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"La gestión Hernández dejó juicios por estafa y enriquecimiento ilícito"

La exconcejal capitalina del Justicialismo, Blanca Beatriz Denis afirmó que el juicio contra el exintendente de la ciudad de Formosa, Gabriel Hernández, donde se investiga presunto “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y peculado”, es una de las más de cuarenta denuncias que éste tiene en su haber en diferentes estrados provinciales y nacionales luego de su paso por la administración pública entre diciembre de 1999 y diciembre de 2003”. 

“La mayoría de las causas que se tramitan en la Justicia formoseña y Federal tienen el denominador común de tratarse de hechos vinculados con casos de estafas en perjuicio de la administración pública, defraudación contra el Estado, violación de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito, e incluso hay una causa por hurto. La mayoría de los expedientes aún están en los despachos judiciales y algunas de ellas prescribieron con el tiempo”, subrayó la exedil.

En tal sentido, aseguró Denis que “la cantidad de denuncias que carga lo convierte en uno de los funcionarios públicos más denunciados en la historia de la provincia luego de su paso por la intendencia del distrito electoral más grande”, y recordó que “a sólo un año de haber finalizado su mandato, se contabilizaban ocho causas abiertas en el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, diez causas en el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, diez causas en el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, dieciocho causas en el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, uno en la Fiscalía N° 1, dos en la Fiscalía N° 2, una en Juzgado Federal de Formosa, una en Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al menos una en el Juzgado Federal”.

Indicó que “el juicio que lleva adelante el tribunal compuesto por los integrantes de la Cámara Segunda, Ricardo Rojas (presidente) Ramón Alberto Sala (subrogante) y Vanessa Boonman (subrogante), determinará si Hernández es penalmente responsable por la utilización discrecional de 80.000 pesos/dólares que recibió como ayuda del Gobierno nacional en enero de 2002, la única causa que hasta ahora llegó a estas instancias judiciales”.


“Este hecho, sin embargo, no es el único que se investiga en la Justicia donde se involucra al exintendente con el manejo de fondos públicos, aunque el abanico de acusaciones es amplio, como por ejemplo la denuncia de damnificados de supuestos delitos de profanación, exhumación de restos humanos y concesión de una misma parcela a varios contribuyentes cometidos en el cementerio Nuestra Señora Virgen del Carmen, que acusan a Hernández y sus funcionarios por presuntas estafas cometidas mediante la intervención de éstos”, advirtió Denis.


Asimismo, manifestó que “el municipio, exconcejales, vecinos y hasta la División de Delitos Económicos de la Policía de la provincia oficiaron durante estos años como denunciantes contra Gabriel Hernández en diferentes instancias provinciales, aunque no sólo fueron instituciones provinciales las que reclamaron por el paso del exapoderado de la UCR por la Municipalidad. También Vialidad Nacional accionó el secuestro de cinco camiones de su propiedad que estaban bajo el control del Gobierno de Hernández, mediante un convenio que había finalizado y del cual se adeudaban más de 192.000 pesos/dólares por contrato, lo que derivó en la intervención de la Gendarmería Nacional para poder cumplir la devolución de los vehículos”.


En este contexto, sostuvo que “las desprolijidades fueron en todos los órdenes administrativos y un caso que puede sintetizar la forma de manejo del dinero público consta en los archivos del Concejo Deliberante local, cuando el por entonces presidente de la Juventud Radical y exfuncionario del intendente, Fabricio Brunelli, deslindó responsabilidades sobre la esposa de Hernández y el extesorero de la Municipalidad por el retiro de una suma cercana a los 30.000 pesos/dólares que debería haber cobrado él mismo”.


Expuso finalmente que Brunelli dijo que “la plata venía desde Nación para mi área por actividades específicas, y cuando debía cobrar me llamaba la diputada Cóspito, avisándome que no me preocupe por ese dinero porque ya lo habían retirado junto al tesorero”, se excusó Brunelli ante el faltante de documentación exigida por la Comisión de Control de Gestión del HCD.