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Piden suspender audiencia pública de este viernes por aumento de luz




El Defensor del Pueblo del Chaco, Gustavo Corregido pidió que se suspenda la audiencia pública de este viernes en nuestra ciudad por un nuevo aumento de la tarifa de energía eléctrica.
“Nuevamente la información que el Ente Regulador de Electricidad (ENRE) brinda en su página web no cuenta con información completa y detallada de costos”, expuso, por ello es que solicitó al presidente de la audiencia, Andrés Chambouleyron, que la suspenda y convoque a una nueva con la información adecuada y detallada.
“Producido el ‘error’ de la audiencia pasada donde la justicia federal sentenció  que esa forma de llevar adelante este proceso era arbitraria, para la audiencia de este viernes vuelven a ‘errar’ al no exhibir los datos necesarios”, precisó Corregido.
“La falta de información impide una efectiva participación de los usuarios en la decisión que finalmente se adoptará, vulnerándose de esta manera derechos constitucionales”, recordó.
El ombudsman chaqueño junto a su par de Formosa, Jose Gialluca, se constituyó el lunes último en la sede del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Formosa para verificar la existencia de documental conforme lo establecido en la resolución. En el lugar se informó que la única información disponible figura en la página web. Ante esa situación, Corregido aclaró que en el supuesto de llevarse adelante la modificación tarifaria en base a la audiencia cuestionada, iniciará una vez más las acciones legales que correspondan para resguardar los derechos de los usuarios.
“Este nuevo atropello del gobierno nacional al bolsillo de los chaqueños y al derecho a la información se suma a la falta de cumplimiento de las medidas cautelares que suspendieron los aumentos del año pasado y de este año por ser arbitrarios. Sin embargo otra vez pretenden simular un escenario de transparencia con una audiencia que es inválida por no hacer públicos los datos necesarios e imprescindibles para la toma de este tipo de definiciones. Y una vez más serán los usuarios los más perjudicados por estas políticas de ajuste que no contemplan las características particulares de nuestra región, que es electrodependiente. La Nación se volvió a equivocar”, detalló.

Pretender inhabilitar a jueces del interior

También Corregido cuestionó la falta de cumplimiento y las últimas medidas legales que tomó el gobierno nacional sobre las tarifas: “ahora a través de una inhibitoria pretenden anular la decisión de la jueza federal de Resistencia sobre la suspensión de los aumentos y buscan que un juez de Buenos Aires tenga a su cargo la decisión en todos los amparos presentados en el país para frenar los aumentos arbitrarios en la tarifa de energía”, expuso ante medios de la vecina provincia.
Esta inhibitoria fue rechazada por la Defensoría del Pueblo chaqueña en virtud de que no existe conflicto de competencia tal como sugiere el gobierno nacional. Además se contestó argumentando que el Juzgado Federal de Resistencia “es quien se encuentra en mejores condiciones de resolver el conflicto, en razón de su proximidad con los elementos del proceso y de la proximidad del lugar donde impactan las medidas”, detalló.
Según la ley de amparo, la causa puede ser tomada por el juez donde la medida impacta y tiene efecto. Por ello destacó que “la intervención de otro tribunal en el tratamiento de la cuestión planteada, la que afecta directamente a los ciudadanos chaqueños, implicaría falta de inmediatez, un desprendimiento de la realidad local y pérdida de sensibilización con la cuestión en debate”, insistió.
Al pedir que desestimen la inhibitoria, Corregido explicó que si llegan a otorgarla, significaría “correr” la jurisdicción a un tribunal extraño, que nada tiene que ver con el colectivo de chaqueños que se ven afectados por este tarifazo eléctrico y constituye una “despersonalización” además de no cumplir con el principio de inmediación y el de celeridad.
Además destacó que estos aumentos tienen un efecto económico devastador también en el caso de las empresas y pymes quitándoles competitividad respecto de otras regiones del país que durante muchos años han gozado de beneficios.
Concluyo diciendo que “ante las particularidades, es necesario que un juez que cumpla funciones en esta región sea quien intervenga en la causa dada de su proximidad con los elementos del proceso y finalmente es indispensable que las decisiones judiciales que ya están establecidas sean respetadas, el Poder Ejecutivo no puede seguir pasando por alto al Poder Judicial”.