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Provincia y Nación firmaron un convenio para capacitar en derechos humanos a la Policía local


Además, el titular de DDHH de la Nación, estuvo presente en el inicio del juicio oral contra exministros del Superior Tribunal de Justicia provincial.

Este viernes por la mañana, se firmó un convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Justicia de la Nación, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, y el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, que contempla la formación en derechos humanos a las fuerzas de seguridad de Formosa.

La ceremonia de firma tuvo lugar en el Salón de Actos del Instituto Superior de Formación Policial, frente a más de 600 efectivos de las fuerzas de seguridad provinciales.

Estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, Jorge González; el comisario General Walter Renée Arroyo; la subsecretaría de Derechos Humanos de Formosa, María Silvina Arauz; y la subsecretaria de Promoción y Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Natalia Barreiro.

Al respecto, AGENFOR conversó con Pietragalla, que arribó a Formosa el pasado jueves, y brindó detalles acerca del acuerdo suscrito.

“Firmamos un acuerdo marco de muchas acciones en conjunto con la provincia en materia de derechos humanos, pero uno de los ejes es la formación de las fuerzas de seguridad o fortalecer las formaciones que tienen en la provincia y que vienen trabajando”, indicó.

Y agregó: “Para nosotros es importante poder recomendar ciertos ejes de formación que estén a la altura de los estándares internacionales que piden los organismos de derechos humanos que se capacite a la fuerza”.

Asimismo, el funcionario recordó que Formosa se comprometió a llevar adelante esta formación y “hoy lo estamos haciendo realidad”, al mismo tiempo que aclaró: “no todas las provincias se comprometen como se comprometió ésta”.

“Que la provincia haya accedido, la relación que tiene con la Secretaría de Derechos Humanos en colaboración constante en otros ejes también, no es lo que pasa con otras provincias y esas provincias no salen en los medios de comunicación y no son cuestionadas”, señaló.

Y argumentó: “Tenemos hechos ilegales que cometen miembros de las fuerzas en provincias que no salen en los medios, vemos una estigmatización con Formosa, todos saben que hay una mirada sesgada con la provincia, con las autoridades”.

En ese sentido, Pietragalla aseveró que vivió “como experiencia propia” esta situación cuando visitó la provincia en plena pandemia y “me llevé el ataque de casi toda la oposición del país, denunciando violaciones de derechos humanos que no las vimos”.

“Y que no importa qué dije yo u otro, sino que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desestimó todas las denuncias que había sobre Formosa, porque comprobaron que eran operaciones mediáticas y no había hechos fácticos para comprobar las violaciones de derechos humanos”, resaltó.

En cuanto a las capacitaciones, el titular de Derechos Humanos, explicó que se harán a través de los tutores que ya tienen las mismas fuerzas, pero se sumarán los tutores de la Secretaría a su cargo, “que son quienes llevan adelante los talleres y cursos de formación”.

“La importancia de que las fuerzas de seguridad se capaciten en derechos humanos, primero es garantizar el resguardo de la ciudadanía y que los individuos de la fuerza no comentan ninguna arbitrariedad e ilegalidad”, aseveró.

Y añadió: “Segundo, creo que cuando uno forma en materia de derechos humanos a la fuerza se defiende también la institución, porque cuando cometen menos errores es más fácil identificar hechos aislados y no perjudicar a toda una fuerza de seguridad”.

Con este acuerdo, Formosa se convierte en la sexta provincia en implementar este programa de formación dirigido a miembros de las fuerzas de seguridad, para fomentar y fortalecer el pleno respeto y garantía de los derechos humanos.

Participación en el juicio

Pietragalla también acompañó, en la mañana de este viernes, a sobrevivientes y familiares en el comienzo del juicio oral contra los exministros del Superior Tribunal de Justicia provincial, Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey.

Los exjueces de la dictadura están acusados por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de los secuestros de ocho trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial local, de los cuales tres permanecen desaparecidos.

También estuvieron presentes la subsecretaria de DDHH de la provincia, Sylvina Arauz; la subsecretaria de DDHH del Chaco, Nayla Bosch; la directora del cuerpo de abogados de la Secretaría de DDHH, Paula Álvarez; y el abogado querellante Marcelo Wurm Timez.

“Celebramos que por fin se llevó adelante el juicio después de tantos años de instrucción, vimos retrocesos en materia del proceso de juzgamiento a los responsables civiles y económicos en la época del macrismo, cómo se desaceleraron las causas de lesa humanidad”, sostuvo.

En ese marco, el secretario detalló que “armamos un plan estratégico para que la Secretaría sea querellante en la mayor cantidad en causas, en esta también, y se pueda recuperar el tiempo perdido y tantos años de impunidad”.

“Se están muriendo los imputados, las víctimas y lo que no queremos es impunidad biológica. Vamos a esperar la sentencia del juicio, pero entendemos que hay responsabilidad de estos jueces”, concluyó.