventados con los recursos que a tal fin destinara la propia Universidad en pleno ejercicio de su autonomía y autarquía económico-financiera. 

El contundente informe explicita que la autarquía es complementaria del término autonomía universitaria y por ella debe entenderse la aptitud legal que se les confiere a las universidades para administrar por sí mismas su patrimonio, es decir,” la capacidad para administrar y disponer los recursos que se les asignará a cada una de ellas”. (La Ley t.1999-E, 384).

Por ende , sostienen desde la SPU ,el rector y los miembros del Consejo Superior de las Instituciones Universitarias nacionales serán responsables de su administración según su participación, debiendo responder en los términos y con los alcances previstos en los artículos 130 y 131 de la ley 24.156. En ningún caso el Estado nacional responderá por las obligaciones asumidas por las instituciones universitarias que importen un perjuicio para el Tesoro nacional.

Es por ello que, la UNAF actualmente no está  en  una situación de emergencia económica,  como alegan el Rector y los miembros del CS. La Universidad Nacional de Formosa  está atravesando una Auditoría Financiera Económica y Administrativa que de arrojar irregularidades en el manejo de fondos o incumplimiento de los reglamentos o normas del Estatuto abrirá la puerta a nuevas acciones judiciales contra el Rector y los miembros del Consejo Superior.